La propuesta sobre inmigración anunciada por Pedro Sánchez en Mauritania, y reivindicada desde Gambia y Senegal este miércoles, ha conllevado que el PP endurezca mucho más su postura en la materia. Y con ello, que los escasos puentes que pudiesen tenderse con el Gobierno para una negociación que alivie la presión migratoria de Canarias y Ceuta, hayan quedado prácticamente dinamitados. En esta gira diplomática por África para afianzar la cooperación en origen y paliar las salidas irregulares, el socialista propuso establecer canales para una inmigración regular, "circular" y asociada a la temporalidad. Sobre todo, ante la demanda de entre 200.000 y 250.000 trabajadores hasta el 2050 para el sostenimiento del Estado de bienestar, según fuentes del Gobierno. El PP lo ha considerado de "disparate en toda regla" y acusa a Sánchez de promover la inmigración ilegal. Aunque luego éste, ya por la noche, indicó que las llegadas irregulares deben saldarse con reparaciones para desincentivar a las mafias, generando más confusión aún.

Pese a todo, el rifirrafe hecha más leña a un fuego ya prolongado entre Moncloa y Génova con otros escenarios de choque abiertos, como el de la financiación singular de Cataluña, el de la amnistía o las investigaciones al entorno del presidente. Sobre todo, porque los populares dan un paso más posiciones más restrictivas en cuanto a inmigración. Algo que puede estar motivado por el retome de agenda de Vox recientemente, con peticiones relacionadas con la concesión de la nacionalidad o el coste y el desglose de servicios que se brinda a los menores extranjeros no acompañados. Los de Santiago Abascal siguen justificando la ruptura regional con el PP. Insisten en que sabían que después de aceptar unos cuantos menores, habría otros pactos.

Con todo, esos aún no han llegado. Pero los ultraconservadores siguen igualando a los dos representantes del bipartidismo y el PP busca marcar perfil en un intento más de ir desfondando a Bambú. Vox, al contrario que Sánchez, relaciona la llegada de inmigrantes con una saturación de los servicios públicos. Lo asemeja a Suecia o Francia.

Si bien el compromiso popular era el de afrontar el debate migratorio sin comparar el marco de Vox recién cerrado el proceso electoral de legislativas francesa, les está costando. El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, rescató en en julio una propuesta de Abascal de 2020: el despliegue de la Armada para luchar contra la inmigración fomentada por las mafias. Ayer, Tellado fue más allá y, por primera vez dentro del seno popular, habló de "deportaciones masivas". No lo hizo, en todo caso, directamente. Sino como referencia a las actuaciones de Alemania e Italia tras destacar que Sánchez va "al revés" que el resto "hablando de regularizar". Feijóo, previamente, pedía una inmigración regular y asociada a un contrato de trabajo vía X. Las palabras de Sánchez a última hora de la noche de ayer, en todo caso, merman el posicionamiento de los populares, al incidir en que debe deportarse a los llegados irregularmente. Al menos a los adultos.

La competencia partidista entre fuerzas agrava más el distanciamiento existente para atajar la problemática. A las diferencias en torno a la única herramienta puesta sobre la mesa, la reforma de la Ley de Extranjería y su artículo 35, se une el deseo de imponer el relato de uno sobre otro y gestionar la presión. La social y humanitaria sobre el Gobierno; la de los socios territoriales de Canarias y Ceuta al PP, con llamadas de auxilio.

Enquistamiento de posturas y sin plan b

El Gobierno retrata a los populares como insolidarios y, aprovechando declaraciones como las de Tellado o tuits de corte xenófobo como el del alcalde de Badalona, Xavier García-Albiol, respaldado por la secretaria general Cuca Gamarra, abonan el relato de que Génova compra las tesis de la extrema derecha. Mientras tanto, el desinterés por negociar propuestas con el PP para no dejarles marcarles el ritmo tras el acuerdo del CGPJ que enervó a los socios más de izquierdas, es traducido por los de Feijóo como ausencia de rumbo en políticas migratorias. Todo, pese a que, materialmente, ambas formaciones están recalcando en la necesidad de una inmigración ordenada de fondo pero son incapaces de sentarse a dialogar un consenso de mínimos. También los pasos coordinados de la mano de la UE, aunque lo que queda públicamente es que ante la demanda de intervención de las autoridades europeas el Gobierno se niega a solicitarlo.

El Gobierno deja la pelota en el tejado del PP, que asegura no atender a chantajes

El único camino que vislumbra el Gobierno es la reforma de Extranjería, que naufragó vía proposición de ley en julio por la negativa del PP a apoyarla sin negociaciones. Es el punto de encallamiento. Moncloa, y Fernando Clavijo, quieren un sí adelantado para ayudar a Canarias y Ceuta desde ya para, después, abordar cualquier complemento. Se quiere establecer que cuando una comunidad supere el 150% de sobreocupación en centros de acogida de menores migrantes, se fuerce un traslado obligado para descongestionar. El presidente ceutí y del PP, Juan Jesús Vivas, lo avala, aunque, en línea con su partido, quiere coordinación central, autonómica y europea para esas acciones. El PP desconfía, se niega a la obligatoriedad de esos repartos y pide partir de una base general consensuada con el aporte de trece propuestas. radican en una mayor dotación de instrumentos y efectivos para controlar la inmigración irregular, de un fondo de contingencia para asumir acogidas y la actuación coordinada a partir de la Conferencia de Presidentes.

