Habrá proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025. El Gobierno redactará el texto y lo llevará con seguridad al Congreso, aunque no reúna los apoyos suficientes. Aunque no salga adelante. Aunque los grupos le den la espalda. Pedro Sánchez está dispuesto a asumir una derrota parlamentaria de enorme calado político. Pero incluso encajando ese golpe entiende que no ha de activar el botón de elecciones generales. No las anticipará porque entiende que puede seguir adelante, porque queda legislatura, porque hay, como él mismo defiende, "Gobierno para largo".

Es la tesis que ahora esgrime la Moncloa. La que dejaban clarísima fuentes del Ejecutivo este viernes. Y es capital el adverbio, el ahora. Porque antes no se situaba en ese planteamiento, porque el propio presidente, en febrero de 2019, anticipó los comicios cuando los independentistas hicieron fracasar su proyecto de Presupuestos de ese año. En el Gobierno aducen que las circunstancias han cambiado, que está obligado a presentar las cuentas del Estado, pase lo que pase, y que si decaen no tiene por qué llevar aparejado un adelanto electoral porque la legislatura no ha hecho más que arrancar, y eso no sucedía en 2019, cuando además las cuentas que estaban vigentes eran las impulsadas por el Ejecutivo anterior, el de Mariano Rajoy.

El rechazo a las cuentas de 1996 llevó a González a adelantar los comicios que luego acabó ganando Aznar, y Sánchez disolvió el Congreso tras fracasar sus primeros Presupuestos

"Nos vamos a arriesgar. Los vamos a presentar", sentenciaban fuentes de primer nivel del Gobierno este viernes. Y, en sí misma, esa declaración de intenciones ya supone un giro respecto a lo que el Ejecutivo defendía hasta hace unos meses, antes de las elecciones catalanas, antes del pacto de PSC y ERC que ha alejado a Junts de la mayoría de investidura. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, siempre había defendido que los Presupuestos solo podían llegar al Congreso si previamente reunía los apoyos necesarios para salvar el primer trámite, el decisivo: el debate de totalidad. De hecho, renunció a los PGE de 2024 en cuanto el president convocó las elecciones catalanas del 12 de mayo, precisamente por la dificultad de amarrar los votos en precampaña y campaña.

Y es que la tradición democrática pesa: si el debate de totalidad se pierde, si las cuentas públicas —la ley más importante que se aprueba anualmente en el Parlamento— son devueltas al Gobierno, este queda herido de muerte. Game over. En 1995, la Cámara baja rechazó los Presupuestos del año siguiente del Ejecutivo socialista, y Felipe González se vio abocado a anticipar los comicios, los que finalmente ganó José María Aznar, los del 3 de marzo de 1996.

En 2019, con Sánchez en la Moncloa desde hacía poco más de medio año, ocurrió algo similar. El Congreso votó a favor de las enmiendas de totalidad de los PGE el 13 de febrero de ese año. Decayeron por la pinza conjunta de los independentistas y las derechas. Y el presidente convocó elecciones dos días más tarde, las que se celebrarían el 28 de abril y que él ganó. En su comparecencia ante los medios del 15 de febrero, Sánchez explicó que tenía ante sí una disyuntiva tras el "bloqueo" a sus cuentas: o "continuar gobernando" con unos Presupuestos heredados de Rajoy —los de 2018— o bien "creer que España no tiene un minuto que perder". "España necesita avanzar, no dar pasos hacia atrás", justificó.

El Ejecutivo entiende que no es un caso análogo al de Cataluña, porque el adelanto de las autonómicas a mayo de 2024 era más técnico, ya que los comicios tenían de tope febrero de 2025

Hay otro ejemplo mucho más reciente: el pasado marzo, el Parlament rechazó los presupuestos catalanes para este 2024, y el entonces president, Pere Aragonès, convocó los comicios para el 12 de mayo. Para el Ejecutivo, no es un caso análogo, porque en Cataluña "las elecciones ya estaban prontas", dado que el tope natural de la legislatura, apurándola al máximo, llegaba en febrero de 2025. En el caso de España, solo ha transcurrido un año desde las últimas generales, razón suficiente, entienden en la Moncloa, para no anticipar los comicios. Además, Hacienda siempre ha esgrimido que las últimas cuentas aprobadas, las de 2023, prorrogadas este 2024, son expansivas, y por lo tanto no sería dramática una nueva extensión. Es decir, que el punto de partida hoy no es el de 2019, que era el de unos PGE conservadores, redactados por el PP.

