Rbab al Tarad Yahi, de 27 años, sufrió un aborto la semana pasada mientras permanecía junto a su hija de año y medio y separada de su marido en la sala de inadmitidos del aeropuerto de Barajas. Los agentes ni siquiera permitieron que pasara toda la noche en el hospital al que fue trasladada, en contra de la recomendación médica. Ahora, los tres miembros de la familia se enfrentan a una deportación inminente a Marruecos tras rechazar el ministerio del Interior el reexamen solicitado por su equipo legal.

Fuentes de su entorno han denunciado este lunes a El Independiente que el departamento que dirige el socialista Fernando Grande-Marlaska han programado su vuelo de regreso a Marruecos el próximo jueves. Solo la vía judicial o una movilización popular pueden parar una orden de expulsión en mitad del temor a que sufran represalias cuando regresen a los territorios ocupados del Sáhara Occidental, la ex provincia española bajo yugo marroquí desde 1976.

La mujer, embarazada de unas semanas, sufrió un aborto durante su estancia en el aeropuerto. Según denuncia, el médico recomendó que pasara la noche en el Hospital Universitario La Paz, donde fue sometida a un legrado. La policía se negó en rotundo, según su testimonio, y fue llevada de vuelta a las instalaciones del aeropuerto madrileño.

Interior español ha rechazado su solicitud de protección internacional a pesar de que otros miembros de su entorno familiar se hallan actualmente asilados en Francia. Mohamed Ali Mohamed Slimani, de 34 años aterrizó el pasado lunes en Barajas acompañado de su esposa Rbab al Tarad Yahi, de 27 años, y la hija de ambos, Aziza, de año y medio. El matrimonio había tomado un avión en Marrakech, ciudad a la que se habían desplazado desde El Aaiún, capital del Sáhara Occidental.

La familia fue separada tras solicitar protección internacional. La mujer fue trasladada a la sala de inadmitidos de la Terminal 4 con la niña de año y medio, mientras que su marido fue trasladado a la de la Terminal 1.

Su deportación inminente se suma a la expulsión este domingo de Mohamed Bachir, un joven saharaui que llevaba 23 días retenido en el aeropuerto de Barajas. El ministerio del Interior le denegó repetidamente, hasta en cuatro ocasiones, la solicitud de protección internacional tras asignarle un intérprete marroquí, ignorando la recomendación del Defensor del Pueblo, y a pesar de la denuncia de que su testimonio había sido alterado por el traductor. El domingo a última hora fue deportado en un vuelo hacia Casablanca a pesar del riesgo de volver a Marruecos para su propia integridad física.

Parientes con asilo en Francia y documentación española

Se da la circunstancia de que parte de la familia de Rbab tiene ya residencia legal en Europa. Su madre y su hermano obtuvieron hace cuatro años asilo político en Francia por su conocido activismo en el Sáhara Occidental. Otras dos hermanas de Rbab solicitaron asilo el pasado julio y se hallan a la espera de resolución.

"Mientras Francia sí reconoce a su madre y su hermano, España, se lo deniega a ella y a su familia aunque un día formaron parte de este estado, el mismo que hoy les deniega algo tan básico como es la protección", lamentan desde su entorno. La familia de Mohamed cuentan con documento de identidad español expedido cuando el Sáhara era una provincia española, tal y como acreditan certificados expedidos por la Dirección General de la Policía en febrero de 2019. Su tío es, además, un alto cargo del Frente Polisario.

El matrimonio denuncia, además, que le fue asignado un traductor marroquí ignorando la recomendación del Defensor del Pueblo que hace ya algunos años pidió a Interior que, en el caso de los saharauis, evitara intérpretes de origen marroquí o en dialecto dariya -el hablado en Marruecos- por tratarse de un país en conflicto con el Sáhara y por ser un dialecto distinto al hasanía, el hablado en el Sáhara Occidental y Mauritania. Además, su equipo legal se queja de que la familia ha sido separada en las instalaciones de Barajas, con la madre quedándose sola con la niña.

Según la web Contramutis citando a un familiar, Mohamed Ali padeció hace días una agresión en un mercado de El Aaiún por parte de un grupo de colonos marroquíes y cuando llegó la policía marroquí procedió directamente a su detención. Entonces fue trasladado a comisaría, donde permaneció varios días y fue sometido a vejaciones. La citada fuente ha indicado que decidieron abandonar El Aaiún ante el empeoramiento de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.

Razones para el incremento de casos

"Resulta totalmente comprensible que los jóvenes saharauis busquen oportunidades alternativas para asegurar su sustento", señaló hace semanas a El Independiente Ali Salem Tamek, un histórico activista saharaui vinculado al Colectivo Saharaui de Defensores de Derechos Humanos (Codesa), una organización con sede en los territorios ocupados que denuncia las violaciones perpetradas por el régimen alauí. "La ocupación marroquí crea sistemáticamente condiciones de represión y empobrecimiento, entre otras penurias, para empujar a los jóvenes saharauis a emigrar al extranjero. Este es el resultado de una política deliberada, con redes establecidas para organizar y facilitar este proceso", agregó.

En su último informe anual, publicado el pasado abril, Amnistía Internacional denuncia los abusos cometidos durante el último años contra la disidencia saharaui en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. El aparato policial, detalla la organización, impidió el derecho de reunión pacífica en la ex colonia española. “Entre el 4 de mayo y el 20 de junio la policía vigiló en El Aaiún, ciudad del norte del Sáhara Occidental, el domicilio de la activista saharaui Mahfouda Lefkir a raíz de que ésta hubiera viajado a Dajla, en el sur del Sáhara Occidental, para solidarizarse con activistas de esta ciudad”, apunta la organización. “Agentes encargados de hacer cumplir la ley la siguieron cada vez que salía de su casa, abordaron y golpearon delante de la vivienda a activistas que iban a visitarla, e insultaron a su familia y a ella”, relató Amnistía.

Desde Codesa se admite, además, que "la represión sistemática por parte de la fuerza de ocupación marroquí contra los civiles saharauis en el Sáhara Occidental ocupado se ha intensificado significativamente tras la reanudación de las hostilidades en noviembre de 2020", la fecha en la que el Frente Polisario anunció el fin del alto el fuego que había estado en vigor desde 1991. "Nuestros exhaustivos informes han llegado sistemáticamente a esta conclusión", apuntó.