El Gobierno podía hacerse a la idea de que iba a pasar. Y es lo que Pedro Sánchez buscaba: que al plantear una reunión bilateral en la Moncloa con todos y cada uno de los presidentes autonómicos, los del PP dejaran ver diferencias de criterio, y que, como suele ocurrir, la superbaronesa popular, Isabel Díaz Ayuso, marcara un criterio propio. Eso pasó este jueves, después de que el jefe del Ejecutivo anunciara esa ronda con los mandatarios regionales. Pero lo que ahora espera el Gobierno es que los líderes del PP tengan muy difícil rechazar la oferta de Sánchez que, en materia de financiación, se traducirá en más recursos y en el reconocimiento de las "singularidades" de cada territorio. Es la estrategia seguida por Hacienda desde mediados de agosto, cuando investido ya Salvador Illa intentó vender su relato de lo firmado con ERC: lo pactado no es un concierto económico para Cataluña, sino una "financiación singular" que puede ser extensible, aún no revela cómo, al resto de comunidades.

Sánchez desgranó sus prioridades para el nuevo curso el pasado miércoles en un acto público en el Instituto Cervantes y allí incluyó la promesa de creación de un modelo de financiación autonómica "más justo", que "reduzca las diferencias territoriales", que "atienda las singularidades de cada uno de los territorios y que garantice la suficiencia del gasto público" y exija la "corresponsabilidad de los gobiernos autonómicos". "Les aseguro, les garantizo, me comprometo a que, con la reforma del sistema que vamos a proponer, todas y cada una de las comunidades autónomas del país recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el PP", entre otras razones porque el Gobierno duplicará los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial, la "principal herramienta de solidaridad que recoge la Constitución".

Aún no hay calendario de las citas con los mandatarios regionales, pero no será la próxima semana, porque estará en China del 7 al 12, y luego vuela hasta Nueva York a últimos de mes

El presidente avanzó que convocará bilateralmente en la Moncloa a todos los presidentes autonómicos "durante las próximas semanas". Aún no hay calendario, según confirmaban este jueves en la Moncloa, pero teóricamente la ronda debería empezar pronto. No la próxima semana, porque Sánchez parte este sábado por la noche para China en viaje institucional, y no regresará hasta el 12 de septiembre, y del 23 al 26 se desplazará hasta Nueva York, a la apertura del 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Con su anuncio, Sánchez pasaba la pelota a los territorios. Y singularmente a los barones del PP. Este jueves, Ayuso intentaba marcar otra vez el paso, llamando a sus compañeros de partido a boicotear la ronda, no acudiendo a la cita. Les apremió a que "no compren la estrategia de Sánchez ni de su cómplice [la vicepresidenta María Jesús] Montero". "Su estrategia es intentar comprar a las comunidades del PP para dividirnos entre nosotros, para que el PP y la postura de su líder, Alberto Núñez Feijóo, se diluya y que él no pinte nada y no pueda mostrar el inmenso poder que le han dado los españoles en las urnas. Esa es la estrategia y de ahí las reuniones que se llaman bilaterales, como si fuéramos distintos estados", reclamó. En definitiva, que lo que persigue el líder socialista es "sobornar uno a uno en la Moncloa".

Génova "ni inducirá ni prohibirá ninguna reunión"

Sin embargo, el llamamiento de Ayuso murió pronto en la orilla. Nadie la siguió: los barones quieren negociar la financiación en un marco multilateral, pero acudirán a la Moncloa por respeto institucional y para hablar de los temas que afectan a sus territorios. El murciano Fernando López Miras se reafirmó en que sí quiere sentarse con el presidente, pero no para negociar con él los recursos que recibe su región. También el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco está dispuesto a despachar con Sánchez, en su caso para hablar de infraestructuras. La dirección de Feijóo, por su parte, dio carta blanca a sus barones para reunirse con Sánchez si así lo creen oportuno. Ellos, resolvió Génova, son "los responsables de fijar el nivel de relación institucional que consideren oportuno" y por tanto la cúpula "ni inducirá ni prohibirá ninguna reunión".

