El PP presentó el viernes diez ejes base para iniciar la negociación con el Gobierno orientada al replanteamiento y la renovación del modelo de financiación autonómica. El actual, de 2009, caducó hace diez años, en 2014. De esas propuestas bajo las que está previsto a avanzar a un documento amplio y con cifras al por menor, al menos en dos, las más políticas, hay coincidencia entre los populares y la reclamación que hacen las federaciones socialistas críticas respecto al cupo catalán con Ferraz y Moncloa. Son la paralización "del avance hacia la independencia fiscal" de Cataluña, así como "desistir de la bilateralidad" con el separatismo para no generar "ciudadanos de primera y segunda".

Estas demandas del PP le acercan a figuras críticas dentro de la estructura socialista que comanda Pedro Sánchez como secretario general. Un cargo para el que ya ha anunciado que volverá a apuntarse de cara al congreso federal del partido en noviembre. Especialmente a Emiliano García-Page, el presidente de Castilla-La Mancha y líder socialista de esa federación, quien ha cuestionado sucesivamente la dependencia del independentismo y legislaciones como la amnistía, que recurrirá regionalmente. En menor medida, y más limitado a la financiación, Adrián Barbón. El dirigente asturiano es íntimo de Sánchez y uno de sus principales respaldos hasta la fecha, pero el cupo catalán ha generado discordia. En vista a esas diferencias, y preguntadas fuentes nacionales del PP sobre ellas, los de Alberto Núñez Feijóo no se cierran a extender su "frente común" contra la financiación y esas bases escritas a los presidentes socialistas díscolos con el acuerdo con el independentismo que prioricen sus territorios por encima de las siglas.

Bajo esa máxima se reivindicaron los barones populares este viernes en el cónclave madrileño que acogió el Palacio de los Duques de Pastrana. El propio Feijóo verbalizó que al haber allí más del 70% de representación territorial, con trece presidentes y un vicepresidente autonómico, los objetivos iban más allá de la estructura de partido. De haber una demanda de participación, Génova lo estudiaría, puntualizan las fuentes consultadas. Aunque se deja claro que este compromiso surge del PP y del principal partido de la oposición, por lo que dar entrada a los socialistas no era ni es el objetivo. Se les demanda determinación para oponerse a las decisiones de Sánchez más allá del rechazo público. Ya esta semana han alentado que, de llegar al Congreso de los Diputados una iniciativa para Cataluña o de reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autonómicas (LOFCA), deberían posicionarse en contra los representantes de las distintas federaciones del PSOE.

Por el momento, ha sido García-Page quien ha sostenido el tono más duro. Barbón avalará a Sánchez de cara al congreso, pero defenderá, dice, los intereses de Asturias en cuanto a la financiación. El castellano-manchego dejó constancia de su línea dura en la reunión del comité federal de este sábado. Tachó al pacto de financiación singular para Cataluña como el "cupo independentista" y trasladó su deseo de leer el borrador consensuado con ERC. "Me llama la atención que todo el mundo hable de que se va a cumplir lo firmado y yo no he visto un documento firmado". El PSOE, añadió, se fundó "para evitar y combatir privilegios", por lo que el pacto le genera "preocupación". Javier Lambán, que ya no ejerce de presidente de Aragón pero sí de líder federal, le respaldó y se pronunció indicando que el acuerdo "está en las antípodas de lo que hemos defendido siempre". Esa misma línea la trasmiten los populares cuando se les pregunta. Invitan a los barones a ser fieles a los principios de su corriente, y no a "dar más a los que más tienen".

Al margen de lo escrito por el PP en su propuesta base, hay una demanda clave que García-Page y Barbón aún no han verbalizado: la convocatoria de la Conferencia de Presidentes que los populares consideran clave para abordar esta cuestión económica. El líder de la oposición castellano-manchega y barón del PP, Paco Núñez, se lo solicitó hace un mes, por ejemplo, sin éxito. Para tratar, además, asuntos como la crisis migratoria. Las previsiones del Gobierno alejan esa posibilidad hasta el momento, pese haberse superado los dos años legales entre conferencias, y habiendo transcurrido la última en marzo de 2022. La próxima, según explica el Ejecutivo, será en Santander (Cantabria). Ya se trabaja en ella, pero no hay fecha. La única certeza es que el eje principal previsto será la Vivienda.

Con un rechazo generalizado de las federaciones socialistas críticas a entrar en el juego del PP, la más clara, ante la consulta, ha sido precisamente la castellano-manchega. La idea no convence. Preguntadas por la apertura del PP a esa participación de García-Page y el resto, fuentes próximas al barón socialista trasladan el rechazo a atender estos planteamientos del PP. "Nosotros estamos a lo nuestro", recalcan, a la vez que afirman que no han tenido contactos con la estructura nacional de Feijóo o la Núñez en la comunidad. El interés que se trasmite es abordar desde dentro del partido esas diferencias con la disposición a pactar el cupo.

Los pilares de la propuesta del PP

Del cónclave popular, los presidentes regionales del partido se han comprometido a no abordar de forma bilateral ninguna cuestión con el presidente del Gobierno ni con Hacienda. Fuentes nacionales del PP acreditan que eso incluye también cualquier oferta de condonación de la deuda que pueda venir desde Moncloa.

Los diez ejes que vertebran la propuesta son "volver a la senda del respeto y de la lealtad institucional" y "paralizar cualquier avance hacia la independencia fiscal solicitada por el separatismo". También "recuperar las bases del consenso en una Conferencia de Presidentes". "Condenar la artimaña de la bilateralidad" con ERC y Junts que aboca a "un país con ciudadanos de primera y segunda" o "ampliar el montante económico total del sistema de financiación" son otros dos puntos. Se suma la demanda de "creación de un Fondo Transitorio" hasta un nuevo sistema, o la "necesidad de garantizar una verdadera cogobernanza" de los fondos europeos. Se solicitan, en concreto, 18.000 millones de euros para las comunidades, en este concepto.

Se pide, igualmente, "blindar la autonomía fiscal de las comunidades", y dar "garantías de que ninguna sale del régimen común ni se trocea la Agencia Tributaria". La disposición a renovar el sistema de financiación queda escrito, así como la "solidaridad" con la Cataluña ajena al procés.