Sucedió igual con la amnistía. Lo mismo. El Gobierno y el PSOE, antes de las elecciones generales de hace un año, la negaban, la rechazaban con vehemencia, decían que no cabía en la Constitución, que era imposible. Pero Pedro Sánchez accedió, cruzó una línea roja y cerró con los independentistas, tras una durísima negociación, la medida de gracia. Y lo hizo para lograr su reelección como presidente del Gobierno. Ahora, a cambio de la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat, un objetivo que necesita para asentar su proyecto y que ha priorizado a su propia estabilidad, el jefe del Ejecutivo entrega a ERC, tras semanas también de complicadísimas conversaciones, el concierto económico para Cataluña. La exigencia que la cúpula republicana había marcado como clave para ceder sus votos. El Govern pasará a tener, pues, "la llave de la caja". Cataluña "saldrá del régimen común" y disfrutará de un trato fiscal semejante al de Euskadi y Navarra. Lo que el Gobierno de Sánchez dijo que no aceptaría, lo que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró siempre que no era posible asumir, por su dudosa constitucionalidad y por su inviabilidad económica.

Pero el presidente es lo que ha acabado por pactar con ERC, según el relato que este lunes, cerca de las ocho y media de la tarde, y tras más de 10 horas de reunión de la ejecutiva, tejió la portavoz del partido, Raquel Sans. Con total nitidez. Ningún portavoz del PSC, ni del PSOE, ni de la Moncloa, ni de Hacienda, salió a rebatir las palabras de la dirigente republicana, que si se confirman, podrían suponer la apertura de un abismo no solo con el PP, sino también dentro de las filas socialistas, porque Sánchez habría ido mucho más allá de lo que nadie podía imaginar hasta ahora dentro del partido.

Sánchez habría aceptado dar un triple salto mortal, jamás dado en democracia. Se trataría del fin de una Hacienda única. Pero tendrían que apoyarlo las Cortes: hace falta el 'sí' de Junts

La prueba de la gravedad del alcance del preacuerdo sellado con ERC la daba la convocatoria imprevista de una reunión de la dirección federal del PSOE para este martes, a las 13 horas, anunciada a las nueve de la noche. Ferraz decidió actuar rápido por si tuviera que achicar las aguas internas, porque la contestación podría ser mayor que con la ley de amnistía. Porque ahora se habla de recursos, de una columna vertebral del sistema autonómico: el modelo de financiación. Un salto de gigante, un triple salto mortal, si es cierta la versión de ERC, jamás dado en democracia: la salida de Cataluña del régimen común y su asimilación a Euskadi y Navarra, cuyo régimen foral está protegido en la Constitución. Cataluña, por tanto, pasaría a disponer de un concierto económico propio y recaudaría el 100% de todos los impuestos. Se trataría, por tanto, del fin de una Hacienda única. Siempre y cuando las reformas legislativas necesarias para materializar ese brutal cambio del sistema obtengan, obviamente, el respaldo de las Cortes, porque se requiere de mayoría absoluta del Congreso. ERC da por descontado el apoyo de Junts. Cataluña es una de las tres comunidades contribuyentes netas del sistema, junto con Madrid y Baleares.

No hay demasiados detalles de lo pactado. Solo se tiene la versión de los republicanos, única y exclusivamente. No se conoce el texto aún siquiera: Sans aseguró que primero se pasará a la militancia, que deberá pronunciarse sobre el contenido del preacuerdo en una consulta telemática y presencial este viernes, 2 de agosto, y después se hará público. Así que solo se tienen las concreciones que ella mismo dio en la rueda de prensa en la sede nacional del partido, en la calle de Calàbria, en Barcelona. Concreciones que empezaron a alarmar a algunos cuadros territoriales del PSOE. "Las federaciones están todas en shock", "es una barbaridad, nos lleva a todos por delante", comentaban algunos responsables regionales preocupados. Un "grave atentado a la igualdad", lo calificó el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Otros, se remitían a las "explicaciones" que la cúpula de Sánchez dé este martes.

Campaña de apoyo al pacto

El PSC se aferró igualmente a un escrupuloso silencio, más preocupado por la reacción de los 8.700 militantes de ERC, que el viernes deberán avalar el preacuerdo, que por la incidencia que el anuncio realizado por Sans pueda tener en el seno del PSOE. La ejecutiva del PSC se reunió también este lunes, de forma paralela a la de ERC, y su equipo negociador permaneció en la sede del partido con Illa a la cabeza hasta que Esquerra anunció el preacuerdo. Pero evitaron cualquier comentario, más allá de la satisfacción por el hecho de que la ejecutivo republicana hubiera avalado el pacto.

