El futuro del plan de regeneración democrática del Gobierno, oficialmente Plan de Acción por la Democracia, es incierto. Probablemente, como casi todo en esta legislatura en la que los apoyos del Ejecutivo son mucho más complicados de tejer, más inestables y sin opciones de geometría variable. La Moncloa es plenamente consciente, aunque confía en poder ir sacándolo adelante poco a poco, a lo largo de los tres años de legislatura que espera le queden por delante, aunque al final la decisión de agotarla o de adelantar las generales es exclusivamente del presidente, de Pedro Sánchez. La negociación y aprobación de las medidas se irá escalonando: no habrá complicaciones en las que dependen solo del Gobierno, pero muchas, la mayoría, habrán de reunir el respaldo parlamentario necesario, y no se antoja un camino de rosas, especialmente para cuestiones tan sensibles como la regulación de los medios o la reforma de las leyes orgánicas del derecho al honor y de rectificación. O la rebaja de los delitos de injurias, con la duda de si se despenalizarán las dirigidas a la Corona, como defiende Sumar, porque ahí operan las visibles reservas del socio mayoritario de la coalición, el PSOE, más partidario de andarse con tiento. Toda la ecuación se complica siempre por el lado más inestable e imprevisible de todos: Junts, que no forma parte del bloque de izquierdas ni para de mandar avisos al Gobierno y de abandonarle en el Parlamento.

El documento, "ambicioso", no baja a los detalles, no aporta letra pequeña. El Ejecutivo no ha desvelado qué medida sacará adelante primero

El Consejo de Ministros daba vida este martes a un plan de 31 medidas, 28 páginas, pero que no es más que un esbozo. Un documento [aquí en PDF] que sistematiza, sí, las propuestas expuestas por Sánchez en julio en el pleno del Congreso, pero que no desciende al detalle. Que no aporta letra pequeña, y esta es fundamental. Todo queda a expensas del desarrollo que de esta hoja de ruta vaya haciendo el Gobierno y de los consensos que logre armar en las Cámaras a lo largo de los próximos tres años. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el socialista Félix Bolaños, impulsor del programa de regeneración junto al titular de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, no quiso avanzar cuál será la primera iniciativa en concretarse, en salir del horno. Por lo pronto, se creará una comisión interministerial de seguimiento e impulso de este plan "ambicioso" que se reunirá, al menos, trimestralmente.

Los dos miembros del Gabinete insistieron durante su comparecencia en la Moncloa, posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en que buena parte de esta hoja de ruta dimana de la Unión Europea, tanto de la Comisión, que lanzó el homónimo Plan de Acción por la Democracia en 2020 —y lo complementó en 2023—, como de la Eurocámara, que aprobó el reglamento europeo de libertad de los medios de comunicación (European Freedom Media Act, EMFA, en sus siglas en inglés), en vigor desde el pasado mayo. Un argumento de autoridad que ambos emplearon para convencer a los grupos de que lo que pretende el Ejecutivo, incluso en alguna de sus medidas más polémicas, como el registro de medios, que gestionará una reformada Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), no se desvía del carril europeo.

Bolaños y Urtasun enfatizan que las medidas, incluso las que pueden levantar más suspicacias, dimanan de la UE, aprobadas por un "grandísimo consenso". El plan está "muy medido, es absolutamente europeo", asegura el titular de la Presidencia

Bolaños recordó, de hecho, que el reglamento de libertad de los medios fue validado por la Eurocámara por un "grandísimo consenso", con el voto a favor del Partido Popular Europeo, por lo que se preguntó si la dirección de Alberto Núñez Feijóo se atreverá a separarse del criterio de sus pares en Bruselas. "¿En Europa quieren fortalecer la democracia y en España prefieren que haya bulos y haya ruido?", sostuvo el titular de la Presidencia. El programa está "muy medido", es "absolutamente europeo" y el consenso será "muy mayoritario y aceptado por los grupos", remachó.

"Receptividad y simpatía"

Urtasun reconoció que "los votos hay que trabajarlos", pero insistió en que muchas de las iniciativas contenidas en el documento han encontrado la "receptividad y simpatía" de los grupos, porque en algunos casos las han "reivindicado ellos mismos". "Responder en genérico es muy complicado", coincidió Bolaños, porque los respaldos se irán amarrando "con cada ley, con cada iniciativa", "día a día". El ministro recalcó que queda mucho trabajo por delante, porque falta traducir cada medida a una reforma legal, bajar al articulado, y eso es lo complicado. El Gobierno se encuentra con dificultades evidentes en esta legislatura para sacar legislación adelante: hasta ahora, en algo menos de un año desde la investidura de Sánchez, solo se han aprobado por completo cinco leyes y convalidado seis reales decretos leyes. Si se amplía la óptica, como pidió la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, los números son más favorables a la coalición: en lo que va de legislatura, de un total de 541 votaciones, ha ganado 502.

