El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la "jubilación forzosa por edad" del mediático juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. En el que ha sido su juzgado de instrucción, el número 6, durante los últimos siete años de su larga carrera profesional, deja casos todavía pendientes de terminar como el 'caso Tándem', sobre el comisario José Manuel Villarejo, o 'Púnica', sobre la corrupción del PP de Madrid. El togado que sea su sustituto tendrá que poner punto y final a algunas de las causas que más titulares han copado en España.

La publicación del BOE hace efectivo el acuerdo adoptado el pasado 20 de junio, cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) todavía lo presidía Vicente Guilarte. El magistrado, que tomó la decisión de adelantar unas semanas su jubilación, cumplirá 72 años el próximo 16 de octubre, que es la edad máxima recogida en la Ley para llevar la batuta de un juzgado.

García Castellón se encuentra tranquilo, según fuentes de su entorno, tras este cambio de vida con el que deja atrás una larguísima travesía judicial cargada de causas mediáticas y de polémicas decisiones que han enfadado a los líderes independentistas, a miembros del Gobierno o al exvicepresidente Pablo Iglesias, entre otros. Fue él quien elevó un suplicatorio al Tribunal Supremo para imputar al líder de Podemos por el 'caso Dina'; o quien escuchó al otrora jefe de la Inteligencia militar venezolana, Hugo Armando Carvajal (alias 'El Pollo') para abrir una investigación por la financiación de Podemos. El alto tribunal le devolvió la pelota y no imputó a Iglesias; y la Sala de lo Penal lo corrigió archivando la causa contra el partido morado. Pero el juez ha seguido instruyendo cada una de las causas seguro de los pasos que iba dando y denunciando lo que consideraba injerencias políticas.

Llegó a la Audiencia Nacional en 1993, en sustitución de Baltasar Garzón. Allí ordenó la detención del banquero Mario Conde o instruyó el asesinato por parte de ETA del exconcejal del PP Miguel Ángel Blanco. En 2000 se marchó a Francia como juez de enlace. Vivió 12 años en París y cinco en Roma hasta que en 2017 regresó a la Audiencia Nacional para llevar las riendas de los casos más populares en ese momento.

Su jubilación ha sido algo agridulce, después de que el pasado mes de julio tuviera que interrumpir sus vacaciones para archivar de urgencia Tsunami Democràtic. García Castellón había puesto mucho empeño en esta investigación que evidenciaba la existencia de una plataforma tras los disturbios de Cataluña de octubre de 2019 en cuya cúspide estuvieron presuntamente Marta Rovira o Carles Puigdemont. El Gobierno, incluso, cambió el paso de la Ley de Amnistía al dictado de las resoluciones que iba firmando el magistrado, acusándolo de oportunismo y de estar haciendo política con la toga. García Castellón acusaba de delitos de terrorismo a la organización y el Tribunal Supremo avaló su actuación, pero un error en el Juzgado con los plazos de la prórroga dio al traste con todo.

Los flecos que quedan pendientes

Una vez resuelto Tsunami Democràtic, el juzgado ha ido perdiendo el foco mediático en el último año con respecto al resto de temas. Otra de los casos más relevantes respecto de los independentistas era la que mantenía imputados a los miembros del Comité de Defensa para la República (CDR), pero el juez terminó la instrucción y ahora está pendiente de si se le aplica o no la amnistía.

Quedan vivos, por tanto, asuntos relacionados con el comisario Villarejo, si bien el grueso de ellos están prácticamente terminados. El relacionado con Repsol y CaixaBank, el de Iberdrola, el de BBVA o el 'caso Kitchen' están pendiente de fecha para juicio. El juez que sustituya a García Castellón se encargará de las pequeñas piezas separadas sobre encargos concretos al comisario más familiares o de empresas menores.

Sobre la corrupción del PP, permanecen abiertas algunas piezas en casos como Púnica o Lezo, pero ya no queda imputado ningún político de renombre como lo estuvieron las expresidentas de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre. Además, el magistrado impulsó una batería de reapertura de investigaciones sobre ETA para incriminar a la cúpula de la banda terrorista, aunque el crimen ya tuviera autores materiales condenados. En este sentido, el togado que llegue tendrá que hacerse cargo del caso de Miguel Ángel Blanco y del atentado de Santa Pola en 2002.

En este juzgado se encuentra también la causa contra el exjuez Fernando Presencia que está en prisión acusado de cobrar dinero por interponer querellas contra políticos, fiscales y magistrados con información falsa.

El CGPJ tendrá que sacar la plaza a concurso y los rumores que corren en la Audiencia Nacional es que el vecino de despacho, Santiago Pedraz (titular del Juzgado de Instrucción número 5), tiene intención de presentarse para conseguir consolidar su plaza. Fuentes cercanas a él, en cambio, lo niegan. En cualquier caso, liderar uno de los seis juzgados investigadores del órgano es siempre una actividad muy codiciada entre las togas y muy revisada por los partidos políticos que miran de reojo por lo que pueda salpicarles.