Las empresas que quisieron competir por el 'gran contrato' de mascarillas que publicó José Luis Ábalos fueron ninguneadas frente a Soluciones e Gestión, es decir, la compañía vinculada a algunos de los investigados por el 'caso Koldo' y que ese año ingresó 54 millones de euros procedentes de las compras de material sanitario para el Gobierno y Administraciones regionales como la balear y la canaria.

El departamento hoy encabezado por Óscar Puente encargó hace unos meses una auditoría interna para analizar las posibles irregularidades derivadas de las adquisiciones de mascarillas durante el primer estado de alarma. El resultado revela determinadas actuaciones que favorecieron al 'proveedor de confianza' de José Luis Ábalos, hoy observado por la lupa de la Justicia.

Estos hechos se produjeron unas semanas después de que se declarara la pandemia de covid-19, en un momento en el que existían fuertes restricciones de movimiento de la población y en el que, a la vez, los diferentes países salieron al mercado internacional para adquirir cantidades millonarias de material sanitario.

Dentro de ese contexto, el Ejecutivo elaboró un Real Decreto de medidas económicas y sanitarias de urgencia que permitía, entre otras cosas, la compra inmediata de todos los elementos necesarios para luchar contra la pandemia. El 21 de marzo de 2020, es decir, ocho días después de que se publicara esa norma, el Boletín Oficial del Estado (BOE) difundió una Orden para la adquisición de aproximadamente 7,9 millones de mascarillas a través de Puertos del Estado, según se detalla en el informe de auditoría.

Ese mismo día, dos empresas se pusieron en contacto con el Ministerio de Transporte para ofrecerse a proveer al Ejecutivo de ese material o, al menos, de una parte. Fueron la sociedad Bezanilla y Renedo Abogados (en nombre de la compañía Grupo Natural Systems Distribuciones); y la empresa Shouguangroup. La primera ofrecía las mascarillas a 1,35 euros la unidad, mientras que la segunda estaba dispuesta a facilitarlas a un precio de 2,02 euros. En ambos casos, era un importe más económico que los 2,50 euros que se pagó por unidad a Soluciones de Gestión.

Contrato entregado a dedo

El departamento de Ábalos fue consciente de estas propuestas, pero no las tuvo en cuenta. Al menos, así se aprecia al analizar los hechos que sucedieron durante los días anteriores a la publicación de la citada Orden ministerial en el BOE. El 20 de marzo, a las 14.10 horas -según señalan la auditoría-, "ya era sabido que el Ministerio realizaría una compra centralizada de mascarillas". De hecho, se preveía que el primer avión aterrizara el lunes 23 de marzo.

Ocho minutos antes, otro correo electrónico interno demuestra que Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas ya había presentado una oferta formal para distribuir ocho millones de mascarillas.

Asimismo, esta empresa había remitido una carta de presentación y una declaración e interés:

A las 17.51 horas de ese mismo día, el 20, estaba decidido que el ministerio solicitara a estos presuntos comisionistas "la acreditación de capacidad jurídica" y de "solvencia técnica", así como una "declaración de no estar incursa en prohibición de contratar y al corriente en pagos con la Seguridad Social y Hacienda".

Ábalos defendió su gestión

Desde esta área del Ejecutivo se consideró que esta forma de proceder era correcta y procedía, ya que el procedimiento de urgencia y las decisiones inmediatas estaban permitidas por el Real Decreto de medidas económicas.

Sin embargo, la auditoría deja claro que no se dio la oportunidad de suministrar el material al resto de interesados -con ofertas más baratas-. Las autoras del informe también llaman la atención sobre la metodología que utilizaron Ábalos y su equipo, que no se ajustó "a los criterios exigibles en una tramitación de estas características".

Esto se aprecia, entre otras cosas, en el cambio de criterio que el Ministerio adoptó en menos de una hora, entre las 19.55 y las 20.33 del día 20 de marzo de 2020. Ahí, sin un motivo aparente, decidió que el pedido incrementara desde los 4 hasta los 8 millones de mascarillas. "Se justifica no adecuadamente resuelta la justificación (número de mascarillas) del alcance de la emergencia", concluye la auditoría.

"La oferta de la empresa adjudicataria es aceptada por el órgano de contratación [Puertos del Estado] sin que parezca que exista mayor motivación para el órgano de contratación que su procedencia del Ministerio (al parecer, del Gabinete del Ministro)", remarca la investigación encargada por Puente.

Retrasos en la entrega

Soluciones de Gestión tampoco cumplió con las condiciones que había prometido al Gobierno de España, dado que su oferta inicial contemplaba el suministro de 8 millones de mascarillas en un solo flete, entregado en 48 horas, pero finalmente se demoró de forma ostensible con un total de 7 vuelos. Las primeras 807.000 mascarillas se entregaron el 28 de marzo, mientras que las últimas 230.188, el 20 de abril. Es decir, casi un mes después de la rúbrica del contrato.

Por otro lado, la auditoría también llama la atención sobre la falta de justificación del encargo de un pedido adicional de 5 millones de mascarillas a Adif mediante el procedimiento de emergencia. Apenas unos días después de haber dictado la orden para adquirir los primeros ocho millones de mascarillas, Ábalos firmó una segunda orden que encargaba al administrador de infraestructuras ferroviarias realizar otra compra centralizada.

"No consta la realización de un análisis sobre detección de esta necesidad en
la documentación/información analizada. De hecho, en la Orden no se indican los destinatarios finales de estas mascarillas, respecto a los que se habría detectado la necesidad, tal y como sí se hizo en la Orden primera (previo análisis de necesidades en su primera versión)", remarca el informe.

La Orden contemplaba que "la distribución concreta entre los destinatarios se realizará teniendo en cuenta las necesidades derivadas de la evolución de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19 en el momento de la recepción del suministro". Sin embargo -insiste la auditoría-, "los destinatarios de las mascarillas no se determinaron hasta el día 24 de abril (cuando ya habían aterrizado cuatro de los cinco vuelos mediante los cuales se efectuó el suministro)" de este segundo pedido.

"Así, la necesidad se concretó casi un mes después de haberse establecido el recurso a la tramitación de emergencia, pues la Orden se publica en el BOE de 27 de marzo de 2020 y los destinatarios se deciden el 24 de abril", sentencia la investigación encargada por Puente.

También carga contra la elección de Soluciones por parte de Adif como suministrador del material, pese a contar con otras opciones que le transmitieron desde Puertos del Estado.

"Adif realizó una búsqueda de posibles suministradores y un estudio comparativo de solvencia de dos empresas, Soluciones de Gestión e Injoo Technology. Resultando mejor valorada y siendo más ventajosa económicamente la oferta de Injoo Technology, finalmente el órgano de contratación se decantó por la misma empresa con la que había contratado Puertos del Estado, constando en la información obrante en el marco de la auditoría que no todos los departamentos de Adif consideraban adecuada la elección", concluye el informe.