El diálogo abierto entre Moncloa y Génova tras la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) queda roto tras el anuncio del nombramiento del actual ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, como gobernador del Banco de España. Los populares consideran que con su elección el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado por la vía de la imposición y no del entendimiento, por lo que la decisión afectará de igual manera a otro cuatro cuestiones que estaban encima de la mesa desde finales de junio, cuando el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, rubricaron en Bruselas el acuerdo de desbloqueo judicial.

En concreto, a la designación de un nuevo gobernador del Banco de España tras el cumplimiento de mandato de Pablo Hernández de Cos, así como de su segundo, se unían otras negociaciones. Es el caso de nombramientos clave en la cúpula de la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la renovación del consejo de administración de Radio Televisión Española (RTVE), así como la elección de miembros de la Comisión Nacional de Energía, de nueva creación. Falta por saber si queda afectada también el compromiso de actualización de la Junta Electoral Central (JEC), cuyo acuerdo entre Gamarra y Bolaños se frustró a principios de julio por intermediación de Miguel Tellado, el portavoz parlamentario del PP.

La designación de Escrivá para el cargo no ha gustado nada a los populares, que ven como una tradición no escrita, como era la elección consensuada entre partido de gobierno y principal partido de la oposición, se ha fracturado. Sánchez, a su juicio, ha priorizado el interés particular, al criterio de "independencia" puesto por delante desde el comienzo de las conversaciones. Un principio similar a pactado por Bolaños y Pons para el desempeño de funciones en el CGPJ.

Pese a que también era costumbre que el partido de la oposición consensuase con el Gobierno el cargo de subgobernador, el PP rechaza aprovechar el margen para hacer un nombramiento. La razón, no quieren "blanquear a Escrivá", trasladan fuentes de Génova a El Independiente. "Si con el gobernador no cuentan con nosotros, tampoco lo harán para el resto", inciden, replegando el aparente acercamiento a la dinámica de acuerdos de Estado pero, a la vez, reforzando la tesis de que es el Ejecutivo el que dinamita y el que demuestra que no hay interés en aproximarse a Alberto Núñez Feijóo.

La encargada de desplegar ese diálogo hasta la fecha era su número dos, la secretaria general, Cuca Gamarra. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, era su interlocutora. Preguntado por ello, el entorno de Gamarra replica la postura comentada. Insisten en que no contribuirán "al blanqueamiento de poner a un ministro de gobernador" cuando Moncloa "ya sabía desde el inicio de las conversaciones que no aceptamos que se pueda pasar del Consejo de Ministros" a ese cargo o "a dirigir un organismo independiente".

Desde el ascenso de Feijóo al liderazgo del partido en 2022, y especialmente desde la publicación desde Cádiz de su Plan de Calidad Democrática en enero de 2023, una de las máximas de los populares ha sido la de recuperar la independencia institucional perdida tras los mandatos acumulados de Sánchez. Deshaciendo nombramientos polémicos como el de José Félix Tezanos al frente del CIS. Y eso es lo que se cuestiona, no la capacidad técnica de Escrivá. "Más que acreditada" la ven en Sumar, los socios del PSOE en el Gobierno, que aunque rechazan entrar en confrontación con Sánchez, no ven tampoco adecuadas las formas en ese tránsito. Su nombre, no obstante, ha sido el único propuesto por los socialistas, que acreditan esa experiencia por el paso de Escrivá por el propio Banco de España, el Banco Central Europeo (BCE) o la AIReF.

El PSOE llama a defender la candidatura de Escrivá sin complejos si es la mejor

Es más, fuentes del PSOE afean al PP que cuando en el pasado hizo nombramientos en esta línea, como el de Luis de Guindos, ministro de Economía con Mariano Rajoy, para presidir el BCE, no tuvieron en cuenta esas directrices ni "se armó" el rechazo vigente. El planteamiento es claro en Ferraz, según trasladan fuentes socialistas: "Si creemos que este es el mejor candidato, para adelante y sin complejos". Desde el Gobierno se encuadra la elección a un estado de normalidad con otras comparaciones. Se comenta el caso del ministro portugués, Mario Centeno, quien pasó en 2020 de ostentar la cartera de Economía a liderar el Banco de Portugal. O el caso de Martin Kocher en Austria.

