Nadie sabe cómo será la reforma del modelo de financiación, ni cuándo se comenzará a negociar realmente, ni cuál será la letra pequeña. Pero lo que sí está claro es que el Gobierno tiene, de entrada, el no de Junts, porque le parece insuficiente. Porque anhela el "control" total de los ingresos, los gastos y las políticas de Cataluña. Punto. Y por si no lo tenía ya asumido el Ejecutivo lo volvió a repetir este miércoles la portavoz de los posconvergentes, Míriam Nogueras, en la primera sesión de control en el Congreso de este nuevo curso político, en la que ya adelantó que su grupo volverá a rechazar la senda de estabilidad. Un pleno dominado por el acuerdo de PSC y ERC, que el Gobierno rechaza llamar "concierto económico", y que le sirvió para defender su modelo no solo frente a Junts, sino también frente al PP, echándole en cara que no tiene "ni una propuesta" para mejorar la financiación autonómica y que no va a aceptar "lecciones" de igualdad y de justicia social de sus filas.

"¿Puede confirmar que es un concierto económico como el vasco?", preguntó Nogueras a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. La ministra no lo llamó así ni entró en comparaciones. Consideró "curioso" que un acuerdo hecho público genere "tanta necesidad de explicaciones" cuando en cambio CiU —la formación antecesora de Junts— y PP "firmaban en intimidad acuerdos y compromisos" que no ponían "negro sobre blanco". Es un acuerdo "bueno para Cataluña", que "profundiza en el autogobierno" y garantiza la "solidaridad" entre territorios. "A veces uno no puede llegar a su aspiración de máximos", le espetó, pero quienes "quieren incrementar el autogobierno y el bienestar de Cataluña" deberían "aplaudir" esa financiación singular.

"No es un concierto ni nada que se le parezca" el acuerdo entre PSC y ERC, resolvió de vuelta Nogueras. La portavoz entró enseguida en otra carpeta, la de la senda de estabilidad, que ayer aprobó de nuevo (y sin cambios) el Consejo de Ministros y que el Congreso tendrá que volver a votar en unas semanas. Junts tumbó los objetivos de déficit en julio y ahora lo volverá a hacer, según confirmó la diputada.

De los "40.000 millones que Europa les dice [al Gobierno] que puede gastar", el Ejecutivo central "se queda el 90%, 35.000 millones. Así que Montero "miente" cuando dice que su propuesta "beneficia a todas las comunidades autónomas". Cataluña, remarcó, no recibirá más que "100 millones de euros". "Si se creen que luchamos por la independencia para acabar conformados con un poco de gasto, es que todavía no han entendido cómo actuamos. Queremos el control, que Cataluña mande sobre todos los ingresos, sobre todos los gastos y todas las políticas de Cataluña".

En definitiva, el "debate real" es sobre "el poder". "O lo tiene Madrid o lo tiene Cataluña. Y recaudar y enviar el dinero de los catalanes o devolver el dinero de los catalanes a la caja española ni es concierto, ni es poder, ni es tener la llave de la caja. Señora ministra, si quiere resultados distintos, haga cosas distintas", advirtió.

Montero, como había hecho ayer, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, reiteró que el Ejecutivo está siendo generoso con autonomías y corporaciones locales al relajarles los objetivos de déficit y deuda, evitando que haya recortes "en los servicios de los ayuntamientos, en los servicios públicos que provisionan ayuntamientos y comunidades autónomas". "Espero que reconsideren" su voto, finalizó la vicepresidenta.

El PP, por su parte, se centró en su crítica al "cuponazo" otorgado a Cataluña, que significa "desigualdad e insolidaridad" y que, en su opinión, desatará un nuevo proceso independentista. El pacto es "un privilegio de una minoría sobre una mayoría", valoró la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra.

"La estrategia del PP es dividir y enfrentar a territorios y ciudadanos", condenó Montero. "Ustedes contra Cataluña siempre viven mejor y este Gobierno no va a aceptar lecciones de igualdad de un partido que es una maquinaria de enfrentamiento territorial y de generar injusticias". Para Gamarra, en cambio, el "cuponazo" concedido a Cataluña se financia "con los profesores de los andaluces, los médicos de los extremeños [...], la dependencia de los asturianos". "Así van a financiar el procés y garantizar sus sillones", le reprochó.

La vicepresidenta se indignó: cómo el PP puede defender que el que más tiene más contribuya cuando da "regalos fiscales al 0,2% de la población", cómo puede hablar de progresividad fiscal cuando "perdona 6.000 euros de promedio a la gente más rica de este país en Madrid, Andalucía y las comunidades que gobierna".

"Hacer y practicar la justicia social es una subida del salario mínimo de un 54%, haber creado miles de contratos indefinidos, la menos tasa de paro, es practicar una política económica que es justa con el conjunto de los ciudadanos, la revalorización de las pensiones, las cifras récord en becas". "Justicia social", recriminó la número dos del Gobierno, no es lo que ha hecho el Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía, que ha devuelto al Ejecutivo central "112 millones de euros "porque no quieren construir escuelas de 0 a 3 años porque son públicas y gratuitas". El PP, mientras, "baja impuestos a los ricos, debilita los servicios públicos y los privatiza para hacer negocio con las empresas privadas". De nuevo, contraste de modelos. Justo lo que enfatizó Pedro Sánchez el pasado sábado ante el comité federal del PSOE.