El ministerio del Interior ha rechazado por segunda vez la solicitud de protección internacional de Mohamed Bachir, un joven saharaui retenido en el aeropuerto madrileño de Barajas, después de que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska le asignara un traductor marroquí y el solicitante denunciara que el intérprete había alterado su testimonio.

Fuentes de su equipo legal han informado a El Independiente de que, tras la denegación, el caso Bachir será reexaminado este jueves. Su abogada ha avanzado, además, de que pedirán la nulidad del proceso después de que le fuera designado un intérprete de dariya -el dialecto árabe marroquí- y de que éste trasladara un testimonio que el solicitante no reconoció como propio y cuya alteración denunció.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha rechazado hasta ahora la recomendación del Defensor del Pueblo que pedía que se asignara un intérprete de hasanía -dialecto árabe saharaui- a los solicitantes de asilo saharauis. En una resolución dirigida a la dirección general de Política Interior del ministerio del Interior, Francisco Fernández Marugán, que ejerció como Defensor del Pueblo entre 2017 y 2021 hasta el nombramiento de Ángel Gabilondo, recomendó que “en las solicitudes de protección internacional presentadas en frontera por saharauis, se solicite la asistencia de intérpretes de hasanía y, en todo caso, se evite la asistencia de intérpretes marroquíes”.

“La situación de conflicto existente entre el Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos no necesita mayor explicación. Tampoco es preciso insistir en la importancia de la entrevista en el caso de las solicitudes en frontera, que es todavía más relevante cuando los solicitantes no viajan con documentación para acreditar sus manifestaciones. En este contexto resulta de especial importancia crear un clima de confianza para facilitar el relato, lo que, sin duda, no se produce si los intérpretes son nacionales del país con el que los solicitantes mantienen un enfrentamiento”, explica Fernández Marugán.

Fuentes de Interior rechazaron esta semana explicar a este diario las razones que explican su negativa a aplicar la recomendación del Defensor del Pueblo, en línea con lo que establece la normativa europea. “En los casos de conflictos abiertos entre países, no parece razonable ni conveniente que en el marco de un expediente de asilo se contrate la prestación de servicios de personas que por su nacionalidad provoquen sensaciones de incomodidad o enemistad en el solicitante o le induzcan a cuestionar su neutralidad, considerando el enfrentamiento de los respectivos países de origen”, comenta el Defensor del Pueblo.