El asesinato del pequeño Mateo, de 11 años, el pasado domingo en la localidad toledana de Mocejón, ha tenido una derivada xenófoba en redes, ajena al hecho en sí. Conocida la atmósfera que en los últimos años, a la par que ha crecido el apoyo a tendencias políticas de ultraderecha y de corte populista —también en el ámbito internacional—, durante la búsqueda del autor del crimen, numerosos usuarios de plataformas como X se han dedicado a verter desinformaciones y fake news sobre su identidad. Ello, además, con una coyuntura marcada por la crisis migratoria que asola a Canarias y desborda los centros de menores extranjeros no acompañados.

Esos perfiles digitales, en su mayoría anónimos, relacionaron falsamente al autor con los 30 menores migrantes alojados temporalmente en el Hotel Pattaya de Mocejón o lo identificaron como "moro" o "ilegal" o "nacido en Rumanía". El resultado: el presunto responsable es Juan C.P., un chaval de 20 años vinculado al municipio y con aparente discapacidad intelectual del 75%. Este hecho, magnificado por la repercusión y la conmoción social del asunto, ha fomentado que el Fiscal de la Sala de Unidad para delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, apueste por reformar la ley para poder identificar a los usuarios.

Desde la esfera política, tanto PSOE como PP se han mostrado favorables a atajar esta cuestión que marca, en definitiva, la experiencia diaria de los usuarios. Los socialistas, que han trasladado dudas sobre la postura de los populares por sus alianzas municipales con Vox, a quien culpabilizan de ese clima digital, votaron en contra de una propuesta similar en el Senado el año pasado. También en el Congreso en 2017. Y ello, en cambio, se lo ha recordado el PP. Lo hizo el ahora diputado popular, Rafael Hernando, senador entonces, en su cuenta de X.

La Fiscalía está analizando esos delitos de odio para ver si puede emprender acciones legales contra cuentas amparadas en nombres falsos o pseudónimos. La propuesta de Aguilar: que quien acceda a estas plataformas estén "debidamente identificados" para facilitar este tipo de investigaciones en el futuro y que "en los casos más graves" de delitos de odio que se cometan, se prohíban los acceso a sus autores. El planteamiento, lo comparte ahora el PSOE, quien trasladó vía comunicado su sorpresa y a la vez duda con los populares por su aparente compromiso a respaldar cualquier reforma.

En plena ofensiva conservadora por la gestión migratoria del Gobierno, los socialistas buscan apelar a las "dos almas" del PP para desprestigiarles frente a la opinión pública mencionando posturas como la del dos de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, Alfonso Serrano, que comparó esto con la "censura" en Venezuela. "Nos horroriza que Maduro censure WhatsApp o X. Pero oye, aquí somos más demócratas. Aquí prohibimos usar redes a quienes opinen como no nos gusta", escribió. También el polémico tuit de Xavier García Albiol que Génova, en palabras de la secretaria general, Cuca Gamarra, justificó este jueves. "Se viven situaciones que todos vemos, pensamos y algunos escriben", dijo. Y si bien éstas contradicciones en un partido que quiere competir en el plano migratorio con Vox son patentes, el rechazo a estas reformas por parte de Ferraz son también un hecho en el pasado más reciente.

Negativa del PSOE en el Senado

Pese haber sido presentada a modo de proposición de ley el 22 de julio de 2021 por el PP, llegó el 19 de abril de 2023, a finales de la legislatura pasada, la XIV, a pleno para su toma en consideración. Entonces, en la Cámara Alta, así como en el Congreso de los Diputados, el PSOE era primera fuerza. Contaba con mayoría absoluta en el caso de la primera. Tras un tardío procedimiento, se sometió a la valoración del pleno. Concretamente, ésta proponía la modificación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico para obligar a esa identificación digital mediante DNI. La defendió el propio senador popular Hernando. En su discurso no solo aludió a los delitos de odio que hoy destacan, sino la ciberdelincuencia, el bullying, el acoso sexual o el acceso de menores a contenidos pornográficos. La identificación la ha propuesto ya el Gobierno, no sin polémica, para la visualización de esos contenidos para adultos. Y con el rechazo del PP a priori porque entienden que "no se quiere proteger a los menores, sino controlar a los ciudadanos". Este tipo de regulaciones son un viejo debate que periódicamente, pese al consenso establecido, generan diferencias.

