El PP ultima los detalles del cónclave que reunirá el viernes 6 de septiembre en Madrid al líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, y a sus barones con cargo de presidentes autonómicos. Fuentes del partido sitúan el encuentro en torno a las once de la mañana al norte de la ciudad, en el complejo La Nube de Pastrana que se ubica en el distrito de Chamartín. Allí desde Isabel Díaz Ayuso a Juanma Moreno abordarán con el dirigente gallego uno de los temas cruciales de este segundo año de mandato de Sánchez, fijado como "prioritario" por los populares en la sede nacional de Génova: la financiación autonómica y el rechazo al cupo catalán. La idea es abordar la cuestión, consensuar una postura aunada y salir con ella contra el pacto fiscal que se plantea para Cataluña como contrapartida a la investidura de Salvador Illa y el voto favorable de ERC.
El debate interno, al que fuentes populares afirman que todos acuden con compromisos similares, llega como primer gran evento para el PP en este nuevo curso con unas declaraciones contundentes de Feijóo este lunes. Se opone a la condonación simultánea de las deudas regionales al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como una forma del Gobierno de equiparar el acuerdo alcanzado con la fuerza republicana catalana para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. De 15.000 millones. Concretamente, el dirigente popular rechaza que "aquellos asuntos que son claramente multilaterales" no pueden abordarse "en ningún caso" mediante "la bilateralidad". Y en esas se pronunció el vicesecretario de Economía popular, Juan Bravo, quien está negociando con los territorios una propuesta común que presentar al Gobierno, ante su "inacción", para tratar a "multinivel" la financiación territorial.
Con todo, preguntados por ello, fuentes de la formación no se atreven a descartar que los puntos de coincidencia no puedan derivar posteriormente en casos en los que primen los intereses regionales a los del partido. Es decir, que alguno de los barones del PP al frente de gobiernos autonómicos decidan abrirse a negociar con el Gobierno condonaciones de deuda.
Sobre todo, ante una postura inmovilista desde Moncloa, más dispuesta a la bilateralidad que a negociaciones dinámicas por la complicación de estructurar consensos. La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, señaló al Consejo de Política Fiscal y Financiera a finales de agosto, ejemplificando que la cita multilateral no permitió consensuar un voto común favorable a la misma. Salió adelante sorteando el veto del PP en el Senado como enmienda en la Ley de Paridad.
Las dudas se trasladan en seno popular, aunque sin incidir en ellas para reforzar la idea de frente común, cuando se menciona los posicionamientos aparentemente favorables por parte de comunidades ahora de signo popular como la Comunidad Valenciana que gestiona Carlos Mazón. La declaración de intenciones de éste u otros barones han sido constantes en los últimos años y recientemente. Tanto públicamente como en privado. En el caso valenciano, la región más infrafinanciada, aumenta año a año su deuda y está a la cola de políticas sociales por habitante. Por lo que una propuesta de condonación, proclive por la dependencia del Gobierno de partidos como Compromís dentro de Sumar, se antoja factible. La deuda valenciana alcanza los 1.500 millones en ese caso, y ante la imposibilidad de que pueda emprenderse una negociación con el Ejecutivo, nadie se atreve a descartar esa posibilidad de pacto aislado. Moreno Bonilla, aunque crítico con la condonación catalana, si pidió a finales del año pasado un "fondo de compensación" para paliar esa cesión al independentismo que, ante una propuesta próxima de Montero, andaluza, puede, igualmente, ser tentadora.
Desde el PP, rehúyen abordar este debate dejando constancia de que por encima de todo, el compromiso de reforma del sistema de financiación autonómica es compartido por todos. Incluido por Mazón. Algo que el propio president ha recalcado en notables ocasiones. Moreno Bonilla aqueja los problemas financieros de la comunidad ligados al pasado sistema, además. Y en eso, dicen, están en este momento, en organizar una respuesta consensuada sin atender a futuribles que no se han dado. Así se posicionaba Bravo desde Génova este lunes. "Lo que tenemos claro es que la negociación bilateral de condonación con ERC no es correcto" porque "en ningún caso soluciona" los problemas de las "cuentas públicas". "Por eso nos oirán defender un nuevo sistema de financiación". "Es el objetivo", añadía, asegurando que "la condonación podrá entrar en esa reforma" al producirse. Porque "ningún presidente se conforma" solo con ella.
