El descontento parlamentario es generalizado tanto a derecha como a la izquierda del PSOE. El principal partido de la oposición, el PP, reitera habitualmente a través de su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, que la legislatura está "agotada" por la cada vez más complicada capacidad del presidente del Gobierno y su partido de mantener aglutinada la mayoría de la investidura. Ello a casi un año de la materialización de los acuerdos, y principalmente, por el condicionamiento permanente al que Junts ha acostumbrado a los socialistas en estos dos periodos de sesiones acontecidos. Frente los populares, renunciando eso sí a la confrontación, los socios del Ejecutivo insisten en algo que ya apuntaron durante el ciclo electoral y antes del verano: no puede reducirse la legislatura a la permanencia en Moncloa si se extiende la "parálisis" de la actividad parlamentaria. Tampoco gusta la presentación de leyes "sin consenso previo", como ocurrió con la abolición del proxenetismo, que ahora también duerme hasta nuevo aviso.

El descontento de los socios de Sánchez es patente en esta etapa de la legislatura. Al margen de la falta de aprobación de medidas, las tendencias puntuales del PSOE a "sentarse a negociar con el PP" [como la renovación del Consejo General del Poder Judicial], creen que la legislatura ha entrado en una dinámica inestable, de ir "por espasmos". Lo que hace que no se dedique el tiempo suficiente a cada asunto y se salte, a las puertas de abrirse de forma seria una negociación, a otro asunto por agenda. Sin delegarse representantes que lidien, al menos en profundidad, con todo lo anterior. Ahora, como destacan las fuentes parlamentarias consultadas, "la prioridad son los Presupuestos" cuando "hasta hace muy poco" parecía casi palpable la renuncia a ellos para no sufrir una derrota por la negativa a acuerdos de Junts. En contraste, recientemente el presidente cambió el guion. "Ahora eso ya no importa", remarcan con sorpresa las mismas fuentes.

Al mencionar esa tendencia al impulso legislativo, en concreto, desde Sumar y Podemos apuntan un tema relevante que queda, salvo viraje de posición, "paralizado al menos hasta febrero". Fuentes de ambos partidos hacen referencia a el paquete de medidas de regeneración democrática adelantado por Sánchez tras el periodo de reflexión preelectoral de las últimas europeas. Lanzado frente a los "bulos" y el "fango", dijo, que a su juicio, y en torno a la causa que investiga supuestos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias a cuenta de su mujer, Begoña Gómez, vertían desde el PP a la "derecha mediática". Y que no solo le afectaban a él, sino, por esa tendencia, "a la calidad democrática".

De hecho, compareció en el Congreso para dar cuenta de ese asunto entre otros. Pero se limitó a defender posiciones y a incidir en una de las pocas propuesta clara que hay sobre la mesa: la reforma de la Ley de Publicidad Institucional. Para que los medios publiquen los detalles de esas contrataciones y detallen cómo se financian. La aplicación en esta legislatura quiere ir en línea de lo que marca el Reglamento Europeo sobre Libertad de Medios, por lo que la propiedad de los medios deberá ser pública. Y se mencionó una ayuda de 100 millones de euros para la digitalización de medios, el reforzamiento del derecho al honor y la rectificación, o la reforma de la ley electoral para hacer obligatorios los debates.

Desde el Gobierno lo niegan y avanzan que habrá noticias en muy poco tiempo

Frente a esa consideración, fuentes del Gobierno y del PSOE lo niegan, y dicen que habrá noticias dentro de muy poco al respecto. Si bien se reconoce que la prioridad son los Presupuestos, que auguran a aprovechar los límites dispuestos para su aprobación [hasta el 31 de diciembre]. Pero los propios socios hacen hincapié en que las conversaciones han sido superficiales. Ante una demanda de propuestas para mejorar el propósito, en Podemos aseguran que solo ellos las entregado, por escrito. Pero Sumar también reconoce haberlo hecho. Entre ellas, cuestiones de mayor transparencia en el Congreso y algo que trascendió públicamente: la derogación de la ley mordaza y los delitos de opinión. En torno a lo primero, los socialistas se mostraron partidarios de hacerlo, aunque parcialmente.

