El PP se niega a dejarse condicionar por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en lo que a política económica se refiere, y descarta que vaya a salir con una propuesta de financiación firme de la reunión que mantendrá Alberto Núñez Feijóo y sus presidentes autonómicos el viernes en Madrid. Este miércoles, en la comparecencia obligada de Montero en el Senado, a petición del PP y usando su mayoría tras no fructificar la demanda de llamamiento en el Congreso de los Diputados la semana pasada, la vicepresidenta primera retaba a los populares a presentarle a finales de semana un documento detallado con sus demandas para avanzar hacia un nuevo sistema de financiación, en pleno debate abierto por el pacto económico para un cupo catalán entre el PSC y ERC.

La demanda la lanzó Montero desde el hemiciclo de la Cámara Alta tras justificar la financiación singular de Cataluña como avance hacia el autogobierno, como recoge, dijo, el Estatuto de Autonomía de 2006. Y tras respaldar que la solidaridad territorial está garantizada, bajo el compromiso de equilibrio interregional, que la oposición cuestiona y genera propias reticencias internas, Montero resumió el rechazo de partidos como el PP como un mero interés de "inflar debates ficticios". Ofrezcan una "alternativa concreta" que respalden sus barones, pidió Montero a Génova, a quien acusó, sin mencionar comunidades [refiriéndose a Madrid o Andalucía] de hacer "populismo fiscal y deslealtad institucional" en una "carrera de rebaja de impuestos" para luego "pedir más dinero al Gobierno porque no les llega con la recaudación".

Fuentes del PP nacional apuntan a la probabilidad de que, como ocurrió hace dos semanas con un manifiesto de los presidentes autonómicos de su signo, del cónclave madrileño pueda salirse con un documento que publicar. Pero que aborde solo líneas generales. Sí avanzan que el "armazón" de la propuesta está constituido, pero falta por abordar aún mucho contenido y detallar las cuentas para presentar cifras claras. El diálogo entre el departamento de Economía del PP, que gestiona su vicesecretario, Juan Bravo, es permanente con las regiones. En concreto, con los consejeros de Hacienda. Él mismo desempeñó ese cargo durante su etapa en el primer Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno. Las líneas en torno las que puede radicar ese comunicado, de finalmente emitirse, las ha ido desglosando Bravo en las últimas fechas. Se habla de "multilateralidad", el requerimiento de reducir plazos de liquidación de dos a un año, y de la implantación de un fondo común para avanzar hacia el nuevo sistema. Pero también, a demanda de las regiones de interior: priorizar variables de dispersión de población, tener en cuenta el envejecimiento de la misma o los costes de la prestación de servicios para la distribución.

Ahora bien, más difícil será el planteamiento de un plan común cuando hay diferencias entre los presidentes de las comunidades con mayor PIB per cápita y las que se sienten infrafinanciadas. Sobre todo, cuando no queda claro la postura de partido en torno al principio de ordinalidad fiscal. Lo recoge el artículo 2 de la Constitución. Es decir, una proporcionalidad entre lo que aporta un territorio al fondo común y lo que se recibe. Poner límite, en definitiva, a la solidaridad fiscal. Territorios gobernados por el PP, como Madrid y Baleares, los más ricos en sus manos, lo reclaman, a diferencia de la Comunidad Valenciana, a la cola de financiación nacional. El acuerdo con ERC garantiza ese principio para Cataluña, algo que este miércoles tildó de "insolidario" el senador valenciano Gerardo Camps, para sorpresa de Montero. "Ahora están en contra", le espetó, dando cuenta del profundo debate que deben afrontar los conservadores. Junto a la Comunidad Valenciana, hacen piña Murcia o Andalucía, especialmente.

Montero rechaza las grandes cifras y pide al PP propuestas concretas de distribución de recursos

Bajo previsión de que el PP sorprenda con un documento de mínimos para marcar el paso al Gobierno, y a sabiendas de la dificultad que atañe estructurar en semanas un plan de ese calado, Montero presionó en su intervención. "Estoy deseando conocer cuál es la propuesta concreta, de distribución de recursos" y "no de grandes cifras", exigió la vicepresidenta. Este posicionamiento no gusta en Génova. Ya vienen dando cuenta de ello desde estas fechas atrás, porque cuestionan que no debe ser el principal partido de la oposición quien inicie el debate de financiación ante un sistema obsoleto, mostrando sus propuestas, sino que es Moncloa y Hacienda quien "tiene que mover ficha". Pese a ello, el compromiso de cifrar al detalle está garantizado, reivindican.

El PP ultima los detalles de ese cónclave, que transcurrirá previsiblemente en las instalaciones del Complejo de los Duques de Pastrana, en el distrito de Chamartín. Un lugar conocido para su hasta hace poco rival de espacio, Ciudadanos, donde se conjuró en enero de 2023 para intentar reflotar, sin éxito en vista a los resultados del último ciclo electoral, la marca. El encuentro comenzará en torno a las once de la mañana del viernes. Feijóo cita a sus 14 presidentes y a los representantes de las dos ciudades autónomas: Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Rueda, Moreno Bonilla, Fernando López Miras, Carlos Mazón, María Guardiola, Jorge Azcón, Alfonso Fernández Mañueco, Gonzalo Capellán, María José Sáenz de Buruaga, Marga Prohens, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda. No se descarta la presencia del vicepresidente canario, del PP, Manuel Domínguez.

Ante las prisas de Montero, lo que el PP apunta a plantear es una contraoferta de renovación del modelo [aprobado en 2009] caduco de financiación, que arrastra la necesidad de reforma desde 2014. No hay presión, en definitiva, se reconoce. Más tras el manifiesto de barones publicado por Génova. Y sobre todo cuando, al menos de momento, no hay disidencias ante globos sonda como puede ser una condonación de la deuda generalizada y mediante pactos bilaterales, lanzado por Montero a finales de agosto. Quieren dejar constancia de un modelo "de reparto de fondos", unas directrices de "principios" a tener en cuenta.

El objetivo es el de renovación para las comunidades del PP, lo contrario, han recalcado algunos barones, son "parches". Frente al cupo catalán, Rueda cifró en 444 millones de euros las pérdidas para Galicia. 233 millones en el caso de Azcón en Aragón, como primeras conclusiones de un estudio que se publicará "en semanas" desde la Hacienda regional. Ahora "lo importante son los principios, no los criterios", dijo Azcón el martes, en un desayuno informativo. El horizonte para el PP es claro en cuanto oposición al concierto catalán. Sobre todo tras la salida al paso de Junts y ERC en la comparecencia de Montero. En el Senado, y como réplica ante el intento de la socialista por reivindicar que no se extingue la solidaridad con el acuerdo, los neoconvergentes le instaron a confirmar que el acuerdo sí se trata de un concierto. De lo contrario, habrá "game over" al Ejecutivo, retirándoles el pacto. "Solo eso ha quedado claro. Del resto nada", cita una fuente popular del Senado. "Habrá que ver si los barones socialistas llegan al comité federal del sábado con las dudas resueltas", añade en tono jocoso remarcando la oposición hasta la fecha de federaciones como la asturiana o la aragonesa.

Recelo ante los últimos movimientos de Sánchez

Mientras Montero comparecía en el Senado, Sánchez arrancaba curso político con una intervención desde el Instituto Cervantes con varios compromisos para rebajar la tensión desde los territorios a raíz del acuerdo con ERC. Por un lado, anunciaba "más recursos" autonómicos, de los que recela el PP. "No tiene credibilidad" y está "en manos de otros", le replicó desde Génova la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, al poco tiempo de su intervención. Y por otro lado, ha invitado a los barones territoriales a reunirse con él en la Moncloa y abordar bilateralmente el tema de la financiación. Algo lanzado en la víspera del encuentro popular, con objetivos de desestabilización. A ello, la popular respondió, nuevamente, con una demanda de la Conferencia de Presidentes para abordar multilateralmente el debate.

Para dirigentes autonómicos como Mazón, el más damnificado por la infrafinanciación, los mensajes lanzados por Sánchez son "cortinas de humo", alejando la posibilidad de entrar al trapo a la larga, con esos acuerdos bilaterales, si la negociación con el Gobierno no arranca. Mantiene la línea de Feijóo marcada el lunes, de rechazo a negociaciones aisladas por cada territorio. Aunque "sin caudillismos", dijo. Génova no quiere abrir este debate y sí priorizar el frente común contra el Ejecutivo. Aunque el temor a disidencias si no se llega a buen puerto ninguna negociación, es patente.