Pedro Sánchez, se reúne este viernes con el presidente canario Fernando Clavijo para abordar la crisis migratoria que afecta especialmente a las Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La gestión de la inmigración será, junto a la financiación autonómica, uno de los principales frentes del Gobierno en el nuevo curso político. Y en ambos frentes tendrá serias dificultades para contar con el apoyo de su "socio" más díscolo.

El partido que lidera Carles Puigdemont ha puesto el foco en los últimos días en la financiación, especialmente tras la crisis abierta por la vicepresidenta María Jesús Montero. La titular de Hacienda aseguró el miércoles que lo pactado no es un "concierto" económico, provocando la reacción inmediata de ERC.

Pero el pacto pendiente con Junts no se centra en la financiación sino en la inmigración. Los posconvergentes advierten que el debate sigue abierto. Y hoy por hoy Junts no tiene alicientes para facilitar cambios legales en este ámbito si el Gobierno no aborda los traspasos pactados en enero a cambio de su apoyo a los decretos ómnibus.

Traspaso de competencias

De hecho, la ley orgánica destinada a transferir competencias de inmigración a la Generalitat debe centrar la próxima reunión de la mesa de diálogo entre Junts y el PSOE, recuerdan los independentistas. Se trata de la mesa con mediación internacional creada hace un año para negociar la investidura de Pedro Sánchez y la aprobación de una ley de amnistía para los procesados por el 1-O. Un ámbito de negociación que Puigdemont controla de forma directa, y que después marca la estrategia del Grupo de Junts en el Congreso, auténtica palanca de poder del partido.

Durante la campaña electoral catalana el propio Puigdemont se refirió a ese ámbito para centrar el debate sobre los traspasos en inmigración que los independentistas reclaman al Gobierno. Quieren "abordar" el control de los flujos de inmigrantes en Cataluña, además de los criterios de reagrupación familiar y las condiciones de acogida, para dar especial peso al conocimiento del catalán. Unas pretensiones con las que choca frontalmente la voluntad del Gobierno de forzar el reparto de menores no acompañados que colapsan los centros de acogida de las comunidades que reciben más presión migratoria.

El grupo en el Congreso tiene ese frente abierto desde que el 'no' de Junts fue clave para tumbar la reforma propuesta por el Gobierno el pasado julio, reconocen desde el partido. Pero Junts quiere centrar el debate en el traspaso de competencias en este ámbito, y no avalará cambios en materia migratoria sin que se ejecute esa parte del pacto de investidura.

Contexto en contra

Tampoco ayuda al acuerdo el contexto generado desde el pacto de PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa. O la fugaz reaparición de Puigdemont del 8 de agosto, con nueva fuga y polémica incluida por el papel desempeñado por los Mossos d'Esquadra. El acuerdo de socialistas y republicanos sitúa a Junts en la oposición en Cataluña y añade dificultades a la relación con el PSOE.

Tampoco ayuda la no aplicación de la amnistía a Puigdemont. Una decisión que depende en exclusiva del Tribunal Supremo, aunque desde JxCat recriminan al Gobierno que levante la voz contra las investigaciones judiciales sobre el entorno familiar de Sánchez, pero no sobre el caso de Puigdemont. Y denuncian que los mayores beneficiarios de la amnistía son de momento los policías y guardias civiles imputados por las cargas del 1-O.

Un contexto, el de la investidura catalana y la aplicación de la amnistía, que ha dado al traste con los planes de Junts y ha tensionado la relación con el PSOE.

El papel de Puigdemont

Tampoco facilita las cosas la incógnita en el seno de Junts sobre el futuro papel de Puigdemont. Desde el partido se daba por descontada su presencia en el nuevo Parlament, pero su nueva huida ha dejado descabezado al grupo parlamentario que aspira a liderar la oposición contra Illa. El congreso anunciado para octubre debe redefinir su liderazgo, probablemente a costa de ocupar de nuevo la presidencia del partido que ahora ostenta Laura Borràs.

Mientras, nadie duda de que es Puigdemont quien toma todas las grandes decisiones estratégicas. Pero lo hace al margen de los órganos formales de dirección del partido, que no osan tomar prácticamente ninguna iniciativa de peso sin el aval del ex president.

En todo caso, tanto Puigdemont como los dirigentes territoriales del partidos tienen claro que el de la inmigración es un debate clave, especialmente tras la eclosión de Sílvia Orriols y su Aliança Catalana, que ya ha conseguido entrar en el Parlament. Puigdemont defendió en campaña su exigencia de competencias en inmigración al tiempo que advertía que "los discursos de cero inmigración no son realistas". Dejaba claro así que, también en esta cuestión, será él quien tenga la última palabra sobre el papel de sus diputados en el Congreso.