La agencia policial europea Europol no pasa por sus mejores momentos internos. El organismo está siendo investigado por la Fiscalía Europea investiga el nombramiento del director adjunto Andrei Lințǎ. Al parecer, el rumano no tendría los 15 años de experiencia que se necesitan para el puesto y habría presentado un certificado falso para acreditarlo.

La denuncia llegó por una fuente anónima a la OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, que lo desestimó, pero ahora la Fiscalía y el Defensor del Pueblo de la Unión Europea están revisando el caso por posible malversación de fondos de la UE.

El caso ha sido publicado por Político y ha provocado que la directora de Europol, Catherine De Bolle, envíe un correo interno al que ha tenido acceso El Independiente en el que explica el proceso de contratación de Lințǎ a mediados de 2023. La directora defiende que se le diese al policía rumano el cargo.

Señala que la "fuente anónima" de las acusaciones a la "OLAF, la Fiscalía Europea y el Defensor del Pueblo Europeo, cuya identidad fue revelada a Europol en marzo de 2024, no formó parte del procedimiento de contratación ni tuvo acceso legítimo a la documentación subyacente en la contratación. Por tanto, las acusaciones se basan en suposiciones no fácticas".

De Bolle reconoce que conoce la identidad de un denunciante de corrupción. La Directiva de Protección de Denunciantes, aprobada en 2019, obliga a garantizar la confidencialidad de los nombres de los denunciantes para evitar cualquier tipo de represalia o discriminación. Según las fuentes consultadas, existe cierto temor entre los agentes de Europol a que el correo de la directora sea un "anuncio a navegantes".

"Están viendo que la gente está dando pasos para denunciar los enchufismos. No entiendo cómo pueden saber el nombre del denunciante en este caso", explica una de las fuentes consultadas.

Los documentos perdidos

En marzo de este año se supo que Europol ha sufrido una de los mayores fallos de seguridad de su historia. Decenas de fichas personales de altos directivos desaparecieron de la sala acorazada donde estaban. Un vecino de La Haya se los encontró tirados en un lugar público de la ciudad.

Entre las fichas estaba la de la directora de Europol, Catherine De Bolle, y el de los altos directivos Jürgen Ebner, Andrei Lința y Jean-Philippe Lecouffe. También la del director adjunto Andrei Lințǎ, ahora señalado. Estas fichas contienen información confidencial y de alto nivel tanto humano como operativo. Por ejemplo, contienen datos sobre la solicitud de empleo del funcionario, capacidades, fechas de nacimiento, estado civil, dirección actual y otras informaciones operativas.

Desde un primer momento todos los ojos señalaron al jefe de recursos humanos, Massimiliano Bettin, quien ha sido cesado de sus funciones. En su LinkedIn se le puede ver buscando trabajo de manera activa. Según algunas fuentes, no se descarta que la sustracción de los documentos sea una manera de atacar al director italiano, que lleva en el puesto desde 2016. Antes había un español.

Los procesos selectivos han estado en el punto de mira en Europol desde hace tiempo, especialmente en los que han estado inmersos un grupo de policías españoles que siempre han levantado recelos entre agentes de otros países, aseguran hasta tres fuentes distintas que han pasado por allí.

El caso español

Uno de esos procesos selectivos en duda fue el de un policía español, Jorge Rosal, publicado en exclusiva en este periódico. La OLAF señaló irregularidades en su proceso de selección y remitió un informe el pasado diciembre a la agencia policial comunitaria con conclusiones contundentes.

Los hechos se remontan a 2017. Por aquel entonces, Fernando Ruiz, policía nacional, era jefe de unidad en EC3, la sección de ciberseguridad de Europol. Ese año, Jorge Rosal, otro policía español, aplicó para unirse a su equipo. El primero formó parte del panel (el nombre que recibe esta suerte de tribunal) que tenía que elegir a los candidatos. Finalmente Rosal consiguió el puesto, donde sigue en la actualidad.

Un escrito anónimo denunció el nombramiento ante la OLAF. Ponían de manifiesto varias cuestiones, como que Ruiz y Rosal son de la misma promoción además de amigos íntimos. El Independiente ha podido saber que incluso fueron compañeros de habitación en la academia de Policía de Ávila. La oficina antifraude llegó a preguntar al centro de estudios por estos extremos.

Que Ruiz estuviese en ese panel es para antifraude una irregularidad manifiesta, ya que tendría que haberse apartado por tener relación con el interesado. El puesto al que optó Rosal es de nivel AD7 de funcionario, con un sueldo de 10.000 euros al mes libres de impuestos. Para postularse a un cargo similar se necesitan tres años de experiencia en la materia, pero para el que se presentó el policía español sólo se pedía uno. En ese momento, Rosal contaba en su currículo con un año y unos pocos meses en un puesto de ciberseguridad. Antes de llegar a Europa estuvo varios años en la Oficina Nacional de Deportes.

Los puestos en Europol tienen una duración de cinco años, prorrogables por cuatro más. Rosal llegó en 2017 y en 2022 optó a esa prórroga para quedarse en La Haya, donde sigue hoy en día. Ese mismo año, en 2022, su "amigo íntimo" Fernando Ruiz, según las fuentes consultadas, cambió Europa por un puesto en el Banco Santander, en el equipo de ciberseguridad.