La portavoz insiste en que el PSOE se aviene a modificar la LOFCA para que Cataluña "salga del régimen común" y pague al Estado una "cuota de solidaridad" interterritorial

Los independentistas hablaron de un nuevo "concierto económico solidario". La portavoz, que compareció rodeada de la cúpula de ERC para proyectar esa imagen de unidad después de un día de intensas deliberaciones, se negó a dar detalles de su formulación, pero sí dejó dos ideas claras: la Generalitat recaudará "el 100% de los impuestos" a través de la Agencia Tributaria de Cataluña —una entidad que hasta ahora tenía un rol secundario— y el PSOE se aviene a realizar las modificaciones necesarias en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para que Cataluña "salga del régimen común" y pague al Estado una "cuota de solidaridad" interterritorial por los servicios que le presta en la comunidad. Es decir, un cupo, como ocurre en Euskadi y Navarra. Lo que no se habría traspasado es la capacidad normativa, que seguiría en manos del Estado.

La Agencia Tributaria de Cataluña se encargaría, según leyó Sans del escrito que llevaba a la rueda de prensa, de "gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar todos los impuestos" que se pagan en Cataluña, excepto lógicamente los tributos locales. Es decir, que gestionará el 100% del IRPF, del IVA y del impuesto de sociedades, aunque este nuevo modelo se irá implantando poco a poco. Lo primero, explicó, será la declaración de la renta de 2025, que se presentará en 2026 y que se recaudaría ya en Cataluña. Además, se crearía un "consorcio" para ejecutar las inversiones del Estado en Cataluña.

La portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Raquel Sans (c), junto a la ejecutiva del partido, en la rueda de prensa tras la reunión que mantuvo el partido este 29 de julio de 2024 en Barcelona con el fin de llegar a un acuerdo con los socialistas para la investidura. | EFE / MARTA PÉREZ

La portavoz republicana explicó que el principio de acuerdo tiene el plácet del PSOE, que este modelo de "concierto económico solidario" satisface una "reivindicación histórica del independentismo para avanzar en soberanía fiscal", y por eso entiende que Junts no puede negarse cuando la reforma se lleve al Congreso. Lo cierto es que el Gobierno y el PSOE siempre se habían negado, siempre, a que Cataluña tuviera un sistema semejante al régimen foral de País Vasco y Navarra. Es más, Montero rechazó el trato bilateral en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el pasado 15 de julio, hace solo dos semanas —"Yo no comparto el concierto económico para Cataluña", decía—. E Illa defendía el consorcio tributario previsto en el Estatut, una agencia paritaria entre el Estado y la Generalitat para la "gestión, recaudación, liquidación e inspección" de los impuestos del Estado recaudados en Cataluña. De ser cierto lo contado por ERC, Sánchez habría cruzado otra línea roja clarísima. Por eso dirigentes territoriales consultados por este periódico decían no dar crédito a que lo anunciado por Sans fuese la redacción acordada y escrita en un texto. "Veremos qué nos cuentan en la ejecutiva federal. Hasta que sepamos si es cierto o no lo que está diciendo ERC no vamos a opinar", respondía prudente un líder de una federación relevante.

Las federaciones socialistas empezaron a alarmarse y apuntaban a las "explicaciones" que dé este martes Ferraz. No daban crédito: es una "barbaridad", un "atentado a la igualdad"

"Concierto, fuera del régimen común y recaudación del 100% no puede ser real", apuntaba un barón regional. "ERC lo cuenta así, pero intuyo que está lejos de la realidad, pero si el PSOE desmiente a la cúpula de ERC se pierde la consulta a la militancia. Hasta que no lo vea no me lo creo. El compromiso del PSC no puede ir más allá del Estatut, que es bloque de la constitucionalidad —señalaba un veterano responsable socialista muy conectado con la Moncloa—. Y nosotros nos tenemos que callar durante 72 horas para no comprometer el resultado de la consulta". "Este viaje, o nos lo explican muy bien, muy bien, o se lía dentro. Vamos a esperar al acuerdo, pero de ser así pinta a una auténtica barbaridad. Estamos todos flipando", abundaba una jefa de un aparato autonómico.

Quien sí dio la cara fue Page a través de redes sociales: "A estas horas de la noche [ya había pasado la medianoche], el atronador silencio ante el grave atentado a la igualdad anunciado por ERC me tiene perplejo. O es un asentimiento intolerable, o un sentimiento de estupefacción como la que tenemos la inmensa mayoría de los españoles". El barón más lejano a Ferraz se quejaba de la respuesta oficial del PSOE: el silencio absoluto, equivalente, entendió, al asentimiento, al visto bueno. Debe ser un "principio irrenunciable" la "redistribución y solidaridad entre territorios", sancionó la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés. Solo este martes por la mañana, fuentes de Hacienda dijeron simplemente que lo pactado "no elimina la solidaridad interterritorial", pero no precisaron si lo que contó ERC respondía fielmente a lo pactado.

