Isabel Perelló tiene por delante una semana maratoniana. Comienza este miércoles con la jura de su cargo ante el Rey Felipe VI, luego tomará posesión como presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo en la sede de este último, para reencontrarse de nuevo mañana con el monarca en el día grande de la Justicia. Su primera prueba será dar el discurso del acto de apertura del año judicial y a partir de ahí tendrá que convocar el primer pleno del CGPJ para empezar a engrasar las relaciones en el órgano. Por delante, el gran reto de cubrir más de un centenar de plazas en las cúpulas judiciales, 29 de ellas en el alto tribunal y de redactar una propuesta para cambiar la forma de elección de los vocales.
Diversos miembros del CGPJ consultados se mostraban este martes exultantes con la nueva situación. Por fin la presidencia ha sido ocupada, después de cinco años y medio de anomalía en el órgano constitucional en funciones, y "hay que ponerse a trabajar". Lo primero, dicen, será equipar las distintas comisiones en las que se divide el Consejo: la de Igualdad, la de Economía y la Comisión Permanente, suelen ser las habituales.
Además, hay que nombrar cargos de funcionamiento interno como, por ejemplo, el de promotor de la acción disciplinaria que es el encargado de sancionar a los jueces. Será este nuevo cargo el que revise, entre otras, la queja que ha presentado el abogado Gonzalo Boye contra el juez Pablo Llarena por el retraso en los recursos de la amnistía en el caso de Carles Puigdemont.
El ambiente entre todos los vocales es "cordial" y así se esfuerzan por transmitirlo. Quieren que esta nueva etapa sea distinta a la anterior para empezar devolviéndole el prestigio a un órgano que viene a "solucionar problemas" y "no a crearlos", añaden. La voluntad es de entendimiento y diálogo y no es para menos porque tienen que poner en común un centenar de nombres.
Las fuentes consultadas quitan hierro al hecho de que hayan tardado dos meses en acordar la presidencia por dos motivos: primero, que muchos no se conocían entre ellos y necesitaban el tiempo de rigor para hacer funcionar el engranaje; y, segundo, porque el verano de por medio no ha ayudado a las negociaciones. Defienden que esto no quiere decir que hayan empezado con mal pie, sino que lo ven como el punto de partida.
102 puestos
Hay 102 vacantes judiciales, según cálculos del CGPJ. En 2021 el Gobierno reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los vocales con el mandato caducado no pudieran usar una de sus máximas potestades, la de designar presidencias de órganos. Así las cosas, durante más de tres años se han venido acumulando plazas libres de magistrados jubilados, fallecidos o con el mandato vencido que no han sido renovadas.
Existen 40 vacantes en los tribunales superiores de justicia, 31 en las audiencias provinciales y dos en la Audiencia Nacional, incluida la presidencia de esta.
El Tribunal Supremo tiene un tercio de sus plazas sin cubrir y será un órgano al que se añada una presión extra en los plenos del CGPJ porque se trata de nombramientos vitalicios y un ascenso sin parangón en la carrera judicial. Por eso, la mayoría de los jueces quieren llegar hasta ahí y todos los políticos miran de reojo quién accede, pues son ellos los que investigan a los aforados o los que refrendan políticas del Gobierno, entre otras cuestiones de calado.
La Sala más afectada es la que deja Perelló, la de lo Contencioso Administrativo, con 15 sillas libres de 33 que hay; le sigue la de lo Social con seis (de 13); la de lo Militar con tres (de 8); la de Civil con cuatro (de 10); y finalmente la de lo Penal con una de 15. Estas dos últimas cobran especial importancia a finales de este año porque tanto el presidente de lo Civil, Francisco Marín Castán, (que se jubila) como el de lo Penal, Manuel Marchena, (cuyo mandato vence) dejan las presidencias. Si bien este último puede renovar.
Y todos estos cargos deben designarse con mayoría reforzada de tres quintos por los que las negociaciones entre progresistas y conservadores tienen que ser fructíferas, no valdrá únicamente con el voto de calidad que tiene Perelló.
Además, en el acuerdo que anunciaron el PP y el PSOE cuando renovaron el CGPJ se incluía la obligación de realizar un estudio sobre los sistemas europeos de elección de los vocales con la intención de modificar el español y que no vuelva a existir un bloqueo tan prolongado como el de la pasada legislatura. Los miembros del Consejo tenían seis meses para elaborar este documento y entregarlo a las Cortes desde que reforma de la Ley entró en vigor el pasado 6 de agosto. Así que el tiempo ya ha empezado a correr.
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