Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, también ha presentado una querella contra el juez que la investiga, Juan Carlos Peinado, por presunta prevaricación, al considerar que ha adoptado decisiones "arbitrarias y manifiestamente injustas" y "ha forzado" las normas.

Varios días después de que la Abogacía del Estado, en representación del jefe del Ejecutivo, se querellase contra el juez, Begoña Gómez también ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid investigar al magistrado por presuntos delitos de prevaricación, revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y revelación de secretos por funcionario público. 

"A pesar de la declaración como secreta de la causa, lo cierto es que la causa incoada fue de conocimiento general para toda la ciudadanía desde el 24 de abril, con la consecuencia, para nuestra representada, de verse como parte de un procedimiento penal, pero sin gozar de todas las garantías para su defensa desde su incoación, y enterándose de los avatares de su proceso por los medios de comunicación", lamenta.

A su juicio, la actuación del juez ha perjudicado gravemente a Begoña Gómez, puesto que se han divulgado informaciones y actuaciones declaradas secretas, mientras ella desconocía todos los extremos de la investigación, causándole indefensión. "Pese a ser la causa secreta era transmitida en directo por los medios de comunicación", ironiza.

Añade también como ejemplo de esta revelación que el propio servicio de prensa del TSJM informó a los medios de esta "causa secreta" y daba a conocer "quién interpuso la denuncia que dio lugar a las actuaciones, los delitos que eran objeto de investigación y contra quién se dirigían".

"Los indicios apuntan a que esta información también partía del Magistrado instructor Juan Carlos Peinado, pues necesariamente éste tuvo que dar la autorización para su publicación y el traslado de la información (...) al gabinete de comunicación", advierte.

Camacho explica que a lo largo del proceso el juez Peinado ha adoptado decisiones judiciales "arbitrarias y manifiestamente injustas" mediante la emisión de resoluciones judiciales o adopción de decisiones comunicadas de forma verbal. Esta conducta, a juicio de Camacho, podría suponer la comisión de un delito continuado de prevaricación por parte del magistrado Peinado", indica.

Por otro lado, apunta que, con las resoluciones dictadas, principalmente providencias, Peinado "ha efectuado una aplicación del derecho incomprensible, ha forzado las normas aplicables, ha adoptado decisiones no justificadas, carentes de motivación alguna y contradictorias y, todo ello, sin pie de recurso frente a las mismas en considerables ocasiones".

Entiende que este actuar de Peinado "pudiera revelar una instrucción inusual, errática, perversa y prospectiva, que tiene por objeto una causa general contra doña Begoña Gómez, expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico".

"Si bien en este momento no podemos determinar si estas decisiones tienen la finalidad premeditada de buscar un impacto político y social, o si tan sólo obedecen a un desmedido afán de protagonismo mediático, lo cierto es que existen indicios evidentes de que son adoptadas de forma arbitraria e injusta", resalta.