"La chica quiere declarar por videoconferencia porque dice que el novio es de una banda de latinos y le da miedo", dice una de las funcionarias del Juzgado de Violencia de Género número 6 de Madrid. Son poco más de las diez de la mañana y la magistrada Carmen Gámiz inicia el día de guardia en el que verá cerca de una decena de detenidos y decidirá sobre la vida inmediata de muchas mujeres avalando o negando medidas de protección para ellas. "No, a las declaraciones hay que venir presencial", contesta ella, mientras entra a primera vista. 

El Independiente acompaña a esta magistrada durante una de estas jornadas. Sólo en Madrid hay once juzgados de este tipo, especializados en mujeres, y diariamente se van rotando para que haya dos de guardia. En esos días la Policía señala juicios rápidos en la agenda que se pueden celebrar en pocas horas y, además, se concentran decisiones sobre medidas cautelares que las mujeres hayan pedido (es decir, órdenes de alejamiento, pulseras telemáticas…), así como "legalizaciones" que las llaman, que no es más que las comparecencias de los hombres que han sido detenidos el día anterior y han pasado la noche en el calabozo para que ella decida si los deja en libertad o si los envía a prisión provisional. "Hemos llegado a tener hasta 25 asuntos en un día entre [juicios] rápidos, diligencias previas y medidas cautelares o legalización de detenidos". 

Sorprende ver la destreza con la que Gámiz se desenvuelve después de 17 años en el mismo lugar. Ha visto prácticamente de todo. Ella fue, por ejemplo, la que instruyó el caso del conocido como ‘Rey del cachopo’. "Ese me marcó mucho porque fue muy mediático. Intenté hacer una instrucción rápida. La prueba es que duró menos de dos años y tenía la sentencia enseguida en el tribunal del jurado. El tema de la familia… que no apareció todo el cuerpo y solamente el torso fue bastante complicado. Hubo muchos testigos y muchas periciales. Pero bueno, te queda la satisfacción de haber hecho un trabajo bien que ha servido para que esa persona esté condenada", relata. 

Solamente en una mañana ve una docena de casos distintos. Comienza Fátima (nombre ficticio para proteger su identidad), que viene a denunciar que se ha cansado de su pareja y que ha decidido ir a la Justicia porque en la última discusión él le pegó. "Siempre me insulta, me domina, me maltrata. Él en este tiempo me aisló de mis amigas y de mi familia. Cuando me ve con una amiga él se pone celoso", relata. Según su versión en la última discusión hubo una testigo, una amiga de él, que se encerró en la habitación mientras él la cogía del cuello y la intentaba subir por las escaleras. "Del oído estoy sorda del golpe que me dio", dice. 

La fiscal le pregunta por qué no lo había denunciado antes si era tan violento. "Yo lo dejaba pasar, pero ya no puedo más", cuenta. "Él me puso las rodillas en el pecho, me tapó la boca y me dijo que me iba a dejar ir a ver a mi madre y cuando volviera me iba a matar", continúa. El procedimiento es siempre el mismo, después de que declare la víctima, sale de la habitación y entra el acusado esposado y escoltado por la Policía. La versión es distinta. Él la acusa de beber mucho, de ser celosa y de insultos como "puto rumano de mierda". Como uno contradice al otro y hay una testigo que no se ha presentado en el juicio rápido, la Fiscalía pide que el caso se transforme en diligencias previas, es decir, que siga un poco más en investigación para terminar de atar todo. No pide ninguna orden de protección para la chica y la magistrada tampoco la pone. 

Gámiz, que es miembro del Comité nacional Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), dice que concede tantas medidas de protección como deniega. "Yo creo que fifty fifty. Tiene que haber indicios de la comisión de un delito de los señalados en la ley que son delitos de violencia de género, contra la libertad, contra la seguridad, contra la integridad sexual… y también tiene que haber una situación objetiva de riesgo", explica. "Los indicadores pueden ser que sea una persona que consume alcohol en exceso, que hay drogas, que hay antecedentes previos por denuncias o incluso condena firme por delito de violencia de género", cuenta. La Policía hace una evaluación previa del riesgo y esos informes llegan ya al juzgado con una pauta que les sirve de base, además, las mujeres suelen pasar por una evaluación forense cuando hay lesiones. 

El segundo asunto del día es un quebrantamiento de una orden de alejamiento. Una menor de 15 años entra en la puerta del juzgado y la juez le hace pasar el rato lo más corto posible. Le pregunta si ha visto a su padre en los últimos días. Ella dice que sí. "Por la mañana cuando iba al colegio a las ocho. Estaba en un coche. Me saludó y me dijo ‘hola’ y ya. A la una le vi otra vez que iba a entrar en un trastero que estaba cerca de casa", detalla la pequeña. Solo con esa información, la magistrada tiene suficiente para saber que el hombre ha incumplido la medida cautelar de estar alejado de la madre. 

Todas estas medidas quedan reflejadas en el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ) donde la Policía puede ver casi en tiempo real qué cautelares, requisitorias, sentencias no firmes y otras resoluciones judiciales están activas sólo con teclear el nombre de la persona. 

