El Ministerio del Interior ha publicado una oferta de más de 13 millones de euros para contratar servicios de interpretación y traducción que actúen como refuerzo de las unidades la Policía Nacional en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y en Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) donde se alojan los migrantes que cruzan la frontera. Distintos portavoces de los sindicatos policiales lamentan la tardanza de las medidas de refuerzos que tachan de "parches" y reclaman al ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, que incremente los efectivos en Canarias, Ceuta, Melilla, Baleares y el Aeropuerto de Madrid, principalmente.

El contrato todavía no ha sido adjudicado a ninguna empresa, pero estará co-financiado con el Fondo Europeo de asilo, migración e integración y pretende extenderse hasta 2027. Interior busca un "servicio de interpretación de declaraciones orales y traducciones escritas en lenguas distintas al castellano" para asistir en las instalaciones "destinadas a atender las necesidades producidas por inmigrantes en situación irregular", según el propio escrito, hecho público a principios de este mes en el portal de contratación.

En este documento, el departamento que dirige Marlaska reconoce que el incremento de personas extranjeras ha "sobrepasado las previsiones", pero distintas voces de la Policía Nacional se quejan de que llevan tiempo advirtiendo que la situación está al borde del colapso. "Llevamos reiterando desde hace muchísimo tiempo la necesidad de aumentar de forma permanente los puestos de trabajo. De forma permanente", reitera Laura García, portavoz de Jupol. "No sirve de nada poner parches. Van a venir más pateras porque vienen en masa", relata a El Independiente.

En lo que llevamos de año han llegado a España 31.155 personas, lo que supone un 66% más que en el mismo periodo de 2023 (18.745), según datos del Ministerio del Interior. De estos, la gran mayoría lo ha hecho por la vía marítima, un total de 29.512. Y en estas cuentas falta todavía sumar la segunda quincena del mes de agosto en la que no han parado de llegar migrantes a las costas españolas.

El trabajo de la Policía se inicia desde ese momento, desde el principio. Ellos son los encargados de la tramitación de expedientes de expulsión, de la instrucción de diligencias, de labores de identificación, de traducción de documentos, etc. Interior reconoce en este documento interno que esta labor se ha ido "multiplicando en los últimos años" y este aumento "ha provocado que los servicios de interpretación prestados directamente por el personal laboral adscrito a la Dirección General de la Policía resulten insuficientes". Por ello, el departamento de Marlaska ha decidido contratar a una empresa externa.

Precisamente, este ha sido uno de los gritos de auxilio que el Colegio de la Abogacía Madrileña (ICAM) dio la pasada semana ante el escenario de saturación de las salas de asilo en el Aeropuerto de Adolfos Suárez-Barajas de la capital. "Lo ideal sería que el traductor estuviera presente en la sala donde atendemos [los abogados], pero ahora en ocasiones, se hace mediante traducción telefónica", relató a este periódico Juan Manuel Mayllo, el letrado responsable del turno de oficio del ICAM. Ellos deben comunicarse y prestar asistencia jurídica a todos los que llegan desde países africanos que, en muchos casos, no saben hablar español.

Esta inyección económica del Ministerio se divide en distintos lotes para reforzar con más dinero las áreas más afectadas (o de más población) como Madrid, Castilla-La Macha, Andalucía, Extremadura, Canarias, Ceuta y Melilla, pero se distribuye por zonas que cubren todo el territorio español. El número de intérpretes más voluminoso deberá ser el que hable inglés y árabe dialectal. El segundo escalón lo formarán los que hablen francés y rumano; y el tercero portugués, ruso y urdu/paquistaní. Además, buscan que los lotes se completen con el alemán, italiano, polaco, chino mandarín, turco, búlgaro, húngaro, ucraniano y persa/iraní.

Más policías y más claridad del Gobierno

Los sindicatos policiales han emitido diversos comunicados en los últimos meses para pedir al Gobierno que reaccione ante la oleada de llegadas masivas que se espera que incremente en otoño cuando el mar esté más en calma que en esta época del año, y el tiempo sea propicio para hacer largas horas en barcas desde África a Canarias.

"La situación está mal. Creemos que el Ministerio del Interior reacciona tarde y mal a la hora de pedir recursos y medios humanos. A nivel infraestructuras es necesario crear donde no existen, por ejemplo en Ibiza, Centros de Atención Temporal para Extranjeros (CATE)", explica David Pola, portavoz de la Confederación Española de Policías (CEP). En conversación con este medio, explica que este es el "sitio primordial" para poder atender a los migrantes de forma adecuada y custodiarlos de forma segura sin colapsar sus instalaciones.

En esa isla de Baleares, según explica, los que llegaban hasta ahora se trasladaban a una comisaría de Policía. "Las infraestructuras no están diseñadas para que entren 60 personas de una vez. En un CATE se pueden asear, duchar, hacen su labor las ONG, los policías podemos trabajar, hacer la reseña policial, tomarles las huellas...", detalla.

La situación en Canarias es todavía más dramática, porque allí se centran las llegadas más masivas del último año. "En Canarias están forzando a los agentes a viajar de una islas a otras para trabajar. Los policías sabemos que hay situaciones extraordinarias en las que hay que abandonar a la familia, pero el tema de la migración va en aumento en los últimos años no es algo circunstancial de estos meses", dice en relación a que no existe un plan a largo plazo.

En esa misma línea se manifiesta Laura García, de Jupol: "He hablado con los delegados de Canarias y están completamente desbordados sobre todo los que se encuentran en El Hierro. Solamente hay cuatro policías durante el día y la tarde en el CATE para atender y custodiar a cientos de personas que se encuentran allí. Estos mismos policías son los que si llega una patera la tienen que recepcionar".

Cientos de migrantes entraron a Ceuta nadando de forma irregular en la última semana. Un escenario del que también se quejan los efectivos porque dicen que, en muchas ocasiones, no saben cómo actuar. La Unión Federal de Policías (UFP) ha denunciado que un agente fue herido el pasado fin de semana por una pedrada que un bañista le tiró cuando estaba en las labores de rescate de migrantes. El funcionario permanece de baja ante la gravedad de la lesión por la que le tuvieron que poner grapas en la cabeza.

El secretario general de la UFP evoca otro capítulo de hace más de diez años: "Yo recuerdo que en el año 2014 hubo 14 muertos [personas que intentaron llegar a España], cierto, pero también hubo 15 guardias civiles procesados hasta 2019 por lanzar salvas al aire para evitar que entraran". Por eso, explica que la Policía en ocasiones no sabe cómo actuar. "Nuestra labor es primero evitar que entren y, luego, una vez entran, ayudarles. La pregunta es: ¿Qué hacemos allí? ¿Qué protocolo seguimos? ¿A qué nos atenemos?", se pregunta.

Algunas fuentes policiales en Ceuta describen la situación como muy grave, con entradas prácticamente diarias a nado o por el espigón que separa el territorio español de Marruecos. En este sentido, Giraldo es muy claro: "¿Por qué España no señala internacionalmente a Marruecos? ¿Es natural que un país permita que decenas de migrantes pasen a nado a otro? Y muchos de ellos son menores.... ¿Qué apoyo jurídico tenemos de Marruecos para que estos menores vuelvan con sus familias, que es donde tienen que estar?".