Nosotros estamos cumpliendo con nuestra obligación. Ellos son una jaula de grillos. Ellos están metidos en una guerra que tiene poco que ver con la financiación", aseguran en Moncloa

El cruce de declaraciones es el pórtico de la reunión que mantendrá este viernes Feijóo con todos sus barones para intentar alinear el discurso en materia de financiación autonómica. En la Moncloa y en Ferraz se felicitaban del "lío interno" del principal partido de la oposición. Lo que esperaban. El propósito de Sánchez siempre fue romper la línea de frente del PP, evidenciar que sus barones no tienen una posición común porque a fin de cuentas tienen que priorizar lo que es ventajoso para sus territorios. "Nosotros estamos cumpliendo con nuestra obligación —aducen desde el equipo de Sánchez—. Ellos no saben ni qué país tienen entre manos. Son una jaula de grillos. Ellos están metidos en una guerra que tiene que ver poco con la financiación, y como no tienen la menor idea, generan ruido. Y lo que vemos es la falta de mando por parte de Feijóo".

Génova y sus barones insisten en que ha de celebrarse con urgencia una Conferencia de Presidentes. El Ministerio de Política Territorial ya está preparándola y Sánchez ratificó el miércoles que se hará, y tendrá lugar en Cantabria. Pero no hay fecha aún, si bien se puede descartar ya que se convoque para este mes. Primero llegará la ronda bilateral con los mandatarios autonómicos. Luego, la cita multilateral, y que además la Moncloa quiere destinar al debate sobre la vivienda.

Cuando se les ponga dinero encima del dinero, ¿qué van a decir? No tienen una línea compartida. Con estas reuniones bilaterales en la Moncloa, estamos obligándoles a que se pronuncien", continúan en el Gobierno

Sánchez abordará con los presidentes regionales sus necesidades, les ofrecerá tratar sus singularidades. Así, señalan en la Moncloa, podría ofrecer al jefe de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, "una quita igual a la planteada para Cataluña", ya que es la segunda comunidad que más debe al FLA, 50.918 millones. "O podrá ofrecer el reconocimiento de las singularidades de Aragón a su presidente Jorge Azcón, como señala el artículo 108 del Estatuto de autonomía. Y así con los demás —relatan fuentes gubernamentales—. Por eso el análisis no es qué ofrecerá el presidente a los barones del PP, sino en qué disposición estarán ellos. Cuando se les ponga dinero encima del dinero, ¿qué van a decir? No tienen una línea compartida. Con estas reuniones bilaterales en la Moncloa, estamos obligándoles a que se pronuncien y vayan más allá de decir que Sánchez es el demonio. Luego está la institucionalidad: no son tan bravos cuando están delante del presidente del Gobierno que cuando están en una rueda de prensa".

Por tanto, el jefe del Ejecutivo hablará en cada reunión "de las singularidades o particularidades de cada comunidad autónoma", complementan fuentes de Ferraz. "Aquí lo sustancial —continúan— es si algún presidente autonómico va a renunciar a tener más dinero para sus servicios públicos porque se lo diga Feijóo. Es absurdo renunciar a que el Estado te dé más dinero cuando todos se quejan de infrafinanciación. Es una decisión política que iría contra el bienestar de sus ciudadanos, y eso es lo que les pide Feijóo contra toda razón y sentido común". La promesa de doblar el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) no es muy cuantiosa, no obstante: hoy, el FCI se desdobla en dos fondos, el de Compensación y el Complementario. Ambos tuvieron una dotación en 2023 de 432,43 millones de euros.

Para la Moncloa, las palabras de la baronesa madrileña demuestran, además, su "poca confianza" en la fortaleza de sus compañeros de partido, pues cree que se dejarán "engatusar" por el líder socialista.

El presidente ha decidido combatir a Ayuso, entrar al cuerpo a cuerpo con ella, y lo evidenció otra vez en su discurso de arranque de curso

En paralelo, Sánchez ha querido situar en el centro a Ayuso. El miércoles, denunció cómo las comunidades gobernadas por el PP practican una agenda "contraria al interés de la mayoría", con recortes de derechos y "regalos fiscales" para los más ricos. Puso el foco en Andalucía, Valencia y Madrid, pero sobre todo se centró en esta última. En Ayuso. Citó cómo en el último año ha derivado "mil millones de euros a la sanidad privada", cómo mientras que el Estado ha transferido desde 2018 a 2023 casi 100.000 millones a Madrid, los recortes de impuestos aprobados por el Gobierno regional, "dirigidos a beneficiar a los de arriba", hizo reducir los ingresos en 31.000 millones.