En el caso de los delitos de odio, la PL del Senado apostaba por introducir un apartado sobre el "deber de identificación": "Los prestadores de servicios de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario del servicio estarán obligadas a la identificación de cada uno de los perfiles y sus cuentas de usuario, a través del Documento Nacional de Identidad, el Pasaporte o cualquier otro documento oficial acreditativo de la identidad", versa la propuesta. Es la siguiente, de forma íntegra:

Frente a la iniciativa popular, el PSOE, en palabras de la senadora María Delgado registrado en el diario de sesiones de esa jornada, planteaba varios elementos a tener en cuenta para el rechazo de la misma. El primero, la reforma suponía una modificación del régimen de responsabilidad de los prestadores de servicio de alojamiento o de almacenamiento de datos. Lo que, a juicio de los socialistas, criminaliza a estos prestadores por la no monitorización de los datos alojados. Además, el régimen actual "es fruto de una trasposición europea" que no se puede cambiar. Y la Digital Service Act ya ha aumentado "el control de los prestadores" e intermediarios en este 2024. El segundo, es que este debate está abierto en la UE y requiere de coordinación y no actuaciones particulares, apuntó Delgado. En tercer lugar, la senadora del PSOE consideraba que "no hay ningún Estado miembro que proponga el fin del anonimato en internet". Mostrándose más propicia a, de acuerdo a "nuestra Carta de Derechos Digitales", seguir apostando por la identificación de usuarios vía IP.

Ya en 2017 el PP se mostró en disposición de acabar con los delitos de odio en redes en el Congreso. Pero el PSOE lo rechazó por considerar que la propuesta podría ir en contra del derecho fundamental de libertad de expresión. Advirtieron sobre que la mala educación en redes no podría equipararse con un delito de amenazas. La legislación no prosperó.

En el mismo pleno del Senado, en abril, Vox se mostró favorable a apoyar al PP. Aunque con un perfil más destinado a los delitos digitales y al ciberterrorismo. La ahora portavoz parlamentaria, entonces senadora, Pepa Millán, afirmaba que "no existe una normativa regulatoria sobre autenticidad, lo que está provocando la posibilidad de creación de perfiles falsos, que persiguen fines ilícitos en la mayoría de los casos". Añadía, apoyando al PP, que "la solución que plantea esta proposición de ley nos parece adecuada, siempre y cuando las identidades de esos perfiles resulten validadas y certificadas, porque se puede suplantar la identidad, por ejemplo, también con el robo de los preceptivos documentos". Sin embargo, ahora los ultraconservadores se posicionan en contra. Cuando el debate vira en torno a la inmigración y no a los delitos digitales.

Con un mensaje en su perfil de X, el partido acusó al PSOE de "utilizar cualquier excusa para restringir la libertad de expresión". Asimismo, para agravar al votante conservador, en la competencia que mantienen con el PP tras la ruptura de sus gobiernos autonómicos en julio, se hacía eco de las diferencias en el seno popular. Igual que los socialistas. Mencionaba la postura de partido que ha mantenido el senador Antonio Silván, por ejemplo, y a su vez la de Serrano. "El PP dijo ayer que prohibir el acceso a redes y eliminar el anonimato es lo mismo que hace Maduro, y hoy apoya semejante aberración". "La dictadura de Sánchez avanza al mismo ritmo que la estafa del PP", sentenciaron desde el partido.

Sin pacto a la vista, según Génova

Al calor de los acontecimientos y de las palabras de Aguilar, el portavoz adjunto del PP en el Senado, Silván, marcó postura en el PP el miércoles: "Todas las medidas que conduzcan a paliar, minimizar y a reducir, incluso a suprimir esas situaciones, serán bien recibidas y, por supuesto, apoyadas por el PP". Sin embargo, desde Génova han rebajado las expectativas. Así lo expresó Borja Sémper, el portavoz nacional. "No hay un pacto a la vista. Tenemos serios problemas para considerar que el zorro puede guardar las gallinas", mencionó del PSOE. A su parecer, un acuerdo, lejos de acabar con los bulos o los discursos de odio, "los iba a incrementar". No especificó el por qué.

Sí acusó al Ejecutivo de diferenciar los bulos ajenos de los que, a su juicio, difunde Moncloa. "¿Qué es discurso de odio para el Gobierno? ¿Aquél discurso que rebate las mentiras de Sánchez?", cuestionó. Para él, con Sánchez al frente será difícil que el PSOE "tenga capacidad ni credibilidad alguna para abordarlo con contundencia y con claridad". Hay que destacar que queda pendiente conocer en profundidad los detalles del paquete de regeneración democrática del Gobierno más allá de la reforma de la Ley de Publicidad Institucional. Con el que se quieren atajar los bulos y la desinformación.