La auditoría encargada por el ministerio de Transportes para analizar los dos contratos de compra de mascarillas adjudicados a la empresa Sociedad de Gestión destaca que, el 20 de marzo de 2020, ocho días después de que se declarase el primer estado de alarma por la pandemia, se amplió la cantidad de mascarillas de 4 a 8 millones de unidades en 38 minutos cuando ya había sido firmada la primera orden ministerial.

"El único dato obrante en el marco de la auditoría en relación con dicha duplicación es que la empresa ofrecía 8 millones o nada", indica el documento publicado este viernes por el ministerio, tras la comparecencia de Óscar Puente en el Senado, donde anunció el cese de dos altos cargos y explicó que se habían hallado graves deficiencias en la adjudicación a la empresa del caso Koldo, quien fuera asesor del anterior ministro, José Luis Ábalos.

Tras recordar que el importe total en esa orden ministerial ascendía a 20 millones de euros, advirtió sobre la falta de control en el reparto de las mascarillas: "No existe constancia documental de la entrega ni al ministerio, ni a Correos ni a la entonces Dirección General de Transporte Terrestre", y añadió: "Se ha de destacar la falta de control inicial de mascarillas en el ministerio, y especialmente el papel desempeñado por el entonces asesor del ministro, dando instrucciones directas y a pie de pista a la empresa de distribución sobre el destino de las primeras mascarillas que llegaron a Barajas".

Ahora, según recuerda la auditoría, siguen guardadas 238.840 mascarillas en los almacenes del ministerio, y otras 206.00 en el almacén de Azuqueca de Henares (Madrid), todas ellas obtenidas por un importe de más de un millón de euros. Sobre la segunda orden de contratación, del 26 de marzo, la auditoría llama la atención de que no se analizara la necesidad de la adquisición de 5 millones de mascarillas, y censura que no se precisaran los destinatarios hasta un mes después.

Y abunda en que la determinación de las necesidades por destinatarios finales no se realizó hasta haber llegado ya a España cuatro de los cinco vuelos a través de los cuales se hizo efectivo el suministro. El informe destaca que se trata de dos órdenes en las que los dos órganos de contratación (Puertos del Estado y Adif) iban a atender necesidades que excedían sus respectivos ámbitos.

Por todo ello, ve "imprescindible" establecer "ciertas mejoras" en los procedimientos internos de este departamento, y en concreto en los contratos de emergencia y en el control de los almacenes, ya que considera evidente que "no se cumplieron en su integridad" los requisitos establecidos. El documento añade que, "incluso si se hubieran cumplido" estos requisitos, "probablemente no hubieran podido evitar los efectos ya conocidos".

En el apartado de las recomendaciones, se propone incorporar en los expedientes de emergencia un documento que dé cuenta de cómo se ha obtenido la oferta de la empresa adjudicataria, es decir, si ha sido solicitada por la propia administración o si ha sido el contratista quien se ha dirigido a la Administración, además de otras peticiones de ofertas u ofrecimientos de otras empresas.

Asimismo, la auditoría propone, entre otras recomendaciones, un control de entradas y gestión de los almacenes del ministerio de Transportes para mayor transparencia en cualquier actuación de acceso a las sedes del departamento "protegiendo además con ello la actuación de los empleados y autoridades públicas, que ante una eventual presión para actuar sin el debido rigor".

Además, insiste en profundizar en las herramientas que tiene el ministerio en la difusión y aplicación de su código ético, como "parte de un sistema de integridad pública que suponga un ejercicio de autorregulación y comprometa" a todos los empleados públicos, desde personal eventual, hasta altos cargos.