Menos de un mes antes del pacto de PSC y ERC, el Gobierno seguía aferrándose a su propia doctrina: solo llegan al Congreso unos Presupuestos con apoyos. Consideraban que lo más complicado era atar el voto de Junts, pero sin él amarrado, preferían no jugársela. Y antes de las catalanas del 12 de mayo, el planteamiento era el mismo.

Que los grupos se retraten

A la vuelta de las vacaciones de verano, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, subrayó que el Ejecutivo sí presentaría sus Presupuestos a la Cámara. Y el pasado miércoles, el presidente, en su acto de arranque del curso político, sostuvo que en el Gabinete iban a "trabajar por la aprobación" de las cuentas de 2025. Y recordó que, pese al "ruido" y a las dificultades, no iba a flaquear, prometió que habría "Gobierno para largo".

El próximo martes, el Consejo de Ministros aprobará de nuevo la senda de estabilidad, que será la misma que la rechazada en julio

En la Moncloa, pues, el giro ha sido evidente. Fuentes del Ejecutivo explican que "es obligación" del Gobierno el presentar unos Presupuestos, que "el ejercicio de que se redacten unas cuentas nuevas y que se negocien", y que los grupos se pronuncien, es "un buen ejercicio". Y no creen tan imposible cerrar los apoyos: "Antes, en la segunda legislatura de [José Luis Rodríguez] Zapatero, teníamos 169 escaños y había que hablar con menos grupos. Ahora son más pero el presidente sabe gestionar esa diversidad. Hasta que los españoles decidan dar mayorías absolutas, si es que vuelven a darlas, esto es lo que hay". Es obvio que los socialistas persiguen desafiar a sus aliados parlamentarios, que todos se retraten y digan si rechazan o no unas cuentas expansivas y que mejorarán la vida de todos los ciudadanos.

No obstante, en el Gobierno no quieren avanzar la fecha en la que los Presupuestos llegarán al Congreso. No hay una "obsesión" por ella. Por ahora, previenen la elaboración está en una fase previa, de encaje de las peticiones de los distintos ministerios y de negociación entre los dos socios de la coalición, PSOE y Sumar. Dicho de otro modo, se da por hecho que el proyecto de ley no estará listo a finales de este mes —que es cuando, constitucionalmente, habría de hacerse—, y quizá tarde algo más.

Las vicepresidentas María Jesús Montero y Teresa Ribera y los ministros Félix Bolaños (Presidencia y Justicia), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Luis Planas (Agricultura) y Ana Redondo (Igualdad), este 6 de septiembre de 2024 en la toma de posesión de Óscar López como nuevo titular de Transformación Digital, en la sede del departamento, en Madrid. | EFE / RODRIGO JIMÉNEZ | EFE / RODRIGO JIMÉNEZ

Y es que de camino se cruza una fecha relevante. El congreso de Junts, que se celebrará entre el 25 y el 27 de octubre en Calella, al que podría acudir Carles Puigdemont y en el que los posconvergentes redefinirán su hoja de ruta y su relación con el Gobierno de Sánchez. El Ejecutivo considera "muy importante" ese cónclave y reconoce no tener información de qué puede ocurrir porque en la formación independentista están "muy herméticos". Además, a finales de noviembre llegará otro congreso, el de ERC, que habrá de decidir nueva cúpula. Esta cita se solapará en el tiempo con la cumbre de los socialistas, su 41º Congreso Federal (29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre), en Sevilla.

En la Moncloa creen "muy importante" el congreso de Junts de finales de octubre, porque es el que redefinirá su relación con el Gobierno

cEl martes próximo, el Consejo de Ministros aprobará de nuevo, como anticipó Sánchez, la senda de estabilidad. Hacienda presentará la misma que PP y Junts tumbaron en julio. Sin cambios, porque entiende que eran unos objetivos suficientemente generosos con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. La senda deberá ser aprobada por Congreso y Senado porque, de lo contrario, se volvería al diseño anterior, más restrictivo para CCAA y corporaciones locales. Pero ese primer examen servirá para valorar, sin duda, el estado de las relaciones del Ejecutivo con sus socios.

El presidente vuelve a sorprender. Dando un giro sobre sí mismo. Indicando que ya no vale ni su propio precedente. Desechando lo que ya se daba por sentado.