El Ministerio de Exteriores ha reconocido los hechos por los que un funcionario ha denunciado a los responsables de los últimos años de la embajada de España en Mauritania, aunque no ve delitos. El trabajador público puso de manifiesto una serie de actuaciones que podrían encajar en un ataque al mediambiente y que desveló El Independiente.
El denunciante, con décadas de experiencia laboral y sindical, llegó a Nuakchot, la capital del país africano, en el verano de 2023. Eligió ese destino para recabar información de primera mano para el doctorado en Derecho Internacional que está preparando. Allí, en la residencia donde viven todos los trabajadores, presenció los hechos que en agosto de este año, días después de que lo cesasen nada más empezar sus vacaciones, puso en conocimiento de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.
En el recinto de la embajada existen dos piscinas. Una es de uso privado de la embajadora, Míriam Álvarez de la Rosa, y la segunda es de uso común para todos los trabajadores. La comunitaria, desde hace al menos dos años, se tiene que llenar a diario por las diversas fugas de agua que hay y no se arreglan.
Según los cálculos del denunciante, se pierden unos 14.000 litros de agua. La solución en la embajada ha sido la de abrir un grifo para rellenar cada día la piscina, en un país muy afectado por las sequías. Las pérdidas han sido tan grandes que en ocasiones se ha utilizado una segunda vía de llenado, una manguera, para poder seguir disfrutando de la piscina.
"Condiciones climatológicas"
Además de denunciarlo ante la Justicia, el funcionario informó de palabra y por escrito a los responsables de la embajada. Pero también al Ministerio de Transición Ecológica y al de Exteriores. Este último, en una comunicación interna, señala que "la necesidad de rellenado diario de la piscina parecen ajustarse a unos parámetros de normalidad" debido a las "condiciones climatológicas de Mauritania" y "habida cuenta de la evaporación" de la piscina.
Los veranos en Nuakchot son cortos, bochornosos y cálidos, mientras que los inviernos tampoco tienen mucha duración y son cómodos. La temperatura varía de los 15 grados celsius a los 35, y es raro que estén por debajo de 12 o por encima de 41. Es decir, situaciones climatológicas similares a muchas ciudades de España. Una búsqueda rápida en internet en páginas especializadas muestra que la evaporación normal está en unos 3,28 litros de agua por metro cuadrado. La piscina de la embajada mide 18 metros de largo por nueve de ancho, y la profundidad máxima es