El Gobierno ya tiene aprobado su Plan de Acción por la Democracia. Un compendio de 31 medidas que se irán desplegando no de forma inmediata, sino a lo largo de los tres años que teóricamente quedan de legislatura. El plan de regeneración democrática, expuesto en sus líneas maestras por el presidente, Pedro Sánchez, el pasado julio, se estructura en tres ejes de actuación que necesitan aún toda la letra pequeña, porque no baja a la concreción, y requerirá de los apoyos de los grupos del Congreso para poder salir adelante. El pilar más relevante es, quizá, el relativo a los medios de comunicación, en el que se avanza la creación de un registro y la limitación de la publicidad institucional, pero también el que afecta al "refuerzo" del sistema electoral, ya que se harán obligatorios los debates entre candidatos. Y se incluyen medidas muy demandadas por los socios del Ejecutivo, como una nueva Ley de Secretos Oficiales, la modificación del Código Penal para tocar los delitos de injurias a las instituciones del Estado —no queda claro si se eliminará de injurias al Rey y a la Corona— o las ofensas a sentimientos religiosos. Además, el Gobierno se compromete a la celebración anual del debate sobre el estado de la nación en la Cámara baja.

Los ministros de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y Cultura, Ernest Urtasun, representantes ambos de los dos socios de coalición, PSOE y Sumar, y negociadores los dos con los grupos, insistieron en todo momento en que su documento se incardina en el Plan de Acción por la Democracia de 2020 y complementado en 2023, y en el reglamento europeo de libertad de los medios de comunicación, aprobado en marzo de 2024 y en vigor desde mayo. Los objetivos, relató el primero, son ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental; fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad del "ecosistema informativo", para que "se garantice una información veraz", y reforzar la transparencia del Poder Legislativo y del sistema electoral. Esos tres ejes supondrán una "mejora de la democracia", están "alineados con las políticas europeas" y corresponden con un debate "no solo nacional, sino europeo".

'Plan de Acción por la Democracia' aprobado por el Consejo de MinistrosDescarga

Pero lo aprobado este martes, no obstante, no deja de ser una hoja de ruta muy genérica, cuya suerte no está nada clara. Bolaños insistió en que tres años son tiempo suficiente para sacar adelante todo el plan, y se mostró seguro de que se reunirán los apoyos porque, como completó Urtasun, encontraron la "receptividad" y "simpatía" de los grupos en la ronda que mantuvieron con ellos en julio, ya que muchas de las medidas fueron reivindicadas por ellos mismos. El Gobierno irá sacando las iniciativas de más sencilla ejecución, o que dependen de él mismo, antes, pero otras, la mayoría, necesitarán del concurso de las Cortes Generales. Y ese terreno es mucho más pantanoso.

Transparencia en los medios

El Ejecutivo plantea, siguiendo el reglamento europeo de libertad de medios de comunicación (European Media Freedom Act, EMFA), la creación de un registro de medios en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la información pública que reciben. Esa labor quedará atribuida a un órgano "independiente", subrayó Urtasun, como lo es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que antes debe ser reformada para que precisamente pueda asumir esa función, ya que hoy en día no está preparada. Según la ley actual, los diez miembros de la CNMC son nombrados por el Gobierno a propuesta del ministro de Economía y previo examen del Congreso, que puede vetar por mayoría absoluta los candidatos propuestos.

Además, todas las administraciones públicas deberán publicar anualmente sus cifras de inversión publicitaria en medios. Y se reformará la ley de publicidad institucional de 2005 para introducir "criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación". También se cambiará esta norma para "garantizar que sistemas de medición de la audiencia y la metodología que utilicen cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad". Y se establecerán "medidas de apoyo", de discriminación positiva, hacia aquellos medios que estén íntegramente en lenguas cooficiales diferentes del castellano.

Asimismo, se introducirán límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, "para que no haya medios impulsados por o dependientes" de ellas. El marco regulatorio también se revisará para "garantizar el pluralismo" evitando la "concentración de los medios de comunicación2. Nuevamente, faltan todos los detalles.

El documento aborda también un aspecto polémico y que genera suspicacias en los medios, como la reforma de las leyes orgánicas de derecho al honor (de 1984) y de rectificación (1984), con el fin de "mejorar el sistema para instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con indemnizaciones y plazos adecuados". Bolaños insistió en que ambas normas han quedado "obsoletas", porque el panorama mediático actual nada tiene que ver con el que existía a principios de los años ochenta. Lo que busca el Ejecutivo es que cuando "haya bulos, mentiras", cuando haya "ciudadanos afectados" que sufran "difamación" o informaciones que lesionen su "reputación", estos obtengan una "respuesta ágil y rápida por parte de los tribunales", y que sea "efectiva". El plan prevé crear una nueva comisión en el Congreso sobre desinformación, es decir, una comisión antibulos. En paralelo, el Gobierno aprobará una estrategia nacional de lucha contra las campañas de desinformación.

En este eje, el pilar capital de la hoja de ruta impulsada este martes por el Consejo de Ministros, se encuentra una medida en la que Sumar ha puesto mucho énfasis: la reforma "integral" de los artículos del Código Penal que "pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en materia de difamaciones y su encaje legal".

La duda es si también se eliminará o rebajará el delito de injurias a la Corona. Durante la rueda de prensa, los dos ministros midieron muy bien sus palabras para no ofrecer una visión discrepante. Bolaños recalcó que este martes tocaba hablar de lo acordado en el Consejo, de esa redacción consensuada, que su opinión podrá ser "importante" pero lo es más aún el plan del Ejecutivo de coalición en su conjunto y lo que salga aprobado de las Cortes. Sí insistió en que el plan remite a los "grandes consensos" que se han producido en Europa, y que en este caso afecta a los delitos relacionados con la libertad de expresión y la creación artística que se refiera a las "instituciones del Estado". No concretó si para el PSOE se incluye ahí la Corona. Para Sumar, no hay duda ninguna de que sí lo está, porque así lo deja claro una sentencia del TEDH de 2018.

Otras medidas en este capítulo son el impulso de la ley de secreto profesional de los periodistas, la transposición de la directiva europea (anti-SLAPP) para la protección de los informadores frente a los acosos externos o la reforma del artículo 36.23 de la ley mordaza, el que sanciona el uso de las imágenes de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se incorpora igualmente la puesta en marcha del programa de ayudas de 100 millones de euros que Sánchez anunció en julio para promover la "digitalización de los medios de datos".

(Noticia en ampliación)