El sindicato de Policía Jupol ha dado un paso adelante para conseguir la misma jubilación para los agentes que las que tienen sus compañeros de las policías autonómicas y locales. En una rueda de prensa este jueves, su secretario nacional, Aarón Rivero, y el portavoz de la organización, Ibón Domínguez, anunciaron un demanda administrativa ante el Tribunal Supremo para acabar con la "discriminación sangrante" que existe.

Para la demanda han contado con el abogado Antonio Blanco, que ve una situación manifiestamente ilegal, injusta, desigual, discriminatoria y contraria a la Constitución y al ordenamiento jurídico" en la situación. El texto, que ya se ha presentado y "se ha admitido a trámite" en el Alto Tribunal, va contra el Consejo de Ministros, que en 2018 ya aprobó un real decreto para que los policías locales pudiesen jubilarse a los 59 años con el 100% de su sueldo, aseguran.

Los agentes que ingresaron en la Policía y la Guardia Civil a partir de 2011 cotizan en el regimen de la seguridad social, como el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Los que lo hicieron antes están sujetos al de clases pasivas. Por eso la demanda va horientada a que aquellos policías que consiguieron plaza en los últimos 13 años, porque equipararlos a ellos al resto esperan que sea más "fácil" al cotizar en la misma caja.

No obstante, desde el sindicato esperan que, una vez hayan ganado, la nueva jubilación sea extensible a todo los agentes, incluidos los del Instituto Armado. En la actualidad, un policía de base se jubila con unos 1.700 euros, mientras que un mosso lo hace con 2.400.

Movilizaciones

De la mano de esta reclamación, una de las habituales del sindicato, van la de que la Policía Nacional y la Guardia Civil sean reconocidas como profesión de riesgo y la equiparación salarial respecto a otros cuerpos, ha incidido Rivero.

En la rueda de prensa, Jupol también ha recordado la concentración convocada el próximo martes, día 24, frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en distintos puntos del país.

Las manifestaciones, ha explicado el secretario general, pretenden que sirvan como respuesta a la "promesa incumplida" de la administración de iniciar en septiembre los trabajos para atender sus reclamaciones, de los cuales todavía no han tenido conocimiento.