El dato que pone en evidencia la demagogia del debate migratorio: España, quinto de la UE que más deporta

El debate migratorio nacional avanza hacia términos puramente discursivos, en plena crisis de llegada de cayucos a las costas Canarias, y por el paso de menores migrantes de Marruecos a Ceuta a nado. Sin alternativas más allá del encallamiento de posturas: la del Gobierno, con la reforma de la Ley de Extranjería sobre la mesa sin negociar con la oposición; la del PP, sorbiendo y soplando en este asunto, intentando mantener una postura de Estado y propositiva con trece sugerencias a implantar, quejándose de la ausencia de llamadas de Moncloa, pero ahondando en una postura más restrictiva en inmigración tras la ruptura regional con Vox. Mientras, los gobiernos de Fernando Clavijo en las islas y el de Juan Jesús Vivas en la ciudad autónoma, aguantan la presión y solicitan una vía de actuación unitaria, pactista y que implique a todos los actores nacionales y a la UE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que espera que la presión haga ceder al PP para desbloquear la modificación del artículo 35 de Extranjería, al menos con un compromiso de negociación futura o la introducción de enmiendas, ha quedado en una posición complicada en plena gira por África para reforzar los acuerdos de cooperación con Mauritania, Gambia y Senegal. Todo, con las deportaciones de migrantes irregulares como objeto de cuestión. Primero, tras defender el establecimiento de convenios para una migración regular y "circular" bajo la previsión del que la sostenibilidad del sistema de Bienestar demandará hasta 2025 hasta 250.000 trabajadores, el PP le acusó de fomentar un efecto llamada. El propio líder popular, Alberto Núñez Feijóo, se lo afeó por X.

Poco después, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, criticó a Sánchez por ir "al revés" de todos los países de la UE, como Alemania e Italia, que abogan por "deportaciones masivas". Para sorpresa de propios y ajenos, Sánchez, tras reafirmarse desde Banjul (Gambia) por la mañana, desde Dakar (Senegal), por la noche, apuntó que todo migrante irregular [los menores son una excepción por ley] debe ser deportado como fórmula de desincentivación para las mafias que promueven las rutas. Ello, sin ser ambas demandas incongruentes, consideran los socialistas. Eso ha hecho saltar al PP, quien considera que las declaraciones son tachadas de xenofobia por el PSOE cuando se dice desde sus filas, pero no cuando lo opina Sánchez. Además, piden que se disculpen. El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha sido el encargado de fijar postura al respecto y de desmentir que, más allá de un comentario, su partido quiera deportaciones masivas. Pero en el PP sí abogan por esas expulsiones ordinarias. Porque al comentarlo Sánchez, Tellado mencionó que "cuando rectifica, acierta". Ante el relato de que no se producen, las cifras de Eurostat distan.

Hilado con el asunto, las declaraciones de Sánchez desde Senegal han hecho saltar a uno de sus socios de Gobierno externo: Podemos. Su secretaria general, Ione Belarra, le ha hecho una advertencia clara por X: si aboga por las deportaciones, dejarán de respaldarle en el Congreso de los Diputados. "Las personas en situación administrativa irregular no están así porque quieren, sino porque no hay otra alternativa para migrar. Si Sánchez compra todo el argumento racista de la derecha, nos tendrá tan enfrente como ellos", escribió.

La socia prioritaria de Gobierno de Sánchez, Yolanda Díaz, no sé quedó atrás, aunque solo remarcó "el error" que supone acceder a esas "recetas". "Seguir las mismas recetas en migración que la derecha es un fracaso y un error. Nuestras políticas tienen que ser de acogida y de solidaridad, no de deportaciones masivas. Hablamos de derechos humanos", trasladó Díaz.

Las cifras que recoge Eurostat sobre migración, en concreto de deportaciones de extracomunitarios de la UE, contradicen la ausencia de medidas del Gobierno que agitan los populares, pero también dejan sin base a los morados en su respaldo al Ejecutivo. Porque, lejos de las declaraciones de Sánchez, España ya es uno de los países que más deporta en el espacio común. De hecho, el récord más reciente se produjo a principios de 2023, cuando los morados compartían, bajo Unidas Podemos, coalición en Moncloa con el PSOE.

