Hammou Ali, un joven sordo y enfermo de cáncer de 30 años que procede de los territorios ocupados del Sáhara Occidental, ha agotado ya los recursos para solicitar protección internacional. El ministerio del Interior le ha vuelto a denegar este sábado el asilo condenándole a una deportación a Marruecos en mitad del temor a posibles represalias de las autoridades marroquíes.

Ali permanecía en la sala de inadmitidos del aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez desde el pasado lunes. Fuentes de su equipo legal han reconocido a El Independiente que, tras este nuevo rechazo, solo cabe la vía judicial. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se ha negado a reexaminar el expediente a pesar de la documentación aportada. Ayer Sumar presentó una pregunta por escrito en el Congreso de los Diputados dirigida a Marlaska pidiendo explicaciones por este caso y otros que afectan a decenas de solicitantes de asilo saharauis que han llegado en las últimas semanas a Barajas.

A juicio de su abogada, "no existe ningún argumento que pueda justificar la denegación". "Ni siquiera se han tenido en cuenta los vídeos donde se demuestra la presión policial que sufrió y que consta en el expediente". Interior ha obviado "elementos más que suficientes para considerar al solicitante una persona con necesidades básicas debido a su situación de incapacidad". Ali, además, es un activista en favor de la independencia del Sáhara Occidental, la ex provincia española ocupada desde 1976 por Marruecos. Así lo atestiguan las imágenes incluidas por su letrada en el dosier en el que se documenta su participación en protestas en el Sáhara.

Hammou Ali, activista saharaui, con gorra en una protesta.
Hammou Ali, activista saharaui, con gorra en una protesta.

Las citadas fuentes expresan su sorpresa porque "ante la política de represión que está llevando Marruecos contra los jóvenes saharauis, se suma ahora la del gobierno español, denegando de forma sistemática sus solicitudes sin reparar en la grave situación que los mismos estaban viviendo".

Tras una primera denegación, el ministerio del Interior autorizó este miércoles la entrada en España del joven activista saharaui Abdelsalem Abdullah Khalifa, que llevaba más de una semana en el aeropuerto de Barajas y cuyo caso, tras la denuncia el pasado sábado en El Independiente, Podemos y Pablo Iglesias compararon con la rápida acogida del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, que llegó a suelo español el domingo y tramita desde entonces su condición de asilado político.

Razones para el incremento de casos

"Resulta totalmente comprensible que los jóvenes saharauis busquen oportunidades alternativas para asegurar su sustento", señaló hace semanas a El Independiente Ali Salem Tamek, un histórico activista saharaui vinculado al Colectivo Saharaui de Defensores de Derechos Humanos (Codesa), una organización con sede en los territorios ocupados que denuncia las violaciones perpetradas por el régimen alauí. "La ocupación marroquí crea sistemáticamente condiciones de represión y empobrecimiento, entre otras penurias, para empujar a los jóvenes saharauis a emigrar al extranjero. Este es el resultado de una política deliberada, con redes establecidas para organizar y facilitar este proceso", agregó.

En su último informe anual, publicado el pasado abril, Amnistía Internacional denuncia los abusos cometidos durante el último años contra la disidencia saharaui en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. El aparato policial, detalla la organización, impidió el derecho de reunión pacífica en la ex colonia española. “Entre el 4 de mayo y el 20 de junio la policía vigiló en El Aaiún, ciudad del norte del Sáhara Occidental, el domicilio de la activista saharaui Mahfouda Lefkir a raíz de que ésta hubiera viajado a Dajla, en el sur del Sáhara Occidental, para solidarizarse con activistas de esta ciudad”, apunta la organización. “Agentes encargados de hacer cumplir la ley la siguieron cada vez que salía de su casa, abordaron y golpearon delante de la vivienda a activistas que iban a visitarla, e insultaron a su familia y a ella”, relató Amnistía.

Desde Codesa se admite, además, que "la represión sistemática por parte de la fuerza de ocupación marroquí contra los civiles saharauis en el Sáhara Occidental ocupado se ha intensificado significativamente tras la reanudación de las hostilidades en noviembre de 2020", la fecha en la que el Frente Polisario anunció el fin del alto el fuego que había estado en vigor desde 1991. "Nuestros exhaustivos informes han llegado sistemáticamente a esta conclusión", apuntó.