Es la enésima promesa. Hubo otras similares mucho antes. Todas fueron incumplidas. Pero el PNV sabe que no tendrá una oportunidad mejor si cambia el gobierno. Cumplir íntegramente el Estatuto de Gernika es un viejo objetivo ansiado desde que fue firmado en 1979. Hoy, casi 45 años después, cerca de una treintena de competencias incluidas en él siguen sin ser transferidas. En la lista figuran materias muy relevantes como la gestión de los aeropuertos y los puertos, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social o la gestión del litoral.

Este viernes el Gobierno de Pedro Sánchez volvió a comprometerse, a reafirmarse en su deseo de acelerar sus trabajos y cumplir con lo firmado en tiempo y forma. La fecha ahora es finales de 2025. Siendo más precisos, debería cerrarse en noviembre del próximo año, cuando hayan transcurrido dos años de la última investidura de Sánchez. Es lo establecido en el acuerdo de investidura entre el PNV y el PSOE. En él se volvía a incluir el compromiso para desarrollar completamente el Estatuto vasco. El plazo, dos años.  

La promesa dada ayer suena a repetida. Desde la primera vez que se hizo, allá en 2018, han pasado cinco ministros de Política Territorial y dos lehendakaris. Fue uno de los primeros compromisos adquiridos con el PNV tras la moción de censura que permitió al candidato del PSOE acceder a la Moncloa en junio de 2018. Sólo seis meses más tarde la primera de las ministras implicadas, Meritxell Batet, cerró con el PNV el primer acuerdo para un desarrollo completo del Estatuto de Gernika. En enero de 2019 Batet presentó el primer cronograma, el primer listado de competencias pendientes de transferir, algo más de una treintena. El calendario establecía que para finales de 2020 todo debía estar completado.

Aquel calendario pronto quedó desfasado. Los contactos entre ambos gobierno se ralentizaron y la llegada de la pandemia volvió a retrasarlo todo. En enero de 2020 Meritxell Batet dejó el ministerio y lo asumió Carolina Darias. Más tarde el relevo dejaría al frente del mismo a Miquel Iceta, poco después a Isabel Rodríguez y finalmente, el último compromiso a correspondido al actual inquilino del ministerio, Ángel Víctor Torres. Un baile de ministros que no ha ayudado a dinamizar el traspaso de competencias que una y otra vez el PNV ha reclamado acelerar al Gobierno Sánchez.

En octubre, siete transferencias

En estos seis años el cruce de documentos y propuestas de traspaso remitidas por el lehendakari Urkullu ha sido numeroso. Muchas de las materias han permanecido paradas y ahora corresponderá a su sucesor, Imanol Pradales, lograr que sea efectiva la cesión comprometida. Pradales y Sánchez se han visto en dos ocasiones y en ambas se lo ha reclamado. Tras la reunión con Sánchez celebrada ayer en La Moncloa el lehendakari avanzó que a finales de octubre se convocará la Comisión Bilateral de Cooperación para tramitar el traspaso de siete nuevas competencias. Afirmó que será sólo “el primer bloque” y que deberá estar ejecutado antes de fin de año. A comienzos de 2025 se iniciaría la negociación para el “segundo gran bloque” en el que se englobarían el resto de materias, incluida la gestión del Régimen Económico de la Seguridad Social.

Por el momento, la cesión de la gestión de las prisiones y de los trenes de cercanías han sido los logros más relevantes entre los 14 llevados a cabo por el gobierno Sánchez. El Gobierno vasco gestiona desde octubre de 2021 las tres cárceles vascas, lo que le ha permitido aplicar su propio modelo penitenciario. En abril de este año se completó la cesión de los trenes de cercanías. Por el camino, otras pequeñas competencias, de menor relevancia también se han logrado transferir al País Vasco, si bien el grueso del compromiso adquirido sigue pendiente.

El Gobierno siempre ha jugado con esa promesa tentadora para el PNV. Ver completado el Estatuto de Gernika sería un hito histórico para el nacionalismo vasco. El Estatuto de Gernika es el primer y más antiguo de los estatutos de autonomía y el único, junto al de Galicia, que no ha sido renovado. Estatutos como los de Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, Madrid o la Comunidad Valenciana han sido renovados hasta tres y cuatro veces.

El ministro de Política Territorial recordó ayer que el Gobierno de Sánchez ha cumplido y ha transferido hasta ahora 14 materias a Euskadi “muchos más que con el Gobierno del PP”. Respecto a las competencias pendientes, Torres sostuvo que la voluntad del Ejecutivo es "cumplir con los plazos", pero advirtió de que en ocasiones surgen "dificultades". La advertencia ha venido aparecido en todos los acuerdos alcanzados en estos años. Una protección con la que el Ejecutivo Sánchez intenta protegerse ante un posible incumplimiento de la competencia más sensible de la lista: la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

Nuevo estatuto

En los últimos meses el PNV ha insistido en que el desarrollo “íntegro” pactado incluye todas las materias, también la Seguridad Social. Recuerdan que se trata de una competencia reconocida en la disposición adicional quinta del propio estatuto vasco.

El PNV mantiene por ahora su compromiso por sostener a Pedro Sánchez. Lo hace con cada vez menos firmeza y con la disposición a actuar –y votar- al margen del ‘bloque de investidura’ si lo cree necesario. El propio Pradales reiteró tras verse con Sánchez este viernes que la estabilidad es un valor que su partido valora y que por ahora ve a Sánchez en disposición de aguantar toda la legislatura.

Sin duda, el desarrollo y el ritmo de cumplimiento de lo pacto para investirle será el termómetro clave para mantener o enfriar ese apoyo. PNV y PSOE se dieron dos años para completar el Estatuto Vasco. Incluso en el acuerdo de Gobierno en Euskadi ambas formaciones se reafirmaron en este objetivo e incluso avanzaron en la necesidad de abrir el camino a la negociación del futuro estatuto vasco que debiera relevar al de Gernika una vez completado.

Sin duda, ese será otro objetivo repleto de discrepancias y dificultades. El PNV y el PSE ya han comenzado a evidenciarlas. El reconocimiento de la nación vasca, la inclusión de un sistema de bilateralidad en la relación Euskadi-Estado o la necesidad de incorporar un sistema de garantías para el cumplimiento de los acuerdos son las bases sobre las que los nacionalistas quieren que pivote. De fondo, el reconocimiento al derecho a decidir como la mayor dificultad para un acuerdo trasversal.