El primer encuentro de la cúpula del PP, en este inicio de curso político, ha traído consigo el compromiso de fijar como "prioridad absoluta" el reto de la financiación autonómica. Derivado de ello, y ante la financiación singular de Cataluña pactada entre el Gobierno y ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat, los barones populares firmaron este miércoles un manifiesto "unitario" con el compromiso de desarrollar todas las "acciones legales" al alcance para confrontar lo que consideran que es el establecimiento de un "cupo" o un nuevo "concierto catalán". Lo que, para el PP, es la ruptura del consenso constitucional y el avance hacia un régimen fiscal "asimétrico".

Ello, arremeten, por interés "personal" de Sánchez, para "prolongarse" al frente del Gobierno y no perder su apoyo parlamentario. El punto de inicio para abordar qué medidas se ponen en práctica para confrontar a ese acuerdo económico, que aún genera dudas en cómo será su despliegue entre las filas socialistas, será la próxima reunión con los once presidentes regionales del día 6 de septiembre que ha convocado en la sede nacional el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Igualmente, los populares fijarán las líneas de oposición al Ejecutivo en este tercer trimestre del año. Marcado especialmente por la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, y la crisis migratoria. En contraste con el cupo, más complicado será, en cambio, salir de allí con una propuesta común para presionar al Gobierno sobre financiación autonómica, dadas las diferencias existentes dentro del partido entre baronías. Es un debate, indican fuentes autonómicas del PP, que "va para largo" y en el que se tendrán que producir cesiones por parte de todos.

Moncloa y la titular de Hacienda, la también vicepresidenta primera, María Jesús Montero, parecen preferir el avance hacia acuerdos bilaterales con otras autonomías como los alcanzados en Cataluña, por la diversidad de posturas y la dificultad de entendimiento en el Consejo de Política Fiscal. Preguntados por si hay temor por que alguno de los presidentes opte, por ejemplo, por un consenso con Montero para la condonación de la deuda al Fondo de Liquidación Autonómica (FLA), en Génova son claros y garantizan "unidad": "Nuestros presidentes no mercadean". Muy criticado fue el acuerdo de investidura de Sánchez con ERC, bajo el compromiso del perdón de 15.000 millones de euros. Que una comunidad popular entre a negociar algo similar, restaría crédito al PP. Sobre la mesa está la posibilidad que el Estado asuma hasta 72.000 millones de deuda. Desde 2012 la línea de crédito ha prestado hasta 300.000 millones.

Tres posturas dentro del PP

Dentro del PP hay un reconocimiento claro entre baronías; de las necesidades de cada enclave. Pero hay al menos tres facciones con demandas divergentes en función de sus características. La primera, comprende a las baronías y, por ende, las comunidades que se autodiagnostican como infrafinanciadas. Ahí entran las que colindan con el Mediterráneo: la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía. Defienden una actuación urgente, y tienen como principal demanda actualizar el criterio de población ajustada. Que haya un reflejo real del gasto y de los elementos geográficos y demográficos que, en su función, deriven en una distribución correcta de los recursos.

La segunda engloba a la España despoblada. En el caso del PP: Galicia, Extremadura y Castilla y León. Creen que no hay una diferenciación tan clara como la que marcan las anteriores regiones, y que ellas también están por debajo de una correcta financiación, trasladan a El Independiente fuentes populares autonómicas. Las principales demandas de éstas es establecer coeficientes que establezcan el coste del servicio de la comunidad por habitante. Y que se tenga en cuenta el envejecimiento local y la "dispersión" de los residentes. La tercera y última, aglutina a las zonas más ricas: Madrid y las Islas Baleares. Demandan que se tenga en cuenta el principio de ordinalidad fiscal, que se aporte en función de lo que se reciba. Instan a una corrección de las desigualdades, pero sin revertir el ranking de recursos per cápita.

Génova no teme acuerdos bilaterales de sus barones con el Gobierno para la condonación de la deuda con el FLA

Dentro de estas posiciones, hay afinidades con barones socialistas. Emiliano García-Page, estaría por la labor de esa reforma rauda por la que apuestan Juanma Moreno, Carlos Mazón o Fernando López Miras. Afinidad con ellos, en esas demandas fiscales, quedaron patentes con su foto conjunta y la petición de 3.000 millones por la infrafinanciación. Fuera de subgrupos, en esa línea contraria al cupo catalán se encuentra uno de los principales respaldos de Sánchez dentro de las baronías: Adrián Barbón. El líder socialista asturiano y presidente autonómico mantiene sintonía con las demandas de renovación en cuanto a la financiación, especialmente en su ligazón con los servicios y la despoblación. Ya estuvo con Feijóo, Alfonso Fernández Mañueco y ex presidentes socialistas o Miguel Ángel Revilla en el Foro de Santiago organizado por el ahora presidente del PP, en noviembre de 2021.