Sin ser oficial aún el nombramiento de Escrivá, el inicio de semana empezaba con un PP discreto. Ayer, el vicesecretario de Economía popular, Juan Bravo, en una comparecencia monopolizada prácticamente por la financiación autonómica, descartaba un apoyo al ministro por el incumplimiento de esa condición de "independencia" al "pasar de un sillón al otro". Pero invitaba a conocer el desenlace de las conversaciones con el Ejecutivo. Después del Consejo de Ministros de este martes, la ministra portavoz, Pilar Alegría, evitaba confirmar la elección de Sánchez, a quien, por encima del diálogo con el PP, se le atribuye completamente. El anuncio se hará este miércoles. O bien a cuenta de Sánchez en su discurso de inicio del curso político en el Instituto Cervantes, o bien por la tarde en la comisión de Economía del Congreso de los Diputados, donde comparece el ministro Carlos Cuerpo para informar sobre el candidato propuesto.

Es un trámite obligado que recoge el artículo 24 de la Ley de Autonomía del Banco de España. La norma, y en lo que se escusa el Ejecutivo para imponer al PP su candidato es que es el Rey, a proposición del presidente, quien debe proponer al candidato a sancionar y que garantice conocimientos en el sector. Fuentes del gobierno plantean que el inicio de actividad de Escrivá será inmediato, planteándose, incluso, que pueda participar en la reunión del Consejo del BCE programada para dentro de ocho días, el 12 de septiembre.

En pleno choque por la inmigración y la financiación

La ruptura se produce, además, en el peor momento posible para Gobierno y oposición, con los dos grandes temas de este inicio de curso parlamentario alentando más el choque. Son el reto migratorio y el de la financiación singular planteada para Cataluña como derivada a la investidura como president de Salvador Illa por parte de ERC. Precisamente, por eso, las negociaciones permanecían en una atmósfera privada desde finales de junio, pocos días antes de que el debate sobre inmigración y las llamadas de auxilio de Canarias se impusieran en la agenda política.

En el primer caso, aunque Génova ha escenificado posturas de maximalismos, anunciando, por ejemplo, Borja Sémper, su portavoz nacional, que es "imposible materialmente" pactar nada con el PSOE de Sánchez, mientras este esté al frente, lo cierto es que las conversaciones siguen fluyendo entre partidos. Al menos así lo indicaban fuentes nacionales del PP antes de conocerse la prácticamente certera elección de Escrivá. Las mismas reconocen que los canales entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y Tellado, responsable de la cuestión por parte del PP, siguen activas. "Se mensajean, pero no hay concreciones del Gobierno". Esta ruptura de diálogo para la renovación institucional, en principio no tiene por qué afectar al desbloqueo de un pacto migratorio. Sobre todo, cuando hay terceros afectados como Canarias y Ceuta, cogobernada y dirigida, respectivamente, por el PP.

De hecho, la novedad es que Moncloa tiene un nuevo planteamiento sobre la mesa y debe pronunciarse, tal y como, este martes, Tellado trasladó públicamente desde la sala de prensa del Congreso. Esta radica en que hasta el 100%, y luego hasta el 150%, con un esfuerzo, las comunidades lidien con la presión migratoria en los centros de acogidas de menores extranjeros no acompañados. Y, al superarse, sea el Estado quien asuma la competencia y despliegue infraestructuras para la acogida en las regiones. El PP se alinea con la propuesta del presidente canario, Fernando Clavijo, y traslada más presión al Ejecutivo para aceptar tras mostrarse receptivo Torres, según los populares. El PP pide, en añadido, que se declare el estado de emergencia migratoria y garantice financiación, en todo caso.

No hay diálogo, en cambio, en cuanto a financiación, aunque no se descartan conversaciones y propuestas bilaterales, como las condonaciones de deuda, para dividir a Génova. Ante las dudas generadas por el acuerdo con ERC, Montero ha sido obligada por el PP a comparecer este miércoles a partir de las 11 horas en el Senado para explicar en qué consistirá lo que califican de concierto o cupo catalán. No se prevén demasiadas concreciones en el asunto, y sí la insistencia de Montero de que el acuerdo no va en contra del resto del territorio. Tanto barones populares, que abordan el planteamiento de un discurso y una propuesta unitaria para tratar con Montero la cuestión, como algunas federaciones socialistas, se han posicionado en contra. Son, por ejemplo, la castellano-manchega, la castellano y leonesa, la asturiana y la aragonesa.