Es difícil de medir las consecuencias que puede tener la crisis abierta entre España y Venezuela, toda vez que este fin de semana la situación ha escalado con acusaciones de terrorismo incluidas. El país que dirige Nicolás Maduro ha detenido a dos españoles acusándolos de ser miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), pero el departamento de Exteriores español lo niega y argumenta que los dos vascos arrestados eran simplemente turistas. La coyuntura ha pillado a España con el agregado de Interior recién llegado al lugar, según apuntan fuentes de las Fuerzas de Seguridad, después de que el comandante de la Guardia Civil que el ministro Fernando Grande- Marlaska designó a finales del pasado año fuera detenido por el ‘caso Koldo’.

El comandante José Carlos C.P. se encuentra en Venezuela desde este mes de agosto, después de que hace dos meses Interior lo eligiera para este puesto que había quedado descubierto, según confirman fuentes oficiales de la Guardia Civil. Los despachos en las agregadurías de todo el mundo son jugosos porque el sueldo de los agentes ronda, en líneas generales, los 10.000 euros mensuales. Pero, además, el papel que juegan es muy importante en la relación entre países porque colaboran desde allí con misiones diplomáticas en materia de Interior, en los vínculos con autoridades de seguridad del Estado; proporcionan información a los órganos de lucha antiterrorista, sirven de enlace en asuntos de Inteligencia, etc.

Este comandante ocupa una de las tres plazas que había en la Consejería de Interior de España en Caracas. Las otras dos están desiertas, según indican otras fuentes del cuerpo a El Independiente. Él ha desarrollado gran parte de su carrera en el servicio de Criminalística desde que fuera teniente en 2004. En enero de 2020 ascendió a comandante y lo destinaron a la Plana Mayor de Zona de Cataluña y luego regresó a Criminalística.

Su aterrizaje ha sido turbulento. Venezuela señala a los dos españoles detenidos (Andrés Martínez Adasme y José María Basoa) por formar parte de una supuesta conspiración para derrocar al Gobierno de Maduro. Pero, lo cierto, es que su familia denunció el pasado día 9 su desaparición a la Ertzaintza y pidió ayuda a través de las redes sociales para localizarlos y que distintos miembros del Gobierno han desmentido cualquier vínculo de estos dos ciudadanos con el servicio de espías. Exteriores, por su parte, ha solicitado al gobierno chavista que le deje acceder a ellos para poder prestarles asistencia. La labor de la embajada allí y, por ende, del agregado de Interior será vital estos días para poder llevar a buen puerto esta situación.

El anterior agregado, implicado en el 'caso Koldo'

Por si fuera poco, en esta historia se cruza el 'caso Koldo'. El agregado dependiente de Marlaska debía llevar allí desde principios de año, pero nunca llegó a instalarse del todo en su despacho. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo el pasado mes de marzo a Rubén Villalba, acusado de colaborar con la trama de corrupción que investiga a empresarios y funcionarios del Ministerio de Transportes por la compra de mascarillas con comisiones fraudulentas plena pandemia.

El papel de Villalba está todavía por delimitar. La Fiscalía Anticorrupción cree que proporcionaba a la red corrupta formas de comunicación seguras (como teléfonos móviles encriptados) a cambio del pago de unos 2.000 euros periódicos. Su relación con Koldo García --uno de los principales imputados y exasesor del ministro de Transportes-- ha tenido mucho que ver porque las sospechas también se extienden a que Villalba pudo dar el chivatazo de que había una causa en marcha.

El comandante fue detenido precisamente cuando se marchaba a Venezuela. En su maleta encontraron 4.835 dólares en efectivo, dos móviles, dos ordenadores y un pendrive. El país bolivariano no fue especialmente colaborador con los agentes de la UCO que se trasladaron allí para registrar el domicilio y el despacho del sospechoso, como consta en el sumario que se sigue en la Audiencia Nacional.

Interior suspendió al guardia de empleo y sueldo, y éste lo recurrió. Fuentes de su defensa señalan que el recurso ha sido desestimado: el juzgado de lo contencioso ha avalado la decisión del departamento de Marlaska que lo hizo a la espera de ver cómo se desarrollaba la investigación. Villalba ha renunciado a seguir recurriendo, por el momento. Dado que la suspensión era cautelar por un plazo de seis meses lo previsible es que en las próximas semanas vuelva a incorporarse a algún puesto más administrativo hasta que se conozca el desenlace del 'caso Koldo'.