Máxima tensión en las relaciones entre PP y Vox. Dos meses y medio después, desde el partido que pilota Santiago Abascal se vuelve a amenazar con romper el último rescoldo de poder territorial que une a Bambú con Génova: los más de 130 ayuntamientos compartidos. El motivo, nuevamente, es la inmigración. Objeto de presión permanente en el último año, justificación para salir de los gobiernos de cinco comunidades autónomas compartidos hasta julio [más Baleares, donde el apoyo a los populares es externos] y baza a la que se apuesta todo para un definitivo despegue electoral. De ahí nombramientos como el del policía nacional Samuel Vázquez, asesor del grupo parlamentario, como portavoz de Inmigración y Seguridad.

Una alerta que llega en la misma jornada en la que los populares someten a debate su propuesta migratoria de agosto exigida al Gobierno vía proposición no de ley. Todo pese a que Alberto Núñez Feijóo consensuó la semana pasada un plan de acción junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Sobre todo, tras la negativa que previsiblemente se dará por parte del PP a incorporar la enmienda de Vox a su texto, en la que modifica los 14 puntos presentados e introduce dos nuevos. Todos con un perfil más duro que, de aceptarse, rompería los puentes alcanzados con Clavijo y dificultaría mucho más las conversaciones con el Ejecutivo central. A continuación, las propuestas en detalle:

La piedra, precisamente, la lanzan fuentes parlamentarias de Vox. Que aunque reconocen que esa decisión de ruptura, de darse, corresponde al Comité de Acción Política (CAP) y al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en última instancia, en conversaciones con las direcciones provinciales y los propios ayuntamientos, el "espíritu" de acción es "compartido". Concretamente, se apunta a que si a la hora de tejer los próximos presupuestos municipales los grupos del PP que lideran los consistorios deciden incorporar medidas que fomenten "el efecto llamada" o que den viabilidad a "la acogida" de inmigrantes irregulares [incluido menores extranjeros no acompañados], se entenderá como una ruptura de los compromisos adquiridos para el pacto en junio de 2023. Y por tanto, se procederá a la salida de las corporaciones de gobierno. Se ejemplifica con que un ayuntamiento, dado el caso, destine una dotación económica para instalaciones de acogida o en términos relacionados.

"Si tensan la cuerda" el desenlace será ese, insisten en alusión al PP. De hecho, desde Vox se rechaza cualquier conformidad respecto a posibles "guiños" que el PP quiera otorgarles en otras materias. "Queremos que se respeten los compromisos pactados. Punto. Y esperamos que los cumplan", recalcan. De ser necesaria la salida, se argumenta que no les temblará la mano. "No tenemos miedo ninguno. Ya hemos demostrado que podemos romper", verbalizan fuentes del partido.

Desde el PP se niegan a caer en presiones y trasladan cualquier responsabilidad en sus decisiones a Vox. De hecho, Feijóo dijo en julio que "si van a quedar afectados los gobiernos municipales sólo lo puede responder Vox". Como se justificó en mayo a la salida de los consejos de gobierno autonómicos. La postura de Génova es la de colaboración multilateral entre Estado y Comunidades para dar una respuesta ordenada a la crisis migratoria. Y aunque se ha endurecido el tono para competir con Vox, se mantiene una posición intermedia, a veces complicada de sostener, entre los intereses partidistas y los de estatalismo. La presión, no obstante, es patente. También en las comunidades, donde, al retomarse la legislatura en el nuevo curso, se afronta una larga senda en mayoría simple en el que se requerirá ir pacto a pacto para sacar iniciativas.

110 municipios compartidos

La omisión de rupturas locales se dio, en palabras del propio Abascal tras salir de las regiones compartidas con el PP, porque los municipios "no tienen las competencias" en inmigración a diferencia de las comunidades. Ahora bien, sí afirmó que "quien colabore activamente" para la acogida, se expondrían a esas fracturas. Cabe destacar que no se aclara si habría una desbandada generalizada en esos 110 municipios compartidos [más de 130 si se incluyen los pactos externos]. Lo que puede llevar solo a rupturas puntuales en todo caso.

Los principales feudos de cohabitación local se ubican en Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Andalucía es la comunidad donde menos localidades comparten. Destacan poblaciones como Toledo, Ciudad Real, Burgos, Valladolid, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Alcalá de Henares, Móstoles o Cartagena, entre otros. Hoy, el vicepresidente de Vox, Ignacio Garriga, ha marcado esa línea desde Valencia, vinculando la batalla contra la inmigración ilegal y la negociación de los presupuestos con las ayudas a las familias y la seguridad. Mañana acudirá también a Valladolid, dos de esos enclaves fundamentales de un Vox con el mayor número de concejales y diputados regionales de su historia, que busca volver a niveles de presencia nacional superior a los 50 escaños como en la legislatura anterior.