En negociaciones para una propuesta

Con ese espíritu, de retomar lo abordado esa jornada, quiere partir el PP, quien ahora domina prácticamente el mapa territorial excepto por Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, País Vasco y Asturias. La intención es la de poder alcanzar unas conclusiones comunes que presentar al Gobierno para empezar a negociar. En el partido se reprocha que Montero, lejos de motivar la negociación, espera que sea el PP quien haga una propuesta de la que partir para el diálogo. Al contrario, indican, de lo que demandaba a Cristóbal Montoro cuando él ostentaba su cargo y ella era consejera de Hacienda. La ley lleva caduca desde 2014, y fue propulsada en 2009, hace quince años.

Fuentes del PP, pese a las diferencias existentes, dan cuenta de la existencia de un texto ya con "líneas maestras" fijadas, la estructura externa, por lo que faltaría por solventar esas discrepancias, los pormenores y estructurar unas demandas que convezcan y dejen buen poso a todos. En ello está trabajando el departamento de Economía de Génova, que dirige el vicesecretario económico, Juan Bravo, que negocia desde semanas atrás con los distintos equipos de Hacienda autonómicos. Cada aparato territorial defenderá sus intereses autóctonos, pero queda por ver si el peso con el que cuenta cada baronías es determinante en el texto definitivo. Estas son Galicia, Madrid y Andalucía, así como Castilla y León.

Una vez configurada, los pasos a recorrer serían la de contacto con el Gobierno y la convocatoria de la Conferencia de Presidentes. Una demanda que el PP ya está haciendo sin éxito a Sánchez para abordar la sobrecarga migratoria que asola a Canarias y Ceuta. La siguiente, sin fecha, se desarrollará en Cantabria para abordar cuestiones como el de la Vivienda. De ahí le seguiría la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y el nombramiento de expertos por parte de cada autonomía. Crucial para Génova es que prime el aspecto de la "multilateralidad". Es decir, que el problema de la financiación, al contrario de lo que dejó caer Montero en su última comparecencia pública, el miércoles pasado desde Rota (Cádiz), se afronte con todos representados. Lejos de pactos "ocultos".

Desde el Ejecutivo prefieren que las conversaciones se escoren en lo máximo posible a lo privado, esencial, creen, para que algo prospere dado el alto clima de polarización que existe. Más entre PSOE y PP. En el caso de los populares, contrastan demandas de Estado como estas mientras que intentan dar el pulso migratorio a los socialistas, compitiendo con Vox, tras romper los gobiernos conjuntos. Un aliciente para el acuerdo es la salida de los de Santiago Abascal de esos ejecutivos. Además, como ocurrió en el Consejo de Política Fiscal, creen que no toda propuesta que llegue allí puede prosperar con negociación. Lo ejemplifican con la última senda de estabilidad propuesta, que el Gobierno tuvo que camuflar dentro de la Ley de Paridad mediante enmienda para que pasase el veto del Senado, con mayoría del PP.

Además de esa multilateralidad, para el PP será imprescindible que el Gobierno acepte un fondo temporal para afrontar el avance hacia un nuevo sistema dotado de 1.700 millones de euros; que los plazos de liquidación pasen de dos a un año; y atender a la dispersión de los habitantes, su edad, el coste de servicios por individuo; y, además, una gestión dual de los fondos europeos. Así lo detallaba Bravo en una entrevista reciente para La Razón.

Sin respuesta del PSOE al manifiesto

Frente al Gobierno, que al cierre de esta edición no ha reaccionado, sí lo ha hecho el PSC. La viceprimera secretaria de los socialistas catalanes, Lluïsa Moret, contestó a los populares tras adelantar Borja Sémper, su portavoz nacional, la oposición férrea de los barones y la cúpula del partido a la financiación singular catalana que se reflejó por escrito horas más tarde en ese manifiesto mencionado. La 'dos' de Illa pidió a Feijóo que "deje de cometer el mismo error de siempre: que es hacer política en España contra Cataluña" tras este acuerdo. "Es un error que no lleva a ningún lado. Recurrente. El objetivo que tenemos todas las fuerzas políticas es dar soluciones a los ciudadanos y ser resolutivos". Lo trasladó así tras la primera reunión de la Ejecutiva del PSC post investidura de Illa.

Por su parte, desde el PSOE prosiguen con las réplicas sobre inmigración o corrupción al PP. Por un lado, con las investigaciones de la trama Koldo y la causa contra Begoña Gómez y Carlos Barrabés, entre otros, los socialistas insisten en que "Feijóo debe dar la cara y aclarar los más de 300 contratos bajo sospecha concedidos a la empresa de su hermana", dijo Alfonso Rodríguez Gómez de Celis el domingo. Este lunes, el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, afianzaba los reproches en cuanto a política migratoria, con un pacto para la reforma de la Ley de Extranjería pendiente y reclamado por Canarias.

"El PP jamás ha contado con una política migratoria. Al contrario, ha eliminado y votado en contra de cualquier avance progresista con un discurso peligroso que solo siembra odio. Menos tuits racistas, menos excusas y menos mentiras, señor Feijóo. Son niños que necesitan acogida", dijo Cerdán tras cuestionar el PP el inicio de gira por África de Sánchez sin una política clara en inmigración. Visitará Senegal, Gambia y Mauritania, mayoritariamente lugares de origen de los migrantes irregulares de la ruta canaria. Se esperan más acuerdos en cooperación.