Llegó hace seis días al aeropuerto de Barajas y el ministerio del Interior acaba de denegar su solicitud de asilo a pesar de haber sufrido detenciones arbitrarias y torturas a manos de las fuerzas de seguridad marroquíes en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Abdelsalem Abdullah Khalifa, de 29 años, es sobrino de uno de los activistas saharauis condenados por Gdeim Izik, el campamento pacífico organizado por activistas saharauis y brutalmente desalojado a finales de 2010 en El Aaiún.

Se da la circunstancia, además, de que la madre de Abdelsalem, Fatma Hassana, sufrió cárcel y desaparición forzada a principios de la década de 1980, detallan a El Independiente su equipo legal. “Procede de una familia muy conocida en el activismo saharaui, que ha pagado su protagonismo con castigos y peligros. El joven regentaba una tienda de alimentos en El Aaiún que ha sido objeto de saqueos y redadas porque era un lugar de reunión de los defensores de derechos humanos”, explica una de sus abogadas.

Al menos tres parientes de Abdelsalem se hallan actualmente entre rejas. Su tío Mohamed Hassana Brahim, más conocido por el apellido impuesto por las autoridades marroquíes como Mohamed Bourial, cumple una condena a 30 años de prisión; y sobre dos de sus primos, Mohamed Embarek Ali Salem y Sidahmed Farachi Lich pesan 25 años de cárcel y cadena perpetua respectivamente. Los tres se hallan presos por cargos políticos relacionados con su participación en el campamento de Gdeim Izik, salvajemente reprimido por Rabat.

Desapariciones forzadas y torturas

El propio joven, que se halla en la sala de inadmitidos de la terminal 1 de aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas tras viajar desde Casablanca, ha padecido repetidas arrestos y vejaciones a manos del aparato policial marroquí en la ex provincia española, ocupada desde 1976 por la monarquía alauí. Las lesiones ocasionadas en sus períodos de detención han sido documentados e incluidas en el dosier por el que se solicitaba protección internacional, tanto asilo como apatridia. Ha padecido además desapariciones en cárceles clandestinas. Su residencia familia se halla bajo estricta vigilancia de los agentes marroquíes y sus movimientos son muy limitados. Ni siquiera tienen permiso de visitar a sus parientes en prisión.

Lesiones provocadas por las detenciones de la policía marroquí.

Para sorpresa de su equipo legal, el ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska ha desestimado la petición condenándole a ser deportado de vuelta a los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Su denegación se ha adoptado en contra de la recomendación emitida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ante la graves violaciones de derechos humanos que sufre la población saharaui en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, el último territorio pendiente de descolonización en África.

Abdesalam tiene dos hermanos con residencia legal en España. El mayor, subrayan fuentes cercanas al joven, lleva quince años sin poder acceder a El Aaiún para visitar a su madre. La denegación, contra la que se puede presentar recurso, le condena a regresar a los territorios ocupados y pone en riesgo su vida, advierte su abogada.

Su equipo denuncia, además, que durante la tramitación de su solicitud de protección internacional se le intentó imponer un intérprete marroquí a pesar de que el Defensor del Pueblo estableció que para saharauis se solicitara la asistencia de intérpretes de hasanía (dialecto árabe usado en el Sáhara Occidental) y que, en todo caso, “se evite la asistencia de intérpretes marroquíes” por su origen. El Defensor respondía así a las quejas de los solicitantes saharauis que denunciaron que los intérpretes no recogían de forma fidedigna sus declaraciones al no conocer el hasanía, y que manifestaron “una especial desconfianza por el hecho de que fueran de nacionalidad marroquí”.