El Tribunal Supremo está estudiando si admite a trámite una querella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez así como contra el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la Abogada del Estado Zaida Isabel Fernández por utilizar fondos públicos para presentar una denuncia contra el juez Juan Carlos Peinado. La querella se presentó por parte de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción (AECC) y se amplió después de que Sánchez empleara los Servicios Jurídicos del Ejecutivo para querellarse contra Peinado, el juez que mantiene imputada a su mujer y que acudió a La Moncloa para interrogarlo a él como testigo.
En una providencia del pasado 4 de septiembre, a la que ha tenido acceso este medio, el Tribunal sigue la vía normal de cualquier querella que entra en el Supremo al registrarla y designar a los miembros de la Sala de lo Penal que tendrán que decidir sobre este asunto. Serán el presidente Manuel Marchena y los togados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela los encargados de analizar si hay que abrir una investigación o archivar de plano.
Manuel Romeral, presidente de la Asociación denunciante, inició esta actuación contra Sánchez y Gómez por delitos tráfico de influencias, negociaciones prohibidas entre funcionarios y encubrimiento, el pasado 20 de mayo. Poco después de que Peinado abriera la investigación contra Begoña Gómez en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. En ese momento sólo denunció a la pareja, pero posteriormente, como ha avanzado 'The Objetive' y confirmado este medio, la querella fue ampliada por el uso de la Administración supuestamente para el propio beneficio personal del presidente. Es decir, por utilizar a la Abogacía del Estado para querellarse contra el juez Peinado.
Por eso, la ampliación se dirige contra la letrada que ha interpuesto la denuncia contra el magistrado Peinado por prevaricación y contra Bolaños de cuyo ministerio penden los servicios jurídicos del Gobierno. Ahora, el Supremo ha dado traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la admisión a trámite del asunto y se ha designado como ponente a Marchena.
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