“Injusticia intrínseca” e “interpretaciones forzadas o artificiosas”. Así se manifiesta Pedro Sánchez, a través de la Abogacía General del Estado, contras las actuaciones del juez Juan Carlos Peinado en el caso de su esposa, Begoña Gómez.

El presidente del Gobierno ha ampliado la querella por prevaricación contra el juez en la causa que instruye contra Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La Abogacía General del Estado presentó el jueves, en su nombre, un escrito en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que solicita ampliar la querella por prevaricación judicial que interpuso contra el juez porque considera que practica una “injusticia intrínseca” y realiza “interpretaciones forzadas o artificiosas”, según adelanta El País y recoge la Agencia Efe.

La Abogacía cuestiona las “interpretaciones forzadas o artificiosas” del magistrado, que sostiene que se pueden sacar “conclusiones” del “silencio” de Sánchez.

En el citado escrito se recalca que "lo verdaderamente buscado con estas actuaciones en todo lo que atañe a la Presidencia del Gobierno es darle una publicidad que precisamente es incompatible con el régimen de toma de declaración en estos casos y no la eficacia procesal o investigación alguna, partiendo de inferencias donde no puede haberlas o haciendo interpretaciones forzadas o artificiosas de preceptos legales o principios procesales".

En esa línea, se ha incidido en que el juez Peinado lo hace "hasta el punto de convertir un derecho procesal de ciertos testigos en una fuente infundada de inferencias con efectos procesales, con mención indirecta para ello de una doctrina en absoluto aplicable al caso y que contraviene la de la institución de la dispensa de declaración", según informa Europa Press.

La Abogacía del Estado ha remarcado que "el conjunto de decisiones y providencias que por acumulación si no contradicen abiertamente cualquier interpretación lógica de la ley, tienden a forzar la puesta a disposición de las partes de una grabación que no debió existir (porque la declaración debería ser escrita y de ser oral, no debería existir al ejercerse la dispensa, cuya prueba se hace por diligencia del secretario) no hacen sino refrendar la orientación de toda este intento de diligencia instructora hacia su difusión mediática, no hacia su eficacia procesal, refrendándose así el planteamiento de nuestra querella".

Derecho a no declarar

El pasado 30 de julio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se acogió a su derecho a no declarar contra su mujer, Begoña Gómez, ante el juez que la investiga por presunto tráfico de influencias e inmediatamente interpuso una querella contra el magistrado, Juan Carlos Peinado, por prevaricación.

Sánchez, en una declaración que duró dos minutos en el Palacio de la Moncloa, simplemente ratificó que la investigada es su mujer y que, por tanto, se acogía a su dispensa a no declarar en contra de ella, como le permite la ley.

Poco después, la Abogacía del Estado, en representación de la Presidencia del Gobierno, que ostenta Sánchez, presentó una querella ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra Peinado por un presunto delito de prevaricación judicial.

Resoluciones "injustas"

La querella pedía al TSJM que investigue al magistrado al considerar que dictó "a sabiendas" varias resoluciones "injustas" y contrarias a lo dispuesto en la norma, ya que atendían a "convicciones propias" que "se apartan de su deber investigador".

Al día siguiente, el presidente del Gobierno defendió la querella por prevaricación presentada por la Abogacía del Estado contra el juez Peinado porque "se han atropellado derechos" reconocidos a la institución de la Presidencia del Gobierno desde 1886.

En la rueda de prensa de balance del curso político, Sánchez tachó de "montaje" la sucedido cuando Peinado acudió a la Moncloa para tomarle declaración como testigo, y calificó de "absolutamente patético y bochornoso" ver a las "asociaciones ultraderechistas -Vox, Manos Limpias y Hazte Oír- pelearse", por ver quién accedía al Palacio.

Tres días después de esta querella, Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, también se querelló por presunta prevaricación contra el juez que la investiga al considerar que ha adoptado decisiones "arbitrarias y manifiestamente injustas" y "ha forzado" las normas en una instrucción "perversa".

El silencio del presidente del Gobierno

El abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investigue al magistrado por presuntos delitos de prevaricación, revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y revelación de secretos por funcionario público.

El pasado 22 de agosto el juez Juan Carlos Peinado dijo en una providencia se pueden sacar "conclusiones" del "silencio" del líder del Ejecutivo cuando se negó a declarar ante él en Moncloa como testigo.

Dijo que su "silencio" es "legítimo" pero que, "como es bien sabido, permite dar lugar a la formación de inferencias, que, en su caso, en conjunto con otros elementos de carácter objetivo, puedan llevar a conclusiones de carácter objetivo, al objeto de valorar la posible concurrencia de aspectos integrantes, de posibles indicios, bien en sentido inculpatorio hacia algún investigado o, por el contrario, en sentido excluyente de responsabilidad penal".