Los republicanos insisten ante sus bases en que este acuerdo es la mejor manera de seguir trabajando en favor de la independencia

Paralelamente al cierre del preacuerdo, se fue desplegando la estrategia de apoyo, que anoche encabezaban voces como la del secretario general de UGT Cataluña, Camil Ros. "Muy buena noticia el preacuerdo de investidura, poniendo las bases para una financiación justa y solidaria, para construir un Estado del bienestar catalán potente". ERC tiene tres días para convencer a una militancia dividida y agotada por las derrotas electorales y escándalos como los carteles del Alzheimer de que su mejor opción es investir a Illa.

Un empeño en el que a buen seguro contará con los sectores económicos que desde las elecciones autonómicas del 12 de mayo abogan por un acuerdo que evite la repetición electoral, al tiempo que reclamaban un nuevo modelo de financiación autonómica. Fomento del Trabajo, la Cambra y el Círculo de Economía se han manifestado en este sentido y es más que probable se conviertan también en firmes defensores de lo pactado por PSC y ERC.

Más allá de los réditos económicos, los republicanos insisten ante sus bases en que este acuerdo es la mejor manera de seguir trabajando en favor de la independencia. "Este preacuerdo nos permite estar mejor preparados para el objetivo final que es la independencia. Tener la llave de la caja, recaudar el 100% de los impuestos, era el objetivo fundamental y lo teníamos que garantizar en caso de cambio de gobierno", destacó Sans ante la prensa.

Está por ver qué papel adopta Junts, que también reunirá este martes a su ejecutiva para "analizar" el contenido del preacuerdo anunciado este lunes. El partido de Carles Puigdemont aboga por la repetición electoral, pero también ha sido un firme defensor del concierto económico para Cataluña que ahora habría conseguido ERC a cambio de la investidura de Illa. Pero el preacuerdo puede tropezar con otras formaciones socias del Ejecutivo, como Compromís —integrado en Sumar—, y los números están justísimos en el bloque de la mayoría.

Blindaje del catalán

El preacuerdo avalado este lunes por la ejecutiva republicana da respuesta a las exigencias de ERC en financiación, pero también los otros tres ámbitos de negociación planteados por los republicanos: "Conflicto nacional, defensa del catalán y políticas republicanas". En el primer punto, el PSC se compromete a crear una "convención nacional para la resolución del conflicto político". Un compromiso que a juicio de ERC significa "arrastrar" a los socialistas catalanes al reconocimiento de que existe un "conflicto político con España" y no un "conflicto entre catalanes", como ha venido sosteniendo el PSC hasta ahora. La convención estaría ligada al Parlament y estaría presidida por un representante de ERC. Lo que permitiría es que las fuerzas políticas catalanas pudieran plantear propuestas para resolver el "conflicto político".

El PSC también se compromete a crear una "convención nacional para la resolución del conflicto político", ligada al Parlament y presidida por un representante de ERC

Pero el segundo elemento capital para Esquerra era sin duda el blindaje del catalán, especialmente en un momento en el que el uso de esta lengua retrocede —de forma alarmante para el nacionalismo— entre los jóvenes. Y cuando el Tribunal Constitucional debe fallar sobre el uso del castellano en las escuelas, avalando o no las reformas legales para impedir el 25% de castellano en las clases. En este contexto, los socialistas catalanes aceptan crear una Consellería del Catalán —promesa electoral de Pere Aragonès en la última campaña— y "garantizar la vehicularidad" del idioma propio en las aulas "ante la ofensiva judicial", señaló Sans.

Lo que es innegable es que ERC contó el acuerdo a su modo, y el PSOE y el PSC optaron por no matizarlo ni confrontarlo con su propia versión. No hubo ni un intento de desmontar esa narrativa. La prioridad es que las bases republicanas lo validen y pueda celebrarse la investidura de Illa. Después, se abrirá, han venido asegurando en Ferraz y en el Ejecutivo, una nueva pantalla. Y esa es la más importante: recomenzar la legislatura amarrada ya la Generalitat. La pregunta que suscitaba el preacuerdo anunciado por ERC es si el precio a pagar por Sánchez para aupar a su candidato al Govern no ha sido demasiado alto. Porque la financiación autonómica es una cuestión aún más sensible que la amnistía.