Actualmente, de acuerdo con los datos del último estudio de Eurostat, España ha sido, en el primer cuatrimestre de este año, cuando mayor presión migratoria ha habido, el quinto país europeo que más deportaciones ha efectuado. Si bien Alemania ha efectuado más, en un endurecimiento claro de la tendencia por parte del canciller socialdemócrata Olaf Scholz ante el auge de la ultraderechista AfD, la diferencia con España es de 1.400 personas. El Gobierno español sí está deportando más que la Italia de Giorgia Meloni, que en el primer cuatrimestre quedó en el decimoprimer puesto de 27. La tendencia italiana en el periodo analizado es estable a excepción de septiembre a diciembre de 2023, cuando soportó el mayor número de llegadas a sus costas. De hecho España, desde que se agravase la crisis de cayucos canaria a finales del año pasado, incrementó la tendencia de los 800 a esos más de 2.500 expulsiones.

Si diferenciamos los países con economías más desarrolladas en Europa, España supera a Austria, Países Bajos, Bélgica y zonas nórdicas como Dinamarca y Finlandia. Con creces a Portugal, igualmente, que solo ejecutó 15 expedientes. Países con un ritmo estable y más definido de expulsiones. Sin los altibajos españoles como reflejan los datos. Francia, además, supera a Alemania este último periodo, con 4.205 salidas. En el caso de España, en solo los cuatro primeros meses de 2024, ya se está al borde de superar las deportaciones de 2021, 2022 y se alcanza algo menos de la mitad de las de 2023.

Si atendemos a los países origen del mayor número de deportaciones españolas, Marruecos supone el 21,07% de las mismas, seguido de Colombia con el 10,54% y Argelia con el 6,16%. Respecto al origen de las personas que están arribando en estos meses por la ruta canaria, del Sahel, España apenas ha efectuado un centenar entre nacionalidades como la marfileña, guineana, maliense, mauritana, senegalesa o gambiana. Otro asunto son las órdenes de deportación a la espera de tramitarse y efectuarse: España ocupa la mitad de la tabla, en el decimotercer puesto, superado por esas economías mayoritarias y con diferencias notables. Francia tiene pendiente 34.190, la mitad Alemania. Millar y medio son las que España tiene por definir. Es un tercio en comparación con el primer cuatrimestre de 2023 y la mitad del de 2022.

A estos datos se une las complicaciones legales a las que se enfrenta un Estado miembro para proceder a las deportaciones, pese a que la legislación europea brinda ese derecho salvo si hay persecución de migrante en su lugar de origen o con la devolución se pone en riesgo su vida, por ejemplo, ante una guerra. Según datos de Frontex, una mayoría importante de deportaciones se perfilan por la voluntariedad de los afectados. Otras se enquistan en procesos judiciales o diplomáticos. Hay países de origen que las rechazan. Alemania e Italia acumulan notables casos de problemas legales para efectuar esas salidas. Las deportaciones requieren pasos previos como el reconocimiento o la evaluación de la situación del migrante.

España, a la cola en el reconocimiento de asilo

Según el último informe anual del CEAR respecto al reconocimiento de asilo, presentado a mediados de junio, España está a la cola en la UE. Se cuestiona el sistema de cita y el fomento de una compraventa de las mismas en el mercado negro. Las autoridades solo resolvieron el 12% (11.000 de 88.000 demandas) de las solicitudes presentadas, una de cada diez. Frente a ello, la media europea es de cuatro. Las españolas suponen casi un sexto del total europeo. Grecia y Alemania son las que más resuelven.

Alude igualmente a datos de Eurostat y del Ministerio de Interior. Nuestro país si que ofrece más asilo por razones humanitarias. El doble que Italia. En su mayoría, cabe destacar, el asilo humanitario demandado a España procede de Latinoamérica: de Venezuela, Colombia y Perú.

El Gobierno, en todo caso, deberá perfilar qué política migratoria quiere en los próximos meses. La postura de Estado, de solidaridad en equilibrio con lo regular y el orden, siguiendo los cauces legales, une las visiones de socialistas y populares pese a todo, incapaces de establecer canales de diálogo. Las relaciones están muy erosionadas por la amnistía, el cerco del PP al entorno de Sánchez y al presidente por las investigaciones parlamentarias y judiciales que radican en el caso Koldo y Begoña Gómez, o a cuenta de la financiación de Cataluña. Sumar insta a Sánchez a posicionarse del lado de políticas progresistas, y le pide que el primer paso sea abordar ya en el Congreso la regularización de medio millón de personas que ya trabajan en España y que está pendiente desde principios de año.