Génova llama a abordar de forma multilateral la financiación autonómica
En esa línea, de cara al viernes y para llegar bajo el paraguas de la unidad, se pronunció el presidente gallego Alfonso Rueda. Tras cifrar la semana pasada las pérdidas de su comunidad en 444 millones de euros a consecuencia de esa singularidad fiscal, Rueda hizo un llamamiento a abordar de forma común este asunto. "Entre todos" los presidentes autonómicos y junto al presidente del Gobierno antes de hablar sobre una eventual condonación de la deuda. Del lado de Feijóo, y de producirse, Rueda dice que no caerá "en ese intento" de "ir hablando unilateralmente de esos temas económicos" sin consenso. Porque lo que se busca es que "acabemos admitiendo algo admisible como algo normal", dijo refiriéndose al concierto catalán.
Una conferencia de presidentes "alternativa"
La escenificación de esa unidad se hará el viernes en la reunión en lo que, según fuentes nacionales del PP, puede calificarse un encuentro "alternativo" de presidentes. "Contamos con catorce de diecisiete y dos ciudades autónomas", lo justifican. Los objetivos del PP son claros de cara a él. El primero es seguir demostrando ese rumbo unitario ante cualquier intento divisorio del Ejecutivo. Insistir en el manifiesto de presidentes de la semana pasada. Es más, desde Génova se ha incitado a que ese rechazo político que "también lo comparten algunas federaciones del PSOE" se materialice en el Congreso con el veto de los diputados que la representan de llegar una propuesta firme. La segunda pretensión es sentar unas bases comunes por escrito que presentar socialmente. Y aunque se descarta que puedan darse propuestas con concreción de cifras, sí se auguran unas líneas generales sobre un papel.
Bravo, en declaraciones públicas, entrevistas y este mismo lunes, incidió en algunas de ellas. La multilateralidad y crear un fondo transitorio hasta que se llegue a ese nuevo sistema para suplir al de 2009 vigente, y caducado desde 2014. También reducir los plazos de liquidación de dos a un año, considerar la dispersión geográfica de la población, su envejecimiento y los costes de la prestación de los servicios sociales. A ello se añaden otras como la cogestión de los fondos europeos.
Lo cierto es que frente a estas pretensiones, abordar conjuntamente el asunto de la financiación puede dar pie a intereses contrapuestos entre iguales. Como ya publicó El Independiente, hay al menos tres facciones dentro del PP en cuanto a intereses de financiación. Las que consideran que están infrafinanciadas como Valencia, Murcia y Andalucía. Las que también lo creen y se enfrentan al reto de la despoblación, como Galicia, Castilla y León, Extremadura y Aragón. Y las más ricas, como Madrid y Baleares. Las primeras demandan establecer coeficientes que fijen el coste del servicio por habitante. La segundas hablan del envejecimiento local y la "dispersión" que si alude Bravo, y las terceras, quieren que se tenga en cuenta el principio de ordinalidad fiscal. Que se de en función de lo que se reciba. El problema es que, en base a las demandas de igualdad fiscal y equidad, es complicado encontrar puntos en común. En el PP insisten, "habrá que ceder y conformarse con el 80% y no el 100% de las peticiones".
La idea del PP, en conjunto, es la de presentar una base para establecer diálogo con el Gobierno. Se le reprocha a Moncloa la ausencia de intencionalidad y de iniciativa para abordar el debate. Sobre todo, habiendo ostentado el control en la mayoría de comunidades a la par que el Gobierno central en antes del pasado ciclo electoral. Entre 2019 y 2023. Se quiere dar un paso público para enarbolar la bandera de partido útil y alternativa de Gobierno, en definitiva. Bravo, que viene trabajando con los consejeros autonómicos de Hacienda del PP, abonó en torno a ello su discurso de este lunes. Lo articuló como "una respuesta firme a la España de privilegios y agravios que quiere apuntalar el PSOE" basado en "cesiones a los independentistas" y "dependencia del Gobierno".
Este martes, a primera hora de la mañana, Feijóo se cita públicamente en un desayuno informativo organizado por Europa Press con el presidente aragonés, Jorge Azcón. Previsiblemente, el líder maño abordará este asunto.
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