Pro de esa presión que parece estar enquistada, el portavoz nacional popular, Borja Sémper, afeó al Gobierno el lunes su ausencia de soluciones. Al día siguiente, tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Pilar Alegría, abonaba el marco de la irresponsabilidad del PP y les azuzaba con esa ubicación extremista. Les pedía "responsabilidad" con sus territorios gobernados y en situación crítica, y destacaba la capacidad de negociación del Gobierno con Clavijo a diferencia de ellos. Es más, reprochaba que no atiendan a las peticiones de Vivas. Llamativo fue que, pese a haber registrado esas propuestas, Alegría expusiese que el PP no tiene "ninguna" solución en inmigración. Ayer, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, sí reconocía la demanda del PP, pero la catalogaba como "una colección de excusas" para no apoyar la reforma de Extranjería. A eso respondía por la tarde el PP en X:

Fuentes del Gobierno dejan la pelota en el tejado del PP, mientras que los populares aseguran que no van a atender a chantajes en privado. El propio Tellado se volcó en recalcar que es el Estado quien tiene las competencias y, por ende, el único responsable. Desde las comunidades, mayoritariamente gestionadas por el PP, empiezan a llegar mensajes de respaldo a la reforma. Es el caso del presidente murciano Fernando López Miras, quien, en todo caso, pide al Gobierno que se siente a negociar en línea con Vivas. La solución, en todo caso, solo puede pasar por el PP. Junts, cuyos votos son claves, se niega a negociar nada con el Ejecutivo hasta que se traspasen definitivamente las competencias en inmigración pactadas en enero para la Generalitat. Y aunque eso se materializase, el perfil restrictivo de los neoconvergentes deja sin opciones a los socialistas de legislar la reforma propuesta bajo repartos obligados.

Las fórmulas que demandan Clavijo y Vivas

Si bien hay coincidencias con el Gobierno, tanto Clavijo como Vivas, quienes sufren la gestión de la avalancha migratoria con recursos muy limitados para afrontarla, son los que han hecho un dibujo más amplio de cómo debería ser la actuación de Sánchez. Ello, ante un panorama que apunta a complicarse más a partir de septiembre en la ruta canaria, cuando los mares se calmen temporalmente y permitan mayores travesías. Se habla de hasta 80.000 llegadas a 31 de diciembre si se sigue hasta esta velocidad. Cuatro veces más las del año pasado. Y ante la aparente presión de Marruecos en la frontera sur, que asfixia a Ceuta.

Actualmente los datos son los siguientes a falta de que al término de esta segunda quincena en los próximos días el Ministerio de Interior publique un nuevo balance de migraciones irregulares. Se ha superado un 66,2% las llegadas respecto a 2023 en lo que va de año, con especial intensidad a principios de este. 31.155 en total. En Canarias han llegado 22.304, un 126,1%. Y en Ceuta, por ruta terrestre, hay un 143% más que el año anterior, 1.643 personas. Habrá que sumar los centenares diarios que han arribado en las costas canarias y las últimas llegadas a nado que se cuentan por centenares. Este verano, en las islas, de los más de 5.000 migrantes de 2023, se han superado ahora los 3.000.

La fórmula de Clavijo pasa por un real decreto ley que permita reformar de inmediato la ley de Extranjería y empezar a transferir hasta 2.500 jóvenes en 12 meses a otras comunidades. A partir de ahí habría un mes para que el Gobierno negociase con el PP el apoyo del decreto en el Congreso, pero Moncloa se niega porque saben que decaería. Clavijo demandó a Sánchez actuación consensuada a todos los niveles para atajar ya la crisis, y el compromiso del ministro de Política Territorial y canario, Ángel Víctor Torres, es el de aumentar el diálogo con el PP. Algo que no convence. Tampoco los 50 millones de euros prometidos para paliar los costes que, ven insuficientes por el aumento de llegadas. Es la misma suma que en 2022 y 2023.

Por otro lado, se pide una distribución justa entre todas las comunidades. Además, Canarias quiere que intervenga la UE. Hay un "sentimiento de abandono" y piden a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen que se implique como hizo en Lampedusa con Italia. Eso implicaría la presencia de Frontex y mayor implemento de la vigilancia marítima, que es parte de las propuestas del PP. En cuanto a los adultos, se impulsaron allí procesos de repatriación. Hay 5.500 menores que triplican la saturación de centros. Y se espera que ascienda al doble a final de año. Clavijo le ha mandado una carta.

Como el canario, Vivas pide la implicación de la UE, el Gobierno y las autonomías para descargar un quinto de los 500 menores presentes en la ciudad autónoma. La capacidad de base es algo mayor a los 100. Deja constancia de que, por la disposición andaluza, podría haber reubicaciones si así el Gobierno lo considera. En Sanxenxo llegarán 70 tras mediar la Delegación del Gobierno con la localidad y la Xunta, por ejemplo. Más concreto que Clavijo estos días, Vivas demanda "recursos físicos" para dar cobijo a los menores, de media 20 nuevos al día. Personal para gestionar esa acogida, y, especialmente, "dinero". Se aproxima a las demandas de Génova, pero Vivas rehuye polemizar bajo el argumentario y sí por encima de las siglas. A ello, añade la demanda de soluciones estructurales, que pasan por la actuación en origen.

La próxima semana, al finalizar la gira africana de Sánchez, se espera algún movimiento del Gobierno en materia migratoria, al menos como presión al PP. Coincidirá con la entrada en septiembre y el inicio del nuevo ciclo de sesiones parlamentario. Solo en 24 horas han llegado a Canarias 500 personas en cayucos.