No era casual. Desde las europeas, Sánchez ha resuelto que debe entrar al cuerpo a cuerpo con Ayuso para combatirla a ella y sus políticas, para intentar contraer la enorme ventaja que el PP le saca al PSOE en la región y que se hace difícil de compensar con el aporte de votos que llegan al PSC. La oposición a la presidenta madrileña se la atribuye también el Gobierno central, el propio presidente, además del PSOE-M. No fue esta siempre la estrategia: en Ferraz antes se temía que el propio Sánchez liderara las críticas a Ayuso, por el riesgo de que ella se victimizara —algo que le funcionó para arrasar en las autonómicas de mayo de 2021—, pero ya se ha cambiado el paso. La baronesa popular es, sin complejos, el centro de los ataques de Sánchez, de su Ejecutivo y de su cúpula. Se comprobó, también, con el caso del presunto fraude fiscal del novio de la presidenta. "Y en este caso ella reclama más dinero cuando baja impuestos en Madrid. Es otra cuestión que vamos a plantear, la corresponsabilidad fiscal", remachan fuentes del Ejecutivo.

No es un concierto, es "una mirada nueva"

El Gobierno rechaza la expresión concierto económico que ERC invoca. Se queda en la "financiación singular" para Cataluña, lo que recoge el texto, aunque ese acuerdo con los republicanos dibuja un modelo análogo al concierto vasco o al convenio navarro, por el que la Generalitat se encargaría de la gestión, recaudación, liquidación y gestión de todos los impuestos que se pagan en la comunidad, y luego devolvería al Estado un cupo por los servicios que presta y abonaría una aportación a la solidaridad entre territorios limitada por el principio de ordinalidad.

Montero, el miércoles en el Senado, definió lo pactado como "una mirada nueva sobre la financiación de las comunidades autónomas, en este caso singular". "Es una mirada nueva y normalmente las miradas nuevas cuesta trabajo que otros las vean", concluyó, pidiendo "altura de miras". La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda insistió en que es un "acuerdo solidario", "una oportunidad para avanzar en la federalidad del Estado", un texto que respeta el Estatut de 2006 y la Constitución de 1978 y que el Gobierno "va a cumplir al cien por cien de su literalidad".

Como resumen en Ferraz, "de las singularidades nacen las necesidades, y las de cada comunidad autónoma son distintas"

Tras guardar escrupuloso silencio hasta que Illa fue investido, el Ejecutivo se ha afanado más en defender qué no es el pacto con ERC —un "concierto económico"— que en describir qué es, qué va a implicar, cómo se va a impulsar o cómo se va a desplegar. No hay detalles, no hay explicación. Pero el mensaje que quiere proyectar el Gobierno es que el sistema "más justo" de financiación que se alumbre será extensible a todas las comunidades, porque se camina hacia un modelo federal que reconozca, como dijo Sánchez, las "singularidades" de todos. "De las singularidades nacen las necesidades. Y las de cada comunidad son distintas", resumen en Ferraz.

Es decir, que se pasaría del café para todos de la Transición, en la expresión feliz del ministro de UCD Manuel Clavero Arévalo, a las singularidades para todos con que Sánchez pretende compensar la quiebra del régimen común que supondría la aprobación de lo acordado con ERC para Cataluña. Pero el PP en su conjunto rechaza canjear el concierto catalán por un nuevo sistema financiero. Nuevo modelo que debería tener su reflejo en la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), cuyos apoyos no están garantizados. En absoluto.

El mensaje de Gobierno y partido se dirige a los barones del PP, pero también a los del PSOE de cara al comité federal de este sábado y al 41º Congreso de finales de noviembre

Para empezar, porque Junts no está dispuesta a prestar sus siete votos para un sistema que iguale a Cataluña con el resto de autonomías. Lo advirtió el miércoles en el pleno de la Cámara alta el senador Eduard Pujol: "Si la fórmula para frenar el expolio en Cataluña es pasar del café para todos al calimocho para todos, ya le decimos que no. Si esto va de calimocho fiscal, se están cargando el acuerdo de Bruselas [suscrito entre PSOE y Junts en noviembre para la investidura de Sánchez] y eso es game over". Pero también ERC exige que el pacto se cumpla en su integridad, sin subterfugios. "Cualquier incumplimiento, dilación o intento de rebajar los términos del acuerdo, tendrá consecuencias", avisó la senadora Sara Bailac.

Los socialistas han venido subrayando en las últimas semanas que lo importante no es "quién recaude los impuestos", sino que "la solidaridad siga siendo el puntal". Un mensaje no solo dirigido al PP, sino también de consumo interno, con los barones del PSOE como destinatarios. Sánchez y Montero han intentado preparar el terreno de cara al comité federal del partido de este próximo sábado y al 41º Congreso de finales de noviembre. El objetivo es desactivar las críticas, el malestar muy transversal que ha generado el acuerdo PSC-ERC. El presidente habla hacia fuera, pero también intramuros de su partido.