El PP busca socios para sacar adelante la primera iniciativa que llevará al Congreso de los Diputados al inicio de nuevo ciclo de sesiones en septiembre. Y en el foco está el PNV. Como ya anunció este pasado fin de semana su secretaria general, Cuca Gamarra, los populares pedirán a la Cámara que se posicione en favor de la oposición venezolana tras las elecciones legislativas del país latinoamericano y reconozca la victoria de Edmundo González. Un gesto, en definitiva, para marcar posición frente al PSOE, el Gobierno y el presidente Pedro Sánchez, al que se le reprocha no haber adoptado ya una postura clara, ni dar su apoyo íntegro a González pese sí unirse al clamor global para que el régimen chavista publique las actas electorales que despejen los resultados cosechados. Se estima que la victoria de González es por más del 50% del voto.
Los populares quieren explotar otro frente político para poner contra las cuerdas a Ferraz. "Es la clave de lo que queremos para este inicio del curso político ante la inacción o la defensa tácita de Maduro", apuntó la vicesecretaria de Igualdad y diputada Ana Alós este lunes desde Jerez, tras un encuentro con la comunidad venezolana de Andalucía. Replicaba el discurso el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendodo. Más, en pleno intercambio de acusaciones por corrupción con los socialistas, desde las cuestiones judicializadas que rodean al entorno de Sánchez y su esposa Begoña Gómez, a las peticiones del PSOE para que se aclaren las contrataciones de la Xunta a empresas dirigidas por la hermana de Alberto Núñez Feijóo, Micaela Núñez. También los pagos presuntamente irregulares de la entidad Quirón Salud a Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una reacción del partido mayoritario del Gobierno que en el PP tachan de "falsas tapaderas".
En el PP denuncian la "equidistancia insoportable" que, a su juicio, los de Sánchez están ejerciendo respecto al resultado venezolano. Y establecen: "El Gobierno tendrá que decidir en qué lado está, si el de la democracia y la defensa de la verdad, o del lado de [Nicolás] Maduro". En el foco de los conservadores no queda ajena la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien mantiene buenas relaciones con el chavismo y se ha erigido en múltiples ocasiones, sin éxito, como mediador externo con la oposición. Y quien acudió de observador internacional a las elecciones. "Queremos señalarle. ¿Qué es lo que le debe [a Maduro] para que esté condicionando la respuesta del Gobierno?", sugería Alós.
Se apoyó en el respaldo de José Manuel Albares en la pasada comparecencia de la comisión de Exteriores del Senado la semana pasada, quien hizo equilibrios en defender la actuación de mediador de Zapatero. La oposición venezolana lo acotó, de inmediato, al papel de "correveidile". "Lo único que hemos viso es el aval del ministro al compadreo con Maduro", añadió la diputada recordando la citación, no obligatoria, de Zapatero a la Eurocámara para dar "respuestas oportunas".
La petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso apunta a proposición no de ley. Para que salga adelante requiere de mayoría. Bien simple o absoluta. Lo cierto es que los de Feijóo tienen notables opciones para superar por uno la barrera de los 176 síes, la mayoría absoluta. Se apoyará en socios muy próximos con los que coincide cotidianamente como UPN, que cuenta solo con un representante. Pero a su favor estaría también el respaldo de Coalición Canaria, Vox y el PNV. La complicidad peneuvista, a destacar, no es menor. Puede leerse como un pequeño paso en el restablecimiento de las relaciones políticas en las que lleva trabajando Génova desde el aterrizaje de su actual dirigente en abril de 2022 y tras el colapso por la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018. Y la ruptura de relaciones regionales con Vox, a las que se unen otras inexistentes entre las cúpulas nacionales, es un aliciente. Solo hay ya nexo municipal.
Precisamente esas relaciones alternas con los de Santiago Abascal bloquearon pactos políticos con el PNV como el de investidura hace un año y reforzaron la lealtad de los vascos a Sánchez dentro de su geometría variable. Ésta se ha reforzado en mayo por ese frente tras la renovación del gobierno de coalición en Euskadi entre el PNV y el PSE. Algo que dificulta cualquier ruptura con Moncloa más allá de discrepancias puntuales en asuntos como este. Pero asienta una predisposición a coincidencias futuras y a otras fórmulas de pacto con partidos con los de Andoni Ortuzar comparte doctrina económica y en parte política.
El objetivo último de Génova es enrolar a los jeltzale y a Junts en un proyecto de centroderecha puro. Volviendo a la dinámica tradicional del bipartidismo, con un PNV utilitarista y unos neoconvergentes que se adentran en procesos de renovación ya con Carles Puigdemont ubicado en un segundo plano y frente a movilizaciones mínimas del independentismo. A finales de julio, en una entrevista en COPE, el propio Feijóo abrió la posibilidad de entendimientos en "materia económica, industrial y energética".
El PNV coincide con Génova
La comparecencia de Albares en el Senado el martes pasado evidenció la cercanía de posturas entre el PNV y las reclamaciones que hará el PP en el Congreso. Su senador, Luke Uribe-Etxebarria, habló de victoria "no probada de Maduro". Y afeó que solo "países autoritarios" en el contexto internacional, y formaciones izquierdistas y de corte nacionalista estatales como Podemos [también Juan Carlos Monedero], Sumar, BNG y EH Bildu, su principal rival electoral en estos momentos, "no han tenido rubor para correr y jalear" a Maduro. A los abertzales les recriminó haber ofrecido "su más calurosa enhorabuena" y se preguntó qué dirían de unos comicios en esas condiciones en Euskadi.
Un apoyo de los vascos a la iniciativa del PP es clave. Se desconoce qué hará Junts, quien no se ha posicionado en la temática. Los neoconvergentes han focalizado toda su atención de cara a la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat y al esporádico retorno de Puigdemont. Un voto favorable daría a la petición un sostén de 184 votos si el resto de actores mencionados coincide y se alinea. Está por determinar el voto de los socialistas, con un posible rechazo o abstención de sus socios: Sumar, Podemos, BNG y EH Bildu y ERC, dos últimas formaciones que no asistieron a la comisión de la Cámara Alta. Ese respaldo por mayoría absoluta, sería una nueva derrota de Sánchez, quien al cierre del ciclo de sesiones anterior ya experimentó más de una decena de votaciones. Entre las últimas en julio, la propuesta para la reforma de la Ley de Extranjería o los objetivos de déficit.
Sin convocatorias electorales ya por delante después de una primera mitad anual plagada de comicios, los Presupuestos, la migración o la financiación singular pactada por Illa con ERC para Cataluña serán los principales temas de agenda en la Cámara Baja en las próximas semanas. Todo con la mayoría de investidura amenazada por el descontento de Puigdemont con el acuerdo catalán que le excluye del poder.
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