Es una tendencia que ha evolucionado de modo paralelo a la historia reciente de Venezuela y de algunos países vecinos. El vínculo de Venezuela con Euskadi viene de lejos. Miles de vascos emigraron hace décadas y se asentaron en el país que hoy gobierna Nicolás Maduro con mano férrea. Ahora, el proceso migratorio es el inverso, cada vez más venezolanos han puesto sus ojos en Euskadi para abandonar su país. Un gran número lo hacen huyendo del régimen. Muestra de ello es el importante incremento de solicitudes de protección internacional que se tramitan en la Comunidad Autónoma Vasca y que se han disparado desde que el actual presidente llegara al poder en 2013. Los últimos datos revelan que el 92% de las 6.153 solicitudes de asilo que se tramitaron el año pasado procedían de países latinoamericanos, fundamentalmente de Venezuela.

Los casos de ciudadanos llegados desde Colombia, Nicaragua o Perú también explican ese importante aumento producido en la última década, si bien en un porcentaje inferior. Actualmente son cerca de 25.000 los venezolanos que residen en Euskadi. Una comunidad importante que en muchos casos abandonaron su país para escapar del Gobierno chavista y que ahora ven cómo la cónsul general de Bilbao, Glenna Cabello, es la hermana del número dos del Gobierno de Madura, Diosdado Cabello.

Sólo en los seis últimos años las peticiones de protección se han multiplicado casi por cuatro, al pasar de ser apenas 1.600 en 2018 a cerrar el año pasado con 6.153 casos. El incremento se ha ido intensificando a la misma velocidad que se complicaba la situación política no sólo en Venezuela, sino en otros países latinoamericanos. Otro de los fenómenos que explica el aumento de solicitudes es el empeoramiento de la situación de seguridad en países como Colombia y Nicaragua. La situación actual es la más elevada en la historia de peticiones de asilo de la administración vasca. Se trata de peticiones que realizan casi a partes iguales hombres y mujeres.

Razones humanitarias

No todas son concedidas, pero en el caso de Venezuela el porcentaje de aceptación es muy superior a la del resto de países. La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, CIAR, propuso en marzo de 2019 conceder la autorización de residencia por razones humanitarias a todas las personas de nacionalidad venezolana cuyas peticiones de pudieran haber sido denegadas. La propuesta surtió efecto y el número de solicitudes aceptadas se ha incrementado en los últimos años. Sólo el año pasado fueron concedidas el 66% de las peticiones en el caso de los ciudadanos venezolanos, cuando la media de aceptación para los solicitantes del resto de países latinoamericanos apenas alcanzó el 24% de las peticiones recibidas.

En el conjunto de solicitudes procedentes de estos países en casi un 8% de los casos lo que se les concedió fue el estatuto de refugiado. En otro 8,5% se les otorgó protección subsidiaria y en el 60% restante se denegó la solicitud de protección.

El empeoramiento de la situación política en Venezuela y de la convivencia en otros países de la zona comenzó a traducirse en una mayor llegada de este tipo de casos a partir de 2018. Desde entonces no ha dejado de aumentar, con la excepción de los años 2020 y 2021, cuando la pandemia redujo de modo importante las peticiones de asilo. En los últimos dos años de nuevo se han disparado las peticiones.

Venezuela representó cerca de la mitad de las solicitudes de asilo que se tramitaron en 2022, con casi cuatro de cada diez casos correspondientes a ciudadanos venezolanos. El territorio histórico en el que más casos se tramitan es Bizkaia, donde Venezuela abarca la mayoría de los casos.

Actitud favorable al asilo

También Colombia, en este caso por el clima de violencia y desprotección, está aumentando en el número de peticiones. En 2022 un tercio de los casos correspondían a ciudadanos colombianos. Países como Nicaragua, Perú, Honduras o El Salvador se sitúan a gran distancia en la petición de asilo.  

La actitud de los vascos, según datos del Observatorio de la Inmigración, Ikuspegi, es significativamente favorable a acoger a los solicitantes de este tipo de protección. Así, el 37% defiende que se les acoja sin restricciones y un 39% sólo lo limita a que deban acreditar que son perseguidos. Otro 16% defiende que las protecciones se deben conceder de modo limitado y de acuerdo a un cupo anual.

Ciudadanos extranjeros que se insertan en una sociedad, la vasca, que ha visto cómo en las dos últimas décadas la población extranjera residente en Euskadi se multiplica por cuatro. Actualmente representa el 12,4% de la población residente en el País Vasco. Suma un total de 207.794 personas, frente a las apenas 66.348 de 2003, cuando la inmigración sólo suponía un el 3,2% de la población, en 2023. Pese a este incremento, por el momento es la decimotercera comunidad autónoma con más población inmigrante, según datos de Ikuspegi.