Sumar exige cuentas al ala socialista del Gobierno de coalición a propósito de las denegaciones que el ministerio del Interior ha emitido contra varios saharauis solicitantes de asilo y que permanecen en el aeropuerto de Madrid bajo amenaza de una deportación inminente.

En concreto, la plataforma de la vicepresidente segunda Yolanda Díaz ha presentado en el Congreso de los Diputados una pregunta por escrito por la situación en la que se hallan un activista saharaui sordo y un matrimonio saharaui con una niña de año y medio. Los cuatros proceden de los territorios ocupados del Sáhara Occidental, la ex provincia española bajo yugo de Marruecos desde 1976. "Esto se suma a la también reciente controversia por asignar un traductor marroquí de un dialecto distinto al que hablaba otro refugiado saharaui", señala la pregunta registrada por Enrique Santiago y Tesh Sidi en relación a las informaciones publicadas por El Independiente.

"Ali Hammou, persona vulnerable por la enfermedad que padece, y el matrimonio formado por Mohamed Ali Mohamed Slimani, y Rbab al-Tarad Yahi, con su hija Aziza, de año y medio, llegaron al aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas procedentes de El Aaiún en la madrugada del pasado día 9 y solicitaron protección internacional, que les fue denegada. Durante los trámites, se procedió a la separación del matrimonio en el aeropuerto de Barajas, por un lado, el padre y por otro la madre con la niña. Señalamos como inaceptable también el caso del saharaui Mohamed Bachir, que se encontraba en la sala de inadmitidos del Aeropuerto de Barajas, y tras denegarle también la protección internacional, ha pedido la nulidad de dichas actuaciones por habérsele impuesto un intérprete marroquí, que habría supuestamente tergiversado su declaración", indica el texto.

Según Sumar, "Bachir y su defensa afirman que no se han respectado las garantías del procedimiento de solicitud de Asilo y Protección Internacional pues todo solicitante tiene derecho a ser asistido por un intérprete en un idioma que el mismo entienda y en el que pueda expresarse. Este hecho no es solo un error técnico, sino que supone una violación flagrante del derecho a una defensa justa y es un atropello a los argumentos de un solicitante que precisamente ha manifestado que la persecución que sufre viene de un estado del que el intérprete es nacional".

El grupo parlamentario, que forma parte del Gobierno de Pedro Sánchez, denuncia además que "el suceso ignora la recomendación del Defensor del Pueblo que apunta 'que, en casos de conflictos abiertos entre países, no parece razonable ni conveniente que en el marco de un expediente de asilo se contrate la prestación de servicios de personas que por su nacionalidad provoquen sensaciones de incomodidad o enemistad en el solicitante o le induzcan a cuestionar su neutralidad, considerando el enfrentamiento de los respectivos países de origen'".

"La negativa a otorgar asilo a personas como Ali Hammou, Mohamed Ali Slimani y Mohamed Bachir no responde a los valores que España debería defender en la comunidad internacional, ni a los Derechos Humanos de personas en situación de vulnerabilidad y búsqueda de refugio", sostienen desde Sumar. "¿Cuál ha sido la razón de negar el asilo a Ali Hammou, Mohamed Ali Slimani y Mohamed Bachir? ¿Planea el Gobierno enmendar esta situación y otorgarles asilo? ¿Qué valoración hace el Gobierno de la situación expuesta anteriormente con el traductor de dariya asignado a un hablante de hasanía? ¿Considera el Gobierno que actualmente puede cubrir la demanda de hablantes del hasanía que soliciten traducción? ¿Qué valoración hace el Gobierno del tratamiento de personas saharauis reclamantes de asilo desde el año 2022, momento del cambio de opinión respecto del Sáhara occidental? ¿A cuántas personas se ha denegado asilo procedentes del Sáhara Occidental desde el año 2022?", interrogan desde Sumar.