Tras un cierre de ciclo de sesiones complicado entre mayo y julio, con casi una decena de votaciones perdidas en el Congreso de los Diputados, el Gobierno afronta el nuevo curso político que empieza en septiembre como la oportunidad de recuperar las legislaciones tumbadas y poner el broche a un primer año de mandato con el impulso de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado tras aplazarse los anteriores durante este periodo. No será difícil por la pluralidad de socios que requiere el PSOE, y por los rifirrafes sufridos reiteradamente con Junts, que puja caro su respaldo. Más tras el pacto PSC-ERC para dar a Salvador Illa la Generalitat y apartar, un poco más, a Carles Puigdemont del primer plano político.

Por el momento, pese a que la actividad de la Cámara Baja no ha cesado y cuenta con numerosas iniciativas moldeándose dentro de ella, solo han sido dos las leyes que se han promulgado: el nuevo Estatuto del Artista y la ley de Amnistía. Algo que levanta ampollas entre los grupos. Entre la derecha, se lamenta que Sánchez prioriza retener el cargo independientemente de lo que pueda legislar. Desde la izquierda, incluido desde Sumar, se le viene reprochando la actitud cómoda y la ausencia de grandes medidas sociales. Especialmente, escudado por las alternas convocatorias electorales de entre febrero y mayo. Reivindican, principalmente, la reducción de la jornada laboral sin recortes salariales. También la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana o apostar por una reforma fiscal que, entre otros, prolongue los impuestos a la banca y a las energéticas. Aunque estos asuntos se antojan, de momento, lejanos. Hay dos prioridades para el Gobierno:

Reformar la Ley de Extranjería

Es la máxima prioridad del Ejecutivo, así como del Gobierno de canarias, desbordado por la presión migratoria en plena crisis de llegadas. Se han registrado ya un 66% más de llegadas ilegales en comparación con 2023. Ésta fue la gran derrota veraniega de los socialistas, al no conseguir el apoyo el 23 de julio, en pleno extraordinario, del PP. La propuesta, consensuada con Sumar y Coalición Canaria es clara: modificar el artículo 35 del texto para permitir que, al superar una comunidad autónoma el 150% de ocupación en los centros de acogida de menores no acompañados, se proceda a un reparto inmediato a otras regiones. En el caso de Canarias, la cifra alcanza el triple, el 300%.

Los populares ya rechazaban entonces el carácter obligatorio de la propuesta, a la que se han agarrado los nacionalistas canarios ante la saturación, como vía de escape. Aunque Fernando Clavijo, líder del partido, defiende la negociación que requiere el PP. Entre todos los actores implicados para que un sí parlamentario por una ligera mayoría se tope con un rechazo posterior de los territorios. Considera que debe haber un gran consenso que permita que las soluciones funcionen.

Para dar salida a este estancamiento de la reforma de la ley, el camino apunta a delimitado. Junts, encaje de la mayoría de investidura, rechaza ayudar en esto al PSOE. Se opone a esas imposiciones y recuerda que los socialistas aceptaron, a cambio de su apoyo a la reforma de la Justicia y la Función Pública, así como al escudo anticrisis de enero, la transferencia de las competencias en extranjería. Es el PP, en cambio, quien tiene la llave para avanzar en este asunto.

El Gobierno tiene que decidir si acepta las trece medidas puestas el martes sobre la mesa por los populares, en el Congreso, orientadas hacia la dotación de medios humanos y materiales para frenar la inmigración, la actuación en origen, la intervención de la UE, o la financiación y la declaración de la emergencia migratoria; o, por el contrario, mantiene la estrategia de presión política, tachando de xenófobos a los populares a la espera de una abstención o un apoyo en el último momento. Las conclusiones de la reunión del pasado viernes entre Clavijo y Sánchez es la de que el socialista no impulsará una reforma vía real decreto, la más ágil, hasta que el PP no confirme un sí previo. Ha habido mandato de intensificar los contactos, pero las posiciones enquistadas lo complican.

Objetivos de deuda y déficit y PGE

La frustración de uno de los primeros pasos para las nuevas cuentas anuales fue la segunda gran de rota de esa jornada de julio en el Congreso. Después de asegurar el no bloqueo de la senda de estabilidad en el Senado —algo que se mantiene—, incluyéndola como enmienda en la Ley de Paridad, la Cámara Baja, con Junts como socio discordante, tumbó estos objetivos de deuda y déficit, primer paso esencial para los Presupuestos. El motivo, según el partido: las escasas ejecuciones de las inversiones presupuestadas en Cataluña en los años atrás en relación con otras regiones. La cuestión ya se ha sometido con anterioridad a votación, y la celebración de las elecciones catalanas paralizó su gestión, ante un endurecimiento de postura de Junts.

Ahora, el Ejecutivo tendrá que lidiar con el mantenimiento de esa postura de los independentistas, que se desarrollará a finales de octubre. Entre el 26 y 27. Con el descontento, añadido, de la mencionada investidura de Illa. Los socialistas, con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como cabeza, podrá mantener su propuesta o modificarla para ganarse los apoyos. De no conseguirlo, se volverán a prorrogar las cuentas de 2022, más restrictivas para comunidades y ayuntamientos en cuanto a gasto. En su mayoría, en manos del PP.

Al margen de estas cuestiones, Sánchez hizo mención en su última comparecencia parlamentaria al paquete de medidas para la regeneración democrática. Con una reforma anunciada de la Ley de Publicidad Institucional y acciones contra la difusión de bulos no concretadas. Está por ver si se modifica lo relativo al derecho al honor y la rectificación, y si eso da pie a cambiar la ley mordaza como pide Sumar y otros socios. Con el PP, creen sus socios, acabará sacando el PSOE dos importantes cuestiones:

La ley del Suelo y Vivienda

La ley no decayó en las Cortes porque, en el último momento, ante la negativa de Sumar, ERC o EH Bildu a apoyarla, la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, retiró el proyecto de ley. Ya venían presionando, especialmente los magentas, con que el PSOE debería aprobarla con el PP. A quien, pese a su rechazo primigenio, consideraban que le convenía por su dominio municipal a lo largo del mapa y por liderar la FEMP. ¿Por qué la rechazan los aliados de izquierda? Para figuras como el portavoz del partido, Íñigo Errejón, esta propuesta, algo que no comparten homólogos como Patxi López, del PSOE, no iría orientada a la lucha contra el cambio climático o el acceso a la vivienda. "Se está para transformar las cosas. No se avanza confiando en el PP, se avanza confiando en sus propias fuerzas y en sus propias mayorías", recordó entonces Errejón.

El PSOE insiste, frente a Sumar, en que "es vital" responder a "la necesidad de promoción y ampliación del parque público de vivienda" nacional. Hay que destacar que la situación no está estancada, de un objetivo 184.000, el Gobierno ha promovido ya 81.000 viviendas del Plan de alquiler asequible. Hay 59.879 viviendas para alquiler social en desarrollo, a las que se unen 14.000 están puestas en disposición por la Sareb, y del Fondo Social otras 10.411.

"Es especulativa y no protege el territorio. Evitar la nulidad de planes urbanísticos genera inseguridad jurídica y efectos perjudiciales para el interés público. Avancemos en una política de vivienda verde que cuide nuestras ciudades", sentenció la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. La Vivienda es crucial para los magentas en su agenda de supervivencia política, en pleno debate interno para su reestructuración en cuanto a liderazgo y alianzas. Entre sus reivindicaciones, al considerar el acceso a ella como uno de los principales problemas de los españoles, es que se aplique la ley vigente y se regulen los precios y los pisos turísticos. El PSOE deberá decidir da la vuelta a su propuesta para atraer a su izquierda o si avanza en un intento de convencer al PP con pequeños retoques.

Abolición del proxenetismo

El descontento de Sumar por el acercamiento al PP en materia judicial, de vivienda y de Suelo, ya viene abonado por el registro y posterior fracaso de la Ley de Abolición del Proxenetismo. En plena carrera electoral entre vascas y europeas. Fuentes de Sumar, por entonces, ya criticaron que no hubo intento de coordinación para sacar una propuesta conjunta. Más, a sabiendas de que es un tema sensible que divide a la coalición y, a su vez, internamente a Sumar. Los comunes, por ejemplo, son regulacionista. Los magentas aseguran una postura consensuada, previo debate. De hecho, tienen designada una mesa para tratar este asunto entre fuerzas. Pero el PSOE está comprometido con la supresión de la prostitución, algo en lo que coinciden con el PP.

En la votación de mayo, en la que bastaba una abstención, el contexto electoral de europeas hizo que el PP, quien consideraba "insuficiente" la propuesta, votara en contra. Ahora, de retomarse, las posturas podrían encontrarse con mayor facilidad. Los populares apuestan por ir más allá de la penalización del proxeneta y consumidor de prostitución. En el debate de mayo, la responsable de Igualdad y Políticas Sociales del PP, Ana Alós, reivindicó medidas de sensibilización, apoyo, acompañamiento e inserción para las víctimas. Las próximas semanas vislumbrarán si, como en 2022, la ley vuelve a quedar en el cajón o se recupera.

Por delante queda la renovación del escudo social y anticrisis del Gobierno, vía real decreto ley y que debe pasar por el Congreso, del que dependen, por ejemplo, los descuentos en el transporte público.