Mohamed Bachir, un joven saharaui que lleva 23 días retenido en el aeropuerto de Barajas, ha sido expulsado este domingo a bordo de un avión rumbo a Casablanca. El ministerio del Interior le ha denegado repetidamente, hasta en cuatro ocasiones, la solicitud de protección internacional tras asignarle un intérprete marroquí, ignorando la recomendación del Defensor del Pueblo, y a pesar de la denuncia de que su testimonio había sido alterado por el traductor.

Fuentes de su equipo legal han informado a El Independiente de que Interior también ha rechazado la nulidad del proceso después de que le fuera designado un intérprete de dariya -el dialecto árabe marroquí- y de que éste trasladara un testimonio que el solicitante no reconoció como propio y cuya alteración denunció. La vía judicial también ha sido agotada.

Bachir, periodista de 29 años, es licenciado en derecho y tenía orden de ser expulsado esta tarde de domingo en un avión hacia Casablanca a pesar del riesgo cierto de sufrir la represión de las autoridades marroquíes, en un contexto de creciente hostigamiento a los saharauis de los territorios ocupados del Sáhara. En las últimas semanas han llegado a Barajas cerca de 40 saharauis. Muchos de ellos permanecen en la sala de inadmitidos y suman denegaciones que amenazan con una deportación similar a la que sufre Bachir.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha rechazado hasta ahora la recomendación del Defensor del Pueblo que pedía que se asignara un intérprete de hasanía -dialecto árabe saharaui- a los solicitantes de asilo saharauis. En una resolución dirigida a la dirección general de Política Interior del ministerio del Interior, Francisco Fernández Marugán, que ejerció como Defensor del Pueblo entre 2017 y 2021 hasta el nombramiento de Ángel Gabilondo, recomendó que “en las solicitudes de protección internacional presentadas en frontera por saharauis, se solicite la asistencia de intérpretes de hasanía y, en todo caso, se evite la asistencia de intérpretes marroquíes”.

“La situación de conflicto existente entre el Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos no necesita mayor explicación. Tampoco es preciso insistir en la importancia de la entrevista en el caso de las solicitudes en frontera, que es todavía más relevante cuando los solicitantes no viajan con documentación para acreditar sus manifestaciones. En este contexto resulta de especial importancia crear un clima de confianza para facilitar el relato, lo que, sin duda, no se produce si los intérpretes son nacionales del país con el que los solicitantes mantienen un enfrentamiento”, explica Fernández Marugán.

Fuentes de Interior rechazaron esta semana explicar a este diario las razones que explican su negativa a aplicar la recomendación del Defensor del Pueblo, en línea con lo que establece la normativa europea. “En los casos de conflictos abiertos entre países, no parece razonable ni conveniente que en el marco de un expediente de asilo se contrate la prestación de servicios de personas que por su nacionalidad provoquen sensaciones de incomodidad o enemistad en el solicitante o le induzcan a cuestionar su neutralidad, considerando el enfrentamiento de los respectivos países de origen”, comenta el Defensor del Pueblo.