Es un fuego que en Euskadi se apaga de modo cíclico. Intentan sofocarlo desde EH Bildu hasta el PP, todos a una. El Concierto Económico, la defensa del sistema de cupo vasco, es una de las pocas cuestiones que aúna a todo el espectro ideológico vasco. Lo hace sin fisuras. Su consideración como privilegio se reaviva fuera de Euskadi cada vez que se aborda la financiación autonómica o, como ahora, se plantean posibles cambios en el sistema de régimen común. La posibilidad de que el pacto entre ERC y PSOE alumbre una suerte de Concierto Económico “solidario” para Cataluña ha vuelto a incendiar el debate.

En el PNV han recordado que “nuestro concierto no se toca” y en el PP han alertado del riesgo que tendrá un cambio en el modelo ahora vigente para conceder una singularidad fiscal a Cataluña: “Nos va a perjudicar, vamos a perder protagonismo, autonomía, capacidad y vamos a perder dinero”, denunciaba ayer el presidente de los populares vascos, Javier De Andrés.

Las bases de ERC votarán hoy si apoyan el preacuerdo alcanzado con el Gobierno y aceptar un concierto económico propio. Lo harán con la mirada atenta desde Euskadi donde el recelo se ha instalado, incluso entre los socios del Ejecutivo. En el PNV no ocultan su malestar por desconocer completamente los términos en el que se plantea la modificación fiscal, “nos hubiera gustado conocer el texto”, reconocía ayer su portavoz Joseba Díez Antxustegi. A ello suma cierto enfado por haber insinuado que el Concierto vasco no es solidario y olvidar que Euskadi asume un riesgo “unilateral” en su sistema de recaudación tributaria. Por ahora, el malestar no ha ido mucho más allá. En Sabin Etxea han evitado pronunciarse sobre su apoyarían o no en el Congreso el acuerdo.

Estos días incluso el lehendakari Imanol Pradales ha recordado que el Concierto Económico vasco "claro que es solidario" con el resto del Estado. En una reciente comparecencia subrayó que los vascos contribuyen a la financiación del estado incluso en un porcentaje superior al que les correspondería por población y por Producto Interior Bruto (PIB).

Los populares vascos han sido hasta ahora los más beligerantes y han urgido al PNV a oponerse por el perjuicio que supone a la singularidad vasca, por la pérdida de protagonismo que supone y por lo que considera un perjuicio para la economía vasca. De Andrés también ve peligro a la “capacidad de negociación” del País Vasco que cree que se verá resentida.

Respaldo del PP

Precisamente la negociación en torno al Cupo vasco ha sido una constante en los últimos años. La liquidación de lo que Euskadi debe pagar, el 6,24% del coste total de las competencias del Estado ejercidas en Euskadi –no transferidas-, es anualmente un foco de tensión entre las dos administraciones y en muchos casos una herramienta de presión y negociación. Uno de los ejemplos más relevantes ocurrió en 2017, con el anterior gobierno. El entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acordó una nueva ley quinquenal de Cupo y liquidó las desavenencias acumuladas durante la década anterior. Lo hizo a cambio del apoyo del PNV a los presupuestos.

En noviembre de 2022 fue el Gobierno socialista quien volvió a alcanzar un acuerdo para renovar la Ley Quinquenal del Cupo para el periodo 2022-2026 y en la que se fijó la aportación anual en unos 1.472 millones de euros, con el mantenimiento del índice de imputación en el 6,24 % y en la que se concertaban dos nuevos impuestos.

La situación de populares y socialistas vascos en torno a la defensa del Cupo vasco ha sido siempre compleja dentro de sus organizaciones. En ambos casos los mandatarios vascos de los dos partidos han defendido la constitucionalidad y el reconocimiento que de esta singularidad está recogida también en el Estatuto de Gernika y que ello no le convierte en ningún caso en un privilegio.

Sin embargo, en situaciones como los acuerdos que el PP cerró con Ciudadanos, la formación más beligerante con el Cupo vasco, esta materia ha sido motivo de enfrentamiento. No fue hasta las elecciones autonómicas de 2020 cuando los dos partidos concurrieron en coalición y tuvieron que alcanzar un consenso en torno al Concierto vasco, cuestión que había frustrado intentos anteriores por coaligarse en Euskadi. El 5 de julio de ese año el entonces presidente del PP, Pablo Casado, y la líder de Cs, Inés Arrimadas, escenificaron su acuerdo bajo el árbol de Gernika y defendiendo la constitucionalidad del Concierto Económico vasco.  

Una "imposición" no una "conquista"

Desde el nacionalismo siempre se ha recordado que en contra de lo que en muchos casos se asegura, el Concierto Económico no fue “ninguna conquista” de los vascos sino una “imposición” del Gobierno de España y de la Monarquía de la época por la eliminación de los fueros tras la tercera guerra carlista. El origen del actual Concierto Económico vasco se remonta al 28 de febrero de 1878. Aquel día el Rey Alfonso XII rubricó el Real Decreto que le planteó el entonces presidente Antonio Cánovas del Castillo. Había que eliminar la “situación diferencial” que fijaban los fueros vascos que regían el pago de tributos de las provincias vascongadas.

El citado decreto arbitraría un nuevo sistema acordado, dentro de una “unidad constitucional”, y sobre el que a partir de entonces se deberían regir las relaciones tributarias y financieras de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava con el Estado. Ese primer Concierto Económico se topó con una dificultad; el Estado de la época carecía de aparato administrativo eficaz en las provincias vascas para regir los tributos, además de un profundo desconocimiento de la realidad industrial, comercial del País Vasco. Por ello se estableció que la batuta la tuvieran las tres diputaciones forales.

El acuerdo con las provincias vascogandas nació con el propósito de ser provisional hasta que el Estado se pusiera al día. Se fijó un periodo de 7 años de vigencia. Sin embargo, transcurrido el periodo, en 1885 las cosas apenas habían mejorado y el peso efectivo real del Estado en las tres provincias continuaba siendo débil, por lo que se acordó prorrogar un año más este régimen excepcional, hasta que en 1887 la Reina regente María Cristina estableció que la gestión a cargo de las haciendas vascas fuera definitiva y renovable cada cinco años.