Los siguientes tres hombres que entran esposados son "legalizaciones". La letrada del juzgado les lee a todos sus derechos. "Sabe usted que tiene derecho a no declarar o a no declarar contra sí mismo", dice como de forma automática. A todos les pregunta un domicilio y un teléfono y les advierte de que si cambiaran de dirección mientras se está analizando la causa deben informar inmediatamente. Esta es una forma de tenerles localizados en todo momento si hay algo que notificar, por ejemplo. La mayoría de ellos opta por no declarar y muchos tiran de abogados de oficio para la defensa. "Si vienen particulares ya sabemos que hay algo más", bromea la juez, "como conflictos de familia encubiertos o peleas en la vía civil". 

Esto, de hecho, es una de las partes más problemáticas de su trabajo. "Lo que menos me gusta es el enfrentamiento que veo a veces en los temas de familia y la situación de esos menores que están inmersos en ese conflicto parental. La instrumentalización que los padres hacen de los menores", confiesa. Aunque también hay un lado muy positivo de su trabajo. "Lo que más me gusta es poder contribuir un poco a  –no erradicar como dicen los políticos porque yo creo que no se va a erradicar nunca, esto es como el delito, es consustancial a la naturaleza humana–, pero sí a paliar los efectos y evitar que se puedan producir nuevos hechos con las medidas cautelares si son respetadas. 

Los expertos en violencia de género explican lo difícil que es a veces denunciar y lo vulnerables que se vuelven las mujeres cuando están inmersas en relaciones de este tipo. "No quiero denunciar ni nada", dice una de las mujeres que se ha presentado esta mañana en el Juzgado. Una amiga de ella había llamado a la Policía al recibir un Whatsapp de ella diciendo que su novio no la dejaba salir ni llamar a nadie y que había sido agredida, pero su paso por la Justicia duró apenas unos segundos. Sin ella querer declarar contra él y con él negándolo todo, la magistrada archiva el delito de maltrato en el momento. 

"Los casos que más pueden haberme marcado son precisamente los casos en los que la mujer ha acabado muerta a manos de su pareja o de su marido", revela Gámiz. "Pero nunca he tenido sentimiento de culpa porque estaban protegidas. Tenía su orden de protección, pero ellas estaban con su agresor, entonces ¿Qué puedes hacer?", se pregunta. 

Uno de los asuntos más desagradable de la mañana llega con el relato de Maite (nombre ficticio), vestida con camiseta morada se sienta ante la togada para contar que se había divorciado de su marido en 2017 y que ella se había quedado con la casa y había seguido pagando la hipoteca, sentencia mediante. Pero en 2019 cometió el "error" de dejar entrar de nuevo al padre de sus dos niñas porque él tenía una situación precaria, estaba en la calle y así podían turnarse el cuidado de las menores. La situación se había convertido en un infierno, en boca de la mujer, que decía sentirse maltratada en su propia casa y describía situaciones de manipulación del hombre con sus hijas. 

"Cada vez que descansa de su trabajo me echa de mi casa. Me escribe un Whatsapp que pone ‘descanso sábado, domingo y lunes’ y pretende que me vaya esos días. Si no me voy, llega y se lo dice a las niñas y ellas me llaman insultándome, me dan pellizcos", relata. La abogada pide exhibir algunas fotografías con evidencias de morados en su piel. "Cada vez que llego me pone las bolsas de mi ropa en la puerta. Me lo han advertido muchas veces, señoría, que me van a matar. Y se lo digo ahora que estoy viva, señoría", expone emocionada. "Yo siempre estoy trabajando y él ha pasado más tiempo con ellas [las hijas] así que son más influenciables a él", explica. "Qué personitas se están creando ahí cuando me pegan y me dan besos. Es el reflejo de su padre", cuenta. 

Ella sale y entra él, esposado. La fiscal le pregunta por qué sigue en la casa de su exmujer si hay una sentencia que le da la razón a ella. 

– ¿Por qué no se ha largado usted del domicilio? 

– Porque no tengo dónde ir 

– ¿Y no puede buscarse una habitación? 

– Yo nunca le he dicho a ella que se vaya. Solo quiero educar a sus hijas 

– ¿Qué pasa que la madre no las sabe educar? 

– No mucho 

La abogada de la mujer afirma que existe un posible delito de coacciones, sin embargo, la fiscal entiende que el problema es civil (por la casa) y  se debe solucionar en esa vía. Se opone a la medida de protección para ella y la magistrada no se la concede. El juzgado es un trasiego de asuntos similares, solo el año pasado vieron 1.800 en todo el año (1.650 penales y 550 civiles). Algunos, como ha ocurrido con uno esta mañana, se desinflan rápidamente cuando la declaración de ella se contradice y él alega que la denuncia por supuesta agresión sexual era una venganza contra él. 

Son los menos, explica la magistrada. "Hay muy pocas, poquísimas. Es ínfimo. Y eso también lo ha valorado el Consejo [General del Poder Judicial] en las estadísticas. Yo en mi trayectoria que llevo aquí 17 años, solamente he deducido testimonio por denuncia falsa en dos ocasiones. Porque era patente que eran falsas. Lo que no se debe confundir es falta de prueba con denuncia falsa. Si no hay indicios suficientes, el juzgado tiene que sobreseer el asunto, ni siquiera llega a ser juzgado", cuenta. 

La mañana sigue y la Justicia trata de hacer su trabajo. Julio es el mes que concentra más mujeres asesinadas y la sensación que queda a la salida del Juzgado es que el sistema de protección debería ser más transversal y la carga emocional de las mujeres no pueden soportarla únicamente los operadores jurídicos.