Cabe destacar que el diálogo es más fluido por la convivencia conjunta en el Consejo de Ministros de este mandato. Tanto el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como el de Cultura, de Sumar, Ernest Urtasun, trataron el asunto. De hecho, a mediados de julio, iniciaron una ronda con los grupos. La cuestión ha terminado por quedar aislada. A los pocos días el problema migratorio de Canarias y Ceuta copó las negociaciones de los partidos. Se sumó el parón estival, y ahora, el curso arranca con el choque por la financiación de fondo y la idea de conformar nuevas cuentas. Hay que añadir, recuerdan los socios, que el anuncio del congreso del PSOE, junto al de Sumar y de ERC y Junts por parte del independentismo, entre octubre y noviembre, impide cualquier consenso. El reto serán los Presupuestos.

La clave de la legislatura

Moncloa lleva allanando la posibilidad de que se prorroguen las cuentas desde hace tiempo. Se descarta prácticamente ya conseguir aprobar la nueva senda de estabilidad que tumbó Junts en julio en el Congreso, y se prevé la negociación de un acuerdo en torno a la anterior de 2023, prorrogada este año. Hay distintos ánimos internos en la mayoría de investidura. Por un lado, Sumar ya empieza a comprar que si se mantiene la anterior senda "no habrá problema", aunque es algo que cuesta trasladar públicamente, reconocen fuentes magentas. Entre sus demandas clave destacan la reducción de la jornada laboral o los nuevos permisos por crianza. El ministerio de Derechos Sociales pide a María Jesús Montero, vicepresidenta primera y titular de Hacienda, que apruebe una prestación mensual por cada hijo de 200 euros mensuales hasta la mayoría de edad. Esto no es problema para el PSOE, que no se cierra.

Más dificultad hay en torno a la Vivienda, una de las demandas clave de Sumar. Se solicita la edificación de un parque público de medio millón de pisos para su alquiler a 400 euros mensuales. Pero también la regulación de los pisos turísticos, dar salida a la vivienda de la Sareb o limitar la especulación inmobiliaria. La ausencia de Presupuestos, en los que insiste el PNV también, sería un golpe para Sumar en su promoción de reformas sociales. Dentro de la confluencia izquierdista, Compromís es el eje más pesimista. Directamente descartan que vaya a haber Presupuestos y ya prevén una segunda prórroga. Podemos, aunque está en esa línea, pondrá caras sus exigencias. Y dentro de la organización advierten: "No aceptaremos nada que suponga recortes". Indispensable será continuar con los impuestos a las energéticas o a la banca, algo que no gusta ni a PNV ni a Junts.

Podemos apretará en las negociaciones de Presupuestos con 4 votos cruciales

Frente a la "constatación de que tenemos un Parlamento difícil que tumba cosas" esta legislatura, los socios preferentes piden a Sánchez que se mueva. Saben que la presión de Junts, por ejemplo, no ayuda y entiende que mensajes "desafortunados" como el del último Comité Federal son un aviso a los neoconvergentes para que reflexionen sobre su papel. Sobre todo cuando "no les queda otra cuota de poder" fuera del Congreso. Avanzará, dijo, con una posterior matización, "con o sin el concurso del legislativo". Esto alerta a los socios aunque rebajen su significado, porque aparenta una renuncia a profundizar en reformas y eso "le da la excusa para no cumplir con la agenda progresista". Más, justificándose que si no gusta, "viene la derecha".

Independientemente, el Gobierno es tradicionalmente quien impulsa la acción legislativa. El Congreso, la valora y decide si la aplica o no. Ahora, pueden darse mayorías alternativas como la escenificada puntualmente por PP, Vox, PNV, Coalición Canaria y UPN. La derrota presupuestaria y la prórroga alentará las peticiones de elecciones generales por parte de la oposición, decisión que Sánchez adoptó en febrero de 2019.