Los dos ministros admiten que los votos "hay que trabajarlos", y "con cada ley, con cada iniciativa", pero confían en sacar adelante poco a poco las medidas

El Gobierno, no obstante, celebró el paso político dado este martes: el abordaje por primera vez de una "política mediática", en palabras de Urtasun, la conexión con un debate que también está en Europa, el de combate contra los "pseudomedios" que alientan la "desinformación" y bulos que son "corrosivos" para la salud democrática. "Hoy es un buen día para los medios que trabajan para informar verazmente y un mal día para los pseudomedios que se encargan de difundir bulos", remarcó Bolaños.

El plan contiene medidas como un registro de medios —de su gestión se encargará la CNMC, previa reforma de su estatus—, una revisión de la ley de publicidad institucional, para un reparto más equilibrado y que no haya medios sin apenas público que vivan solo de ella, la garantía de un sistema de medición de audiencias transparente y no discriminatorio o la creación de una comisión antibulos en el Congreso. Los periodistas preguntaron insistentemente en rueda de prensa por los detalles, pero no los hubo. El Gobierno no los tiene todavía, porque muchos dependerán de la negociación parlamentaria.

Hoy es un buen día para los medios que trabajan para informar verazmente y un mal día para los pseudomedios que se encargan de difundir bulos", celebra Bolaños

El documento no solo aborda un nuevo marco regulatorio para los medios, sino que también marca reformas para las administraciones y para Congreso y Senado. Desde la obligación de los gobiernos autonómicos y locales de rendir cuentas semestralmente del cumplimiento de sus compromisos a la regulación de los debates electorales, la publicación de los microdatos en las encuestas electorales, una ley de lobbies, la obligatoriedad de que los debates sobre el estado de la nación se celebren anualmente o el reforzamiento de las sanciones para los diputados o senadores que no presenten sus declaraciones de bienes.

El plan incluye, asimismo, la eterna promesa de reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, una exigencia histórica del PNV y que nunca llega a ver la luz. El borrador de modificación que se elaboró en la pasada legislatura, y que no contaba con el apoyo de los grupos, es, dijo Bolaños, una base "sólida" sobre la que avanzar ahora. Compromiso que no basta, por cierto, a los nacionalistas vascos, que ya advirtieron ayer de que ese anteproyecto de 2022 "implicaría que los plazos para desclasificar documentos llegarían incluso a doblar los propuestos" por ellos mismos.

Para Sumar, sí se ha logrado "blindar la libertad de expresión", algo que consideran "imprescindible" para "fortalecer la democracia". Y sí se incluye la Corona

Para Sumar, era capital la "reforma integral" de los delitos relacionados con la libertad de expresión y la creación artística, "entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en materia de difamaciones y su encaje legal".

Las sentencias del TEDH

Esa es la redacción que contiene el documento, la pactada por PSOE y Sumar. Sin dudas respecto a la despenalización de las ofensas religiosas. Pero la lectura de ambas partes no es coincidente en lo relativo a las injurias al Rey. Para el socio minoritario, tras las "reticencias iniciales" de los socialistas, sí se ha logrado "blindar la libertad de expresión", algo que consideran "imprescindible" para "fortalecer la democracia". La formulación puesta negro sobre blanco en el documento es diáfana para Sumar, pues se habla de "instituciones del Estado". "Es decir, también la Corona. No solo porque pone instituciones del Estado (y no solo algunas), sino porque se menciona una jurisprudencia que incluye sentencias de la Corona", señalan fuentes del grupo.

Bolaños no dice explícitamente que la reforma pactada incluya las injurias a la Corona. Se remite a la textualidad, a la referencia a las "instituciones del Estado" que figura en el texto

Tres son los fallos del TEDH que esgrimen en Sumar: la del 15 de marzo de 2011 —que condena a España a indemnizar a Arnaldo Otegi por vulnerar su libertad de expresión al haber llamado al Rey "jefe de los torturadores"—, la del 13 de marzo de 2018 —Estrasburgo condenó a España por haber castigado a unos manifestantes que quemaron en público una foto de los Reyes en 2007— y la del 8 de junio de 2023, que dictaminó que la libertad de expresión "no se aplica solo a información o ideas que se perciben como inofensivas", sino también a las que "ofenden, crean impacto o perturbación al Estado o a cualquier sector de la sociedad". "El tema está clarísimo", señalaba este martes en el Congreso el portavoz de Sumar en Interior y Justicia, Enrique Santiago. Es decir, no hay discusión para el socio junior de la coalición.

No es tan evidente para el PSOE. Bolaños, en la rueda de prensa en la Moncloa, evitó en todo momento polemizar. No dijo explícitamente que la reforma pactada incluya las injurias a la Corona. Se remitió a la textualidad, a la referencia a las "instituciones del Estado" que figura en el texto. Lo que sí dejó claro, igual que Urtasun, es que lo consensuado es una revisión profunda de los delitos relativos a la libertad de expresión para ajustarlos al entorno y la jurisprudencia europeas.

Desde el ala socialista se recordaba que, en el Código Penal vigente, los delitos contra la Corona y contra las instituciones del Estado no están integrados en el mismo capítulo. Ambos forman parte del mismo título, el XXI —delitos contra la Constitución—, pero figuran en capítulos separados, el II se consagra a la Corona y el III, a las instituciones del Estado. Es decir, que la redacción del plan da cobertura a las lecturas diferentes de los dos socios de coalición. De nuevo, el alcance lo determinará la negociación con los socios parlamentarios. "Veremos si hay una mayoría", advierte un ministro socialista. Lo que sí se deja fuera es la despenalización del enaltecimiento del terrorismo. Sumar lo perseguía, pero el PSOE estaba radicalmente en contra, y no se ha incluido. Tampoco se incluye ninguna medida de reforma del Poder Judicial, un tema que cerraron los socialistas con el PP cuando pactaron la renovación del CGPJ en junio.

Los socios ven el plan insuficiente

En el Gobierno admiten en privado que la viabilidad del plan es una incógnita. Sobre todo, algunas reformas "de mucho calado y sensibles", como la de las leyes de derecho al honor y a la intimidad y de rectificación. Una revisión que nace, también, de la desazón de miembros del Ejecutivo que se quejan del "acoso" e invasión que sufren por parte de "pseudomedios" incluso en su vida privada.

En el Ejecutivo defienden que se ha sido "totalmente escrupuloso". ERC ve "maquillaje" y "palabrería", el PNV lo cree "inconcreto", y añade: "No es una legislatura para legislar"

Pese a las críticas, los socialistas defienden que el plan que se pone sobre la mesa, y al que le queda todo el desarrollo, es "totalmente escrupuloso", también en el pasaje más sensible, el relativo a los medios de comunicación. "No hay ningún ataque a la libertad de información. Los que difunden información no pueden sentirse aludidos. Nadie está diciendo que se persiga la libertad editorial, en ningún caso. Esto es un blindaje del periodismo", asegura un ministro de mucho peso.

Los socios ya lanzaron este martes avisos de que no les gusta la batería de iniciativas presentada en la Moncloa. ERC lo catalogó de "maquillaje" y "pura palabrería". Podemos no lo apoyará si no se obliga a los "grandes presentadores" y directores de programas de televisión a que presenten una declaración de intereses. Bildu ve "cosas buenas" pero exige la reforma de la ley mordaza y la de Secretos Oficiales. El PNV se quejó de que las medidas son "inconcretas". El texto, aseguraron los jeltzales, "no ha sido consensuado" y desconocen el "contenido exacto del mismo". "Pero no es una legislatura para legislar, y menos para lanzar medidas sin hablarlas con quienes dan soporte parlamentario", advirtieron.

Los delitos contra la Corona y los delitos contra las instituciones del Estado se hallan en capítulos diferentes del Código Penal, pero bajo el mismo título, el de delitos contra la Constitución

Así que todo, también este plan, está sumergido en la provisionalidad. Aún más la ley que el Ejecutivo necesitaría para amarrar la legislatura, la de Presupuestos del Estado. En el equipo de Sánchez saben que ahora mismo, "con Junts y ERC tal como están", a las puertas de sus respectivos congresos, será difícil acordar con ellos. Y su indefinición arrastra, admiten, en cierta medida, también al PNV, porque no estará dispuesto a "quemar balas" tan vistosas como la del apoyo a las cuentas del Estado cuando el respaldo de los independentistas catalanes está en el aire. Este martes, el PSOE volvió a llevarse una bofetada por parte de Junts, que de manera imprevista giró en el último momento y rechazó tramitar una proposición de ley promovida por organizaciones sociales y de inquilinos para combatir el fraude en los contratos de alquiler de temporada y habitaciones. Otro aviso más de los posconvergentes. Y puede que no sea el último. Con esos mimbres avanza una legislatura que el presidente, eso sí, pretende llevar a término. Pero la duda sobre si lo logrará persistirá.