La indignación en el Ejecutivo es mayúscula. El drama migratorio en Canarias no cesa y no está lista una reforma de la Ley de Extranjería que permita repartir de manera obligatoria a los menores que llegan a las islas o a Ceuta y Melilla por el resto del España. Y el PP, a ojos del Ejecutivo, sigue haciendo "trampas", intentando mostrar disposición al acuerdo, cuando en el fondo solo sube el listón de exigencias para no "asumir su responsabilidad" y para endosársela por entero a Pedro Sánchez.

El último detonante del incremento de la tensión de Gobierno y oposición saltó el martes, cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente canario, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), suscribieron un pacto sobre el abordaje de la emergencia migratoria. Un documento de cinco páginas y 10 puntos [aquí en PDF] que servía también a Clavijo para consumar su giro copernicano: de alianza con el Ejecutivo para buscar una salida a los más de 5.000 chavales que saturan los centros de acogida del archipiélago a apuntalar su coalición con los populares.

El texto PP-CC asume parte de los planteamientos de los conservadores, como la declaración de emergencia migratoria, la convocatoria urgente de una Conferencia de Presidentes o que sea el Estado el que corra con los gastos desde el 100%

El texto asume parte de los planteamientos del PP, como la exigencia de declaración de emergencia migratoria nacional, la convocatoria urgente de una Conferencia de Presidentes o que sea el Estado quien corra con los gastos de la asistencia del menor desde su llegada hasta su emancipación cuando la capacidad de acogida de cualquier comunidad supere el 100%. Sí se recoge la necesidad de reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, el punto que era el eje de la proposición no de ley que PSOE, Sumar y Coalición Canaria firmaron en julio y que PP, Vox y Junts tumbaron a la primera en el Congreso, sin admitir su toma en consideración.

El Ejecutivo denunció de inmediato el "cinismo e hipocresía" de Feijóo, porque hace menos de dos meses, sostuvo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, "dio la espalda de manera inexplicable" a Canarias. El PP, censuró el martes en los pasillos del Senado, critica al Gobierno mientras "enaltece" la política migratoria que lleva a cabo la ultraderechista Giorgia Meloni en Italia. "Cada vez que tiene una oportunidad, Feijóo abraza y hace guiños a la extrema derecha" y persigue "enervar el debate". Enfrente, un Gabinete, el de Sánchez, que tiene "una política migratoria con una hoja de ruta clara y que pone en el centro los derechos humanos" y que puso sobre la mesa la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería.

El jefe del PP, reprochó Saiz, se dedica a "performances" y "acuerdos fake" en lugar de votar a favor de la reforma. El titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias, que ha liderado las negociaciones en estos meses, vio el acuerdo PP-CC como una estrategia dilatoria: Feijóo actúa "para demorar, para retrasar, para alargar, para hacer uso partidario, para hacer uso político". "Si realmente creyera en la urgencia, hay un documento ocho meses trabajado. Vote sí y modificamos aquello que sea modificable". Este miércoles, en el Congreso, recordaba el ministro que la mano "sigue tendida" para cerrar un acuerdo sobre el reparto de menores migrantes.

Feijóo va de foto en foto sin resolver el problema", denuncian en el Gobierno, donde creen que el PP "ha elegido que disputa con Vox el terreno en materia migratoria"

En el Ejecutivo, la lectura política que se hace es que el líder del PP ha "elegido que disputa con Vox el terreno en materia migratoria". Que ha decidido primar esta línea de oposición porque le resulta rentable electoralmente. "Va de foto en foto sin resolver el problema. Ha querido hacer de la inmigración un debate político —sentencian desde el núcleo duro de Sánchez—. El acuerdo con Clavijo está plagado de trampas. Quiere poner un acuerdo por delante para luego decir que es el Gobierno el que dice no a su propuesta, cuando nosotros hemos estado desde el principio intentando ayudar y hemos puesto soluciones sobre la mesa. El PP hace esto, se ha negado a la reforma del artículo 35, por no enfrentarse a sus territorios, cuando de lo que estamos hablando es de niños, hombre. El PP ha ido de excusa en excusa, cuando lo que tenía que haber hecho es haber aceptado la tramitación de la modificación de la ley y, a partir de ahí, introducir cambios vía enmienda. ¿Cuánto va que al final lo que plantee es que sea el Gobierno de España el que acabe pagando todo para no asumir la responsabilidad que tienen sus comunidades autónomas?".

