A veces, en Derecho cuesta ser categórico con esto de "la primera vez que..." porque siempre hay un precedente, una línea de jurisprudencia o una resolución escondida que puede dar al traste con la redonda estadística vacía. Pero ayer, después de preguntar a juristas de distinto pelaje y a miembros del Tribunal Constitucional nadie recordaba, al menos a priori, un caso anterior en el que un fiscal general del Estado presentara una recusación contra un magistrado del órgano que vela por la Carta Magna. Álvaro García Ortiz ha dado un paso adelante del todo inusual para tratar de apartar a José María Macías de la decisión sobre la amnistía.

"Rompe con cualquier precedente", dice una fuente del tribunal. Este jueves la noticia se acogía allí con cierta sorpresa, si bien alguno daba por hecho que detrás estaba la mano del presidente Cándido Conde-Pumpido. La sensación en determinados sectores de la carrera judicial es que García Ortiz ha descarrilado totalmente el sentido de la institucionalidad de la Fiscalía. Que se ha remangado y ha bajado al barro para cumplir directamente con los deseos del Gobierno como un apéndice del Ejecutivo e incluso, dicen, del PSOE. "Es capaz de poner en evidencia la Fiscalía. De desgastarla todavía más", señala una segunda fuente del órgano.

El jefe del Ministerio Público presentó este jueves una recusación contra el recién incorporado togado elegido por el PP que ha aterrizado desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La recusación se sustenta en que cuando era vocal se pronunció en dos ocasiones --en una de ellas de forma oficial como contestación a una petición del Senado-- en contra de la norma que perdona los delitos del procés, y, por tanto, su apariencia de imparcialidad está en cuestión cuando ya es pública y notoria su postura. El fiscal considera que Macías ha quedado inhabilitado para debatir la cuestión de inconstitucionalidad sobre la que el pleno del Tribunal debe decidir.

"No creo que haya un caso anterior", confirma otra fuente fiscal del alto tribunal. Existen supuestos en los que el Ministerio Público ha apoyado apartar a algunos magistrados que había recusado previamente alguna parte del procedimiento. Por ejemplo, en diciembre de 2022, la Fiscalía del Constitucional apoyó apartar a Pedro González-Trevijano y a Antonio Narváez en un conflicto que planteó el Senado para paralizar una tramitación parlamentaria. Es un caso distinto, certifica dicha fuente.

Las recusaciones en el tema de la amnistía alcanzaban hasta el momento a Juan Carlos Campo, Laura Díez y Pumpido, pero lo previsible era que llegaran a afectar a Macías, puesto que el expresident Carles Puigdemont había avanzado en un recurso que su intención era pedirlo cuando recurriera la sentencia del Supremo de no aplicarle la ley. Así las cosas, si el fiscal general no hubiera dado este paso adelante, la recusación de Macías hubiera llegado igualmente y la Fiscalía entonces podría haberla apoyado.

García Ortiz ha buscado, en cambio, ser proactivo. Una actitud que no se comprende en ciertos entornos judiciales. Algunas de estas voces teorizan sobre el porqué de esta batalla. Una teoría habla de venganza personal en la que el fiscal general estaría apartando a uno de los vocales que firmó el informe del CGPJ sobre su "no idoneidad" para ocupar el puesto de jefe del Ministerio Público. Cuestionan si él también debería abstenerse y no emitir decisiones judiciales sobre vocales conservadores a los que criticó duramente. "Dijo que éramos 'supuestos juristas' y que habíamos hecho una suerte de 'tribunal de honor'", recuerda uno.

La otra tesis es que quiera "morir matando", dicen, en referencia a que el Tribunal Supremo tiene encima de la mesa su posible imputación por revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. A pesar de que el fiscal ha asegurado que su intención es permanecer en el cargo, incluso, aunque haya imputación, mentadas fuentes tienen muchas dudas de que pueda aguantar el chaparrón.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha dado públicamente su apoyo incondicional, pero la presión interna, según vaticinan, va a ser atroz. Dentro del movimiento asociativo del Ministerio Público se están preparando ya acciones por si llega el día en el que la Sala de lo Penal admita los cargos contra el jefe y él no se marche voluntariamente.

Los consultados destacan, además, la imagen empañada para el Poder Judicial que deja un fiscal general añadiendo dudas a la imparcialidad de los togados. Un comentario que ya hicieron cuando García Ortiz recusó a la práctica totalidad de los jueces de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo que tenían que decidir sobre su continuidad en el cargo, como avanzó este medio.

Macías no se apartará

La próxima semana el pleno del Constitucional estudiará apartar a Juan Carlos Campo de todos los recursos de la amnistía. El exministro de Justicia lo ha pedido a motu proprio, por lo que las fuentes consultadas en el órgano no creen que exista problema en concedérselo, habida cuenta de que se pronunció por escrito sobre este asunto cuando firmó los informes de los indultos. Después, se abrirá el camino del resto. Laura Díez está recusada por haber formado parte del gabinete del actual ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños; mientras que Conde-Pumpido, lo está porque se apartó de las últimas decisiones del procés y los recusantes creen que si lo hizo entonces debe hacerlo ahora en un tema que tiene conexión.

Esto ya será harina de otro costal. Las voces preguntadas en el órgano quieren ir "paso a paso" sin hacer predicciones, aunque otros ya vaticinan que el pleno no va a permitir que ningún progresista más se aparte. La correlación de fuerzas entre unos y otros es vital para el fallo porque, restando a Campos, los números quedan seis a cinco (progresistas frente a conservadores). Si se elimina alguna pieza más, el resultado del puzle final puede ser totalmente distinto.

En el caso de Macías, las fuentes consultadas apuntan al precedente de Concepción Espejel, quien en el asunto del aborto quiso dar un paso atrás voluntariamente por haber informado de esa ley cuando era vocal del CGPJ. El pleno, con Pumpido a la cabeza, no le permitió abstenerse del tema, así que los conservadores entienden ahora que ha de seguirse el mismo patrón. "A no ser que el pleno cambie de criterio según quién sea el recusado", agregan.