Desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una ronda de contactos con los presidentes autonómicos para tratar, entre otras cuestiones no explicitadas, el siempre complejo tema de la financiación autonómica, el debate en torno al nuevo modelo no ha hecho más que crecer exponencialmente. Parece que los primeros contactos con los ejecutivos regionales arrancaron ayer mismo, según comunicó la secretaría de Estado de Comunicación, que informó sobre la voluntad de Sánchez de "reforzar y fortalecer la colaboración entre el Estado y los gobiernos autonómicos, potenciar el diálogo e impulsar el entendimiento institucional entre las distintas administraciones".

La estrategia bilateral de Moncloa interpela directamente al PP, partido gobernante en 11 comunidades autónomas [incluido Ceuta y Melilla y la vicepresidencia en Canarias en coalición] y cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a la unidad de acción de los suyos. La cumbre de estética "monclovita" montada por Génova el pasado viernes 6 de septiembre con los barones territoriales perseguía un frente común sin fisuras, la imagen de unidad del poder territorial popular. Nada se negocia bilateralmente, fue la consigna de la dirección nacional del PP a sabiendas de que en estas tesituras no se actúa con disciplina de partido sino de territorio.

La ronda de contactos con Sánchez provocó indisimulables tensiones en los populares. El llamamiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para dar portazo al jefe del Ejecutivo ante el riesgo de caer en su trampa, no encontró ningún eco entre sus compañeros de filas, deseosos de trasladarle al inquilino de la Moncloa su oposición radical al concierto económico catalán por sustraer recursos al conjunto del país, consagrar una España desigual y acabar con la solidaridad interterritorial.

Génova les dio carta blanca para acudir a Moncloa siempre y cuando no haya más negociación que la vía multilateral

Pero Génova les dio carta blanca para acudir -"tenemos sentido institucional y si el presidente del Gobierno de nuestro país nos llama, acudimos", dicen- siempre y cuando no haya más negociación que la vía multilateral. En definitiva, la financiación autonómica se debate y se aprueba, llegado el caso, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), "independientemente de que cada presidente explique a Sánchez los problemas de su territorio", como es la infrafinanciación de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía. Sus respectivos presidentes, esto es, Fernando López Miras, Carlos Mazón y Juanma Moreno llegarán a Moncloa con las armas de la reivindicación bien montadas. También lo hará el aragonés Jorge Azcón quien, incluso, no ha tenido inconveniente en hablar de "bilateralidad".

A la dirección nacional del PP no le preocupa tanto que al partido se les haga un roto por el nuevo sistema de financiación autonómica, que no parece, como por la quita de la deuda, que para Cataluña será de 15.000 millones euros. Ese es el punto más débil de la estrategia, el que más riesgos genera a la hora de mantener la unidad interna. ¿Cómo rechazar un alivio de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico? ¿Cómo explicar ante los ciudadanos de tu región que rechazas rebajar esa carga? "La quita de la deuda es también multilateral. Se debe negociar de modo que beneficie a todos por igual y no en una mesa camilla como con ERC", responden desde el cuartel general de los populares. De hecho, en una entrevista reciente con El Independiente, el vicesecretario de Economía popular, Juan Bravo, admite que no hay documento escrito en el que los barones tengan impedido llegar a acuerdos de quita de deuda. Sí incide en que todos los presidentes saben que es "una trampa, una tirita en una gran herida" del Gobierno que no arregla las deficiencias autonómicas. Estas son las cifras detalladas de deuda al FLA:

Críticas de Mazón, Moreno y López Miras

La deuda del FLA es muy desigual entre los territorios. Tras Cataluña -que a pesar de no estar infrafinanciada tiene unas cifras elefantiásicas-, está el territorio de Carlos Mazón y puede resultar muy tentador aceptar la oferta de una condonación. Pero el presidente de la Generalitat valenciana ha calificado de "miniquita", "tirita" y "humo" un posible perdón de deuda para "tapar o cubrir el cupo de catalán, que nos perjudica a todos". "Tiritas para alguien que se desangra no", dijo hace unos días en el Fórum Europa. Tampoco cierra la puerta del todo, eso sí, siempre y cuando la negociación sea "seria" y "multilateral", lo que le coloca dentro de la ortodoxia del partido.

El andaluz Juanma Moreno y el murciano Fernando López Miras también han arremetido contra esa 'cara b' del pacto entre el PSC y ERC. "Si quiere hablar de deuda tiene que sentar a todas las comunidades en una Conferencia de presidentes", exhortó el andaluz a Sánchez en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, para agregar que el problema de su Comunidad "no es la deuda, es el modelo de financiación autonómica". De la misma tesis es López Miras. Esta semana, en una entrevista en El País defendió que "la condonación de la deuda es una distracción de Sánchez para poder cumplir sus obligaciones con los independentistas. Lo que quiere es engañarnos". Explicó que dicha deuda es producto del problema de infrafinanciación de su territorio, con lo que la misma volvería a generarse si no se modifica el actual sistema.

Sin noticias que aproximen una convocatoria de la Conferencia de Presidentes que pide el Partido Popular

Significa que, de momento, los barones populares no se han saltado el guion de la 'pequeña Moncloa', a falta de que Hacienda empiece a concretar su oferta y poner números y porcentajes sobre la mesa. Ayuso queda al margen de este debate. No se acogió a deuda del FLA, sino que toda es de carácter privado. Acaso busquen otra forma de tentarla. Nada concretó el comunicado del viernes de Moncloa, tampoco respecto a la Conferencia de presidentes, que los barones populares llevan reclamando desde finales del año pasado por distintos motivos, entre ellos el de la crisi migratoria. Nada queda de aquel furor de Sánchez cuando les citó hasta en 17 ocasiones, casi todas telemáticamente, entre marzo y octubre de 2020, en plena pandemia del Covid. La última cumbre tuvo lugar un ya lejano marzo de 2022.

Ninguna 'carta' más ante un "debate largo"

El debate de la deuda lo abrió el Gobierno al sugerir la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que frente a las singularidades pactadas con ERC, el resto de las comunidades podrían acogerse a otras propias. Precisamente, con condonaciones individuales como la de esos 15.000 millones a Cataluña. Una forma, en definitiva, de aminorar la polémica generada por los acuerdos con los republicanos para las investiduras de Sánchez y Salvador Illa en la Generalitat. Pero los populares insisten que tanto el debate de la condonación como el resto de asuntos de financiación tienen que abordarse de forma "multilateral" en los foros adecuados. Como la Conferencia y el CPFF mencionado. Pero lo prioritario para ellos es la renovación del sistema frente a esos "parches" que "no resuelven los problemas" económicos regionales.

Analizando el momento, fuentes nacionales del PP dan dos apuntes relevantes: se estima que el debate de financiación va a ser muy largo en el tiempo y que costará que el Gobierno se decida a iniciarlo. Al menos hasta mediados de 2025 y de forma aislada con Cataluña por la presión de socios si no hay adelanto electoral. Lo sostienen mencionando que Montero no inició este debate cuando el PSOE tenía la mayoría del control territorial. Por lo que ahora se antoja complicado con el PP en esa tesitura. Argumentan, además, que aunque el compromiso adquirido [y tras amenazas de ERC] de tener materializado el acuerdo en el primer trimestre de 2025, recuerdan que el PSOE viene ya de un incumplimiento y cruce de "engaños" con los republicanos. Lo que para ellos, incrementará más los tiempos.

Montero no abordó el debate de financiación cuando el PSOE la mayoría del control territorial

Se refieren al apartado 2 del acuerdo entre socialistas y republicanos para la investidura de Sánchez, en el que se subraya el siguiente compromiso no materializado por el ciclo electoral entre otros factores. Versa sobre financiación, y garantiza "constituir, durante el primer trimestre de 2024, una comisión bilateral entre el Gobierno del Estado y el de la Generalitat de Catalunya, sobre la base de los puntos identificados en el diagnóstico común y con el objetivo de llegar a un acuerdo y posibilitar avances sobre los siguientes apartados". Para ver cómo se "logra una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos en Catalunya" entre otros. Ahora, se plantea lo mismo para esos primeros meses de 2025 de acuerdo al pacto de investidura de Illa, por lo que ven que se atrasará del mismo modo y eso lastrará más abrir el debate común.

Por ese margen amplio, el PP, además, renuncia a seguir publicando propuestas más allá de las presentadas en el último cónclave de presidentes. Caso de la avanzada inyección de 18.000 millones de euros a las regiones asociada a la gestión dual de los fondos europeos con el Estado, como anunció el propio Feijóo. "No queremos decir mucho más para que el debate no se traslade a nosotros", admiten fuentes populares, que instan a que sea Montero quien se mueva. "Así lo defendía ella cuando era consejera de Hacienda frente al Gobierno de Rajoy", puntualizan. Los populares admiten a este medio que hay un documento muy elaborado, más allá de los diez ejes presentados y de varias decenas de páginas. Y sobre el que están trabajando desde hace tiempo. Radican en la natalidad, las inversiones, la cogobernanza o los recursos.

Génova cuenta con un documento amplio de ejes sobre financiación, en la sombra hasta que el Gobierno se siente

Sin querer entrar en detalle sobre si la condonación es un problema, sí que niegan que lo sea el principio de ordinalidad. Entienden que todas las comunidades tendrán que ceder en sus pretensiones hasta llegar a puntos comunes. Ven margen de consenso superior al 80%. Pese a retos como por ejemplo la dispersión de la población, sobre la que Madrid tendrá poco interés en dedicar esfuerzos frente a Castilla y León a quien "le gustaría que fuese el 90%" de los esfuerzos. Con todo lo planteado, y el Gobierno en disposición, entrarán en juego las valoraciones de los expertos en la CPFF. Ahí, insisten, se podrá coger o no lo propuesto. Pero ven necesario abordar lo antes posible el asunto ante lo que conciben como la "ruptura de la caja". "El problema no es la singularidad de Cataluña. Vamos a reconocer todas al sentarnos a negociar, pero dentro del sistema" y la Constitución.