Pese a que las posiciones todavía distantes, el Gobierno recalca que volverá a intentar la aproximación. En "las próximas semanas" la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (Sumar), convocará de nuevo la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia —que reúne al Ejecutivo central y a los consejeros autonómicos del ramo— para analizar las plazas de acogida disponibles en todas las comunidades autónomas y estudiar si es necesario un cambio de los criterios de reparto de menores. Antes de esa cita, se celebrará una sesión de la Comisión Interministerial de Inmigración, que preside Torres y de la que forman parte seis departamentos del Ejecutivo.

La ministra Rego convocará la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para las "próximas semanas", que irá precedida de una reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración

En el ala socialista del Gabinete ven posible alcanzar un acuerdo con el PP si este tiene "voluntad". "Pero si sigue escenificando lo mismo y poniendo cada vez más condiciones será difícil", advierten desde el equipo de Torres. Y es que, pese a la tensión constante, Génova y la Moncloa mantienen las líneas abiertas lejos del ruido que genera el choque permanente. Se demostró cuando se supo que Torres y Clavijo habían mantenido un encuentro sin publicidad en Madrid con el portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado, como recientemente este desveló en el Congreso.

Las últimas semanas han servido para fortificar la relación de los dos socios de gobierno en las islas, PP y CC. Los populares primero registraron a finales de agosto sus propuestas en materia migratoria a través de una proposición no de ley [aquí en PDF] en la Cámara baja, en la que pedían, entre otras cuestiones, la declaración de emergencia migratoria nacional, dotar de más medios materiales y humanos a la policía en frontera, solicitar a Bruselas el despliegue de Frontex o ayudar a la desarticulación de las mafias en los países de origen y tránsito, o un fondo de contingencia suficiente para financiar a las comunidades autónomas la atención a los menores migrantes y compensar la carencia de recursos.

El Ejecutivo no está de acuerdo con la referencia temporal de marzo de 2020, y entiende que han de tenerse en cuenta las plazas disponibles a día de hoy

Propuestas que coinciden en buena medida con el propósito de Clavijo y que van más allá de lo recogido en la modificación fracasada de la reforma de la Ley de Extranjería. En el encuentro con Torres y Tellado, el canario propuso una guía de porcentajes que se ha incorporado ahora en la propuesta conjunta con Feijóo. El propio Tellado, de hecho, la validó en la reunión. Y Torres, que no se negó, prefirió hablar con Hacienda y Migraciones antes de fijar posición. "Desde entonces, hay silencio por su parte", aseguran fuentes populares.

Lo que dice el documento pactado por PP y CC es que hasta el 100% de ocupación de los centros de acogida de menores sean las CCAA las que se hagan cargo de la atención de los niños y adolescentes migrantes. Cuando la capacidad asistencial esté entre el 100% y el 150%, "los recursos los financiará el Gobierno de España en su totalidad desde la llegada hasta la emancipación", reza el documento. Y a partir del 150%, todo el esfuerzo recae en exclusiva en el Estado: los recursos (o sea, bienes, personal y medios) "los habilitará y financiará el Gobierno central desde la acogida del menor hasta su emancipación y los gestionará con lealtad institucional".

¿Pero cómo se sabe cuándo se llega al 100%? El acuerdo de Feijóo y Clavijo apunta que ese 100% son los recursos de los que disponían las comunidades "antes de la llegada masiva" de inmigrantes de marzo de 2020, justo antes de la pandemia. Una referencia temporal con la que no está de acuerdo el Ejecutivo porque no tiene en cuenta las plazas que se han creado desde entonces en todo el territorio y porque se retrotrae a una situación muy anterior. El Gobierno entiende que ha de tomarse como guía las plazas disponibles en cada comunidad a día de hoy.

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Sí a la agilidad, pero bajo criterios reales

En el Ministerio de Juventud e Infancia de Rego el análisis es coincidente con el de la parte socialista del Ejecutivo. Fuentes próximas a la ministra explican que el plan de Feijóo y Clavijo tiene carencias porque se elabora sin conocer detalles previamente. Se considera, como cree el PSOE, que algunas propuestas son un acercamiento a los postulados de la "extrema derecha", como la petición de que intervenga Frontex o el incremento de la presencia policial ante el "descontrol migratorio". Lo achacan a la competencia de PP y Vox, aunque incluyen en ese juego a Clavijo tras alejarse del Ejecutivo. Frente a ello, las fuentes consultadas, creen que cualquier consenso debe llegar de "criterios reales".

En el Gobierno creen que algunas propuestas contenidas en el pacto acercan al PP a los postulados de la extrema derecha

Primero, se reclama "ver qué dimensiones de plazas" hay disponibles. Algo que consideran fundamental para elaborar un plan de reparto de menores por la Península y Baleares desde Canarias y Ceuta. Por ejemplo, se indica que desconocen la totalidad de datos de comunidades como Andalucía. No se hace distinción entre menores extranjeros no acompañados y jóvenes de nacionalidad española que residen en ellos por distintos motivos. Segundo, se rechaza usar los niveles de marzo de 2020 para fijar la disponibilidad de plazas que marquen o no la saturación de las mismas. Ante la reclamación de mayor financiación autonómica, aunque ello depende de Hacienda, desde Juventud e Infancia se abren a abordarlo. "Si quieren hablar, hablemos. No hay problema", aseguran. El ala socialista siempre ha recalcado que el problema no es de dinero, porque el compromiso de suficiencia financiera es claro, pero insisten en que no tiene sentido incorporarlo a una ley. Torres ha reiterado una y otra vez que tanto los criterios de reparto de migrantes como la inyección financiera a las CCAA han de estudiarse periódicamente en el foro adecuado, que es la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Fue en ella donde se fijaron, en 2022, los criterios de reparto voluntario entre las comunidades (población, renta per cápita, tasa de paro, dispersión poblacional y capacidad de acogida).

La fórmula que únicamente ve viable el Ejecutivo sigue siendo la de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para el reparto instantáneo y la recepción obligada para las comunidades. Como método de descongestión de los recursos de las islas o la ciudad autónoma. Algo que apoya Clavijo, pero que no gusta a los populares. Fuentes del Gobierno creen que lo mejor debe ser un "pacto de mínimos", sin "maximalismos", pero con el compromiso de seguir avanzando en las próximas fechas. No hay preferencia ya sobre cómo hacerlo, si mediante un real decreto ley, para su posterior convalidación en el Congreso, o vía, nuevamente, proposición de ley, porque lo relevante es que tenga el apoyo del PP, dado que Junts se borró en julio de la ecuación. "Debe ser la más ágil", puntualizan. "La reforma del artículo 35 es urgente. Las propuestas que quieran plantear CC y el PP se pueden hacer durante la tramitación de enmiendas", recuerdan desde Juventud e Infancia. Piden, además, que replanteen su estrategia de confrontación.

PSOE y Sumar subrayan que es imprescindible la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para el reparto obligatorio de menores, sea vía decreto ley del Ejecutivo o proposición de ley de los grupos

La ministra Rego ya trabaja en la preparación de la nueva reunión de la Conferencia Sectorial para "las próximas semanas", a la que quiere acudir con todos los datos necesarios para ofrecer otra propuesta. En su departamento esperan el compromiso de los populares a través de sus respectivos consejeros. A ellos se les afea que votasen junto al PSOE en la UE el nuevo Pacto Migratorio y de Asilo, que se empezará a aplicar en 2026 íntegramente, y ahora no haya capacidad de acercamiento bajo principios similares. Las decisiones se toman por mayoría, y si las CCAA del PP —11 más Canarias, en la que cogobiernan—se ponen de acuerdo, pueden tumbar las propuestas del Gobierno. El camino sigue presentándose muy rocoso.