La Agencia Tributaria (AET), dependiente del Ministerio de Hacienda, no ve delito en la situación fiscal del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en los últimos años. Así se desprende de un informe enviado al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz donde se instruye una causa con él por su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz. En concreto se investigan delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros.

El documento, al que ha tenido acceso El Independiente, señala que, con la documentación con la que los expertos han trabajado, podría darse la situación de que la Hacienda española tuviese que devolverle dinero de haber tributado en España.

El citado juzgado investiga la relación laboral del hermano de Pedro Sánchez con la Diputación de Badajoz, donde desempeña su profesión de músico. Una juez abrió diligencias tras una denuncia de Manos Limpias en la que se señala que David Azagra, su nombre artístico, vive en Elvas, un pequeño pueblo de Portugal, cuando la adminsitración le contrató. El texto indica que no ha pagado el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y que cuenta con un patrimonio muy por encima de sus retribuciones.

La jueza había pedido a la AET una serie de comprobaciones sobre los pagos de impuestos de David Sánchez, así como su vida fiscal en los últimos cinco años. "En consecuencia, y con los datos que obran en poder de la Agencia Tributaria a la fecha de emisión de este informe, teniendo en cuenta las contingencias que pudieran existir si se reordenaran sus rendimientos y retenciones de la forma indicada, y siempre teniendo en cuenta que no se han llevado a cabo actuaciones de comprobación cerca del obligado tributario, no puede deducirse la existencia de indicios de Delito contra la Hacienda Pública del artículo 305 del Código Penal, sino un posible saldo neto a favor del contribuyente si las contingencias y hechos analizados se confirmasen", concluye la Agencia Tributaria.

Doble imposición

Los especialistas han trabajado con la documentación aportada por el hermano del presidente del Gobierno. Para ellos queda claro que es residente en Portugal y que estál al corriente de sus pagos con la agencia española. Analizan los tratados de doble imposición con el país luso y apuntan que de haber residido en España, con sus ingresos y pagos, podría tener que devolverle dinero.

Respecto al patrimonio del hermano de Sánchez, la AET ha analizado la documentación entregada en 2023. "La declaración de bienes y actividades de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz, es superior a 250.000 euros y que la citada variación se justifica con los ingresos obtenidos en ese mismo ejercicio, que ascienden a 306.129,86 euros", señala.

El músico tiene un piso en Madrid con un valor superior a los 78.000 euros y un garaje en la capital por casi 9.700 euros, ambos comprados en 1994. Además posee una vivienda en san Petesburgo, donde ha trabajado, que compró por 42.000 euros y un inmueble en Elvas, donde reside en Portugal, por 240.000 euros. La casa portuguesa la compró en 2023, el mismo año que recibió una donación en enero por el mismo importe.

Tiene declarados dos vehículos, un Honda CRV comprado en 2018 por algo más de 29.000 euros, y una furgoneta Peugeot Boxer que adquirió el año pasado por 15.000 euros, ambos de segunda mano. Además cuenta con criptomonedas y algunas inversiones en acciones de grandes empresas.

Correos de la UCO

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró el pasado 10 de julio la Diputación de Badajoz en busca de documentación relativa a la contratación de David Sánchez. También de las comunicaciones y correos electrónicos de varios cargos públicos. El abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, había pedido la anulación de este procedimiento al entender que la interceptación de los correos en esas condiciones lesionaba el secreto de las comunicaciones.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la juez considera que "la afectación al derecho del entorno digital de los afectados es mínima, pues únicamente afecta a las comunicaciones realizadas como consecuencia del desempeño de su función laboral y con respecto a un procedimiento concreto", por lo que ha desestimado la petición.

La medida acordada -la incautación de los correos- es "absolutamente idónea a los fines pretendidos, sin que desde luego pueda considerarse que podría haber sido suplida por declaraciones testificales ni por adicionales requerimientos documentales a la Diputación, cuando los ya realizados han sido insuficientes a los fines pretendidos, como puede comprobarse del examen de las actuaciones, y así se indica en el auto recurrido".