A una década le puede separar la inmensidad de un desierto. Dos actos teatrales separados por un abismo. El actual ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, que mantiene hoy la práctica de asignar intérpretes marroquíes a solicitantes de asilo saharauis en contra de la recomendación del Defensor del Pueblo, se hallaba hace diez años en las antípodas. Como magistrado de la Audiencia Nacional, presidía la Sala de lo Penal que consideró a España la "potencia administradora de iure" del Sáhara Occidental, una calificación que niega ahora su compañero de Consejo de Ministros, el ministro de Exteriores José Manuel Albares y la nueva política exterior del PSOE.

Acto primero: Marlaska magistrado

El auto número 40 de 2014 de la Audiencia Nacional, que lleva la firma de Grande-Marlaska como presidente de la sala, partía de una querella contra altos cargos del Gobierno marroquí -entre ellos, los ministros de Defensa, Interior y Exteriores- por el brutal desalojo de Gdeim lzik (El campamento de la dignidad), el campo instalado por activistas saharauis a las afueras de El Aaiún, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, entre octubre y noviembre de 2010. "Las fuerzas de seguridad del Reino de Marruecos produjeron desapariciones, agresiones físicas, torturas y asesinatos. Entre ellos, la muerte violenta del ciudadano español Baby Uamda", explica el auto que rechazó el sobreseimiento del caso.

En las consideraciones de la resolución de la Audiencia Nacional, los magistrados proporcionan un recorrido por la historia del Sáhara Occidental y subrayan que, "al ingresar en la ONU y firmar la Carta de las Naciones", el Estado español "reconoció el hecho colonial del Sahara español, contrayendo una serie de obligaciones, convirtiéndose en potencia administradora".

"Como Potencia administradora se obliga, apartado a) del artículo 73: ''a asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso… "."Actualmente hay un importante sector doctrinal que considera que España sigue siendo la Potencia Administradora del Sahara Occidental de iure aunque no de facto", explica el texto, que expone una serie de consideraciones.

España de iure, aunque no de facto, sigue siendo la potencia administradora del territorio, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de la ONU

Consciente de ese hito en su biografía, el pasado julio diecisiete eurodiputados, entre los que figuran Estrella Galán e Irene Montero, le pidieron a Grande-Marlaska que intercediera por los dos jóvenes saharauis que permanecían retenidos en el aeropuerto de Barajas y les permitiera la entrada en España "por razones humanitarias". "El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo hasta la descolonización (según la Resolución A/5514 de 1963 de las Naciones Unidas), ocupado ilegalmente por Marruecos desde 1975. (...) España es considerada la 'potencia administradora de iure' del Sáhara Occidental, según el Auto 40/2014 de la Audiencia Nacional (AN), documento que usted firmó como Presidente de la Sala de lo Penal de la AN en su momento", le recordaban en la misiva.

"España de iure, aunque no de facto, sigue siendo la potencia administradora del territorio, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas", señala el texto. El artículo 73 que cita compromete a los Estados miembro de la ONU a asumir "la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio" a "a asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso".

Acto segundo: Marlaska, ministro del Interior

Una obligación expresa de protección especial que Grande-Marlaska parece haber olvidado desde que asumió como ministro del Interior en junio de 2018. Bajo su mandato el departamento que dirige ha ignorado la recomendación del Defensor del Pueblo de no asignar intérpretes marroquíes y en dariya -dialecto del árabe hablado en Marruecos- a los saharauis solicitantes de asilo por una doble razón: el dialecto usado por los saharauis es el hasanía y la normativa exige que a los solicitantes se les proporcione un traductor que entiendan a la perfección; y por la obviedad de que los intérpretes de origen marroquí proceden del país ocupante del Sáhara Occidental de cuyos abusos y represión huyen los solicitantes de protección internacional.

Hasta ahora Interior ha rehusado aplicar la recomendación. También ha querido explicar los motivos, preguntado por este diario. El Independiente denunció esta semana que, en un momento de incremento de saharauis que llegan al aeropuerto madrileño de Barajas y solicitan protección internacional, el departamento que dirige Grande-Marlaska sigue eludiendo la resolución del Defensor y en las últimas semanas ha asignado a intérpretes de origen marroquí y en dariya. Este miércoles, a calor de estas informaciones, el diputado del Bloque Nacionalista Galego en el Congreso de los Diputados registró una pregunta al Gobierno que le exige el cese de esta práctica que considera "una burla" y una muestra de la política "entreguista" del Ejecutivo a Marruecos.

Marlaska llegó a defender la actuación de la gendarmería marroquí en el salto a la valla de Melilla que en junio de 2022 mató a 23 migrantes

Grande-Marlaska llegó a defender la actuación de la gendarmería marroquí en el salto a la valla de Melilla que en junio de 2022 provocó la muerte de 23 migrantes y dejó decenas de desaparecidos. En sede parlamentaria aseguró que las fuerzas del país vecino intentaron evitar el primer acercamiento, si bien se vieron superadas por otro grupo de migrantes "extremadamente violento" que logró entrar en el interior de la aduana marroquí tras forzar con violencia las puertas con el uso de "mazas, hachas y otros objetos contundentes". Sus declaraciones fueron censuradas por organizaciones como Amnistía Internacional, que las tildaron de preocupantes.

Asiduo a las recepciones que organiza la embajadora marroquí en Madrid, Grande-Marlaska ha sobrevivido a tres gobiernos de Pedro Sánchez. Su móvil fue uno de los espiados mediante Pegasus en unos hechos sobre los que sobrevuela la sombra de Marruecos. De hecho, tal y como denunció este periódico, la cuenta de correo linakeller2203@gmail.com encontrada en el rastro del virus Pegasus que infectó los móviles Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, espió también a la activista prosaharaui Claude Mangin, de nacionalidad francesa, un alcalde galo, un diplomático del Frente Polisario y un periodista marroquí exiliado en Francia. Todos ellos coinciden en su oposición al régimen marroquí. El caso judicial en Francia prosigue con sigilo mientras en España ha sido recientemente reabierto gracias a la colaboración gala.

Dicen que goza de la máxima confianza del presidente a pesar de que no son pocos los que reconocen que está achicharrado por una actuación al frente del ministerio ampliamente cuestionada por sindicatos y el resto de grupos políticos. Ha sido reprobado en dos ocasiones por el Congreso de los Diputados, ambas a iniciativa del Partido Popular: el 9 de febrero de 2023, por su gestión de la tragedia de la valla de Melilla de junio del año anterior; y el 29 de febrero de 2024, por su gestión en la lucha contra el narcotráfico en el sur del país, tras el ataque de una narcolancha que segó la vida de dos guardias civiles en el puerto de Barbate (Cádiz).

Antes, en 2020, había evitado otra por el polémico cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. De momento, su biografía -con la metamorfosis de magistrado a ministro- es una versión particular del Manual de resistencia que receta su jefe.