La Audiencia Nacional propina un nuevo golpe a Hammou Ali, el joven saharaui sordo y enfermo de cáncer de 30 años que había solicitado protección internacional tras aterrizar en el aeropuerto madrileño de Barajas. El tribunal ha denegado este jueves la cautelarísima solicitada por su equipo legal contra la expulsión dictada por el ministerio del Interior.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado la medida cautelarísima reclamada para tratar de detener su deportación a Marruecos. Ali procede de los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos y existe el riesgo cierto de que sufra represalias si regresa por su condición de activista y por haber protagonizado y participado en protestas en la ex provincia española.

Ali permanece en la sala de inadmitidos del aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez desde hace semana y media y se enfrenta ahora a la expulsión a Marruecos. Fuentes de su equipo legal denunciaron la semana pasada a El Independiente que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska había obviado "elementos más que suficientes para considerar al solicitante una persona con necesidades básicas debido a su situación de incapacidad".

Ali, además, es un activista en favor de la independencia del Sáhara Occidental, la ex provincia española ocupada desde 1976 por Marruecos. Así lo atestiguan las imágenes incluidas por su letrada en el dossier en el que se documenta su participación en protestas en el Sáhara.

Convocada manifestación frente a Interior

Las citadas fuentes expresan su sorpresa porque "ante la política de represión que está llevando Marruecos contra los jóvenes saharauis, se suma ahora la del gobierno español, denegando de forma sistemática sus solicitudes sin reparar en la grave situación que los mismos estaban viviendo". De hecho, se ha convocado una manifestación a mediodía de este sábado frente a la sede del ministerio del Interior bajo el lema “Marlaska, necesitan protección, no deportación”. En las últimas semanas han llegado decenas de saharauis en la misma situación.

Otro de los casos es el de Rbab al Tarad Yahi, de 27 años, su marido y su hija de año y medio a los que se ha denegado la protección internacional a pesar de que parte de su familia se halla asilada en Francia. La mujer sufrió un aborto la semana pasada mientras permanecía junto a su hija de año y medio y separada de su marido en la sala de inadmitidos del aeropuerto de Barajas. Los agentes ni siquiera permitieron que pasara toda la noche en el hospital al que fue trasladada, en contra de la recomendación médica. Ahora, los tres miembros de la familia se enfrentan a una deportación inminente a Marruecos tras rechazar el ministerio del Interior el reexamen solicitado por su equipo legal. Tenían asignado un vuelo de regreso a Marruecos este jueves pero sus abogados han recurrido a la vía judicial, a la espera de resolución.

La mujer, embarazada de unas semanas, sufrió un aborto durante su estancia en el aeropuerto. Según denuncia, el médico recomendó que pasara la noche en el Hospital Universitario La Paz, donde fue sometida a un legrado. La policía se negó en rotundo, según su testimonio, y fue llevada de vuelta a las instalaciones del aeropuerto madrileño.

Los casos se han multiplicado en las últimas semanas. Tras una primera denegación, el ministerio del Interior autorizó el miércoles de la pasada semana la entrada en España del joven activista saharaui Abdelsalem Abdullah Khalifa, que llevaba más de una semana en el aeropuerto de Barajas y cuyo caso, tras la denuncia el pasado sábado en El Independiente, Podemos y Pablo Iglesias compararon con la rápida acogida del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, que llegó a suelo español el domingo y tramita desde entonces su condición de asilado político.

Razones para el aumento de casos

"Resulta totalmente comprensible que los jóvenes saharauis busquen oportunidades alternativas para asegurar su sustento", señaló hace semanas a El Independiente Ali Salem Tamek, un histórico activista saharaui vinculado al Colectivo Saharaui de Defensores de Derechos Humanos (Codesa), una organización con sede en los territorios ocupados que denuncia las violaciones perpetradas por el régimen alauí. "La ocupación marroquí crea sistemáticamente condiciones de represión y empobrecimiento, entre otras penurias, para empujar a los jóvenes saharauis a emigrar al extranjero. Este es el resultado de una política deliberada, con redes establecidas para organizar y facilitar este proceso", agregó.

En su último informe anual, publicado el pasado abril, Amnistía Internacional denuncia los abusos cometidos durante el último año contra la disidencia saharaui en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. El aparato policial, detalla la organización, impidió el derecho de reunión pacífica en la ex colonia española. “Entre el 4 de mayo y el 20 de junio la policía vigiló en El Aaiún, ciudad del norte del Sáhara Occidental, el domicilio de la activista saharaui Mahfouda Lefkir a raíz de que ésta hubiera viajado a Dajla, en el sur del Sáhara Occidental, para solidarizarse con activistas de esta ciudad”, apunta la organización. “Agentes encargados de hacer cumplir la ley la siguieron cada vez que salía de su casa, abordaron y golpearon delante de la vivienda a activistas que iban a visitarla, e insultaron a su familia y a ella”, relató Amnistía.

Desde Codesa se admite, además, que "la represión sistemática por parte de la fuerza de ocupación marroquí contra los civiles saharauis en el Sáhara Occidental ocupado se ha intensificado significativamente tras la reanudación de las hostilidades en noviembre de 2020", la fecha en la que el Frente Polisario anunció el fin del alto el fuego que había estado en vigor desde 1991. "Nuestros exhaustivos informes han llegado sistemáticamente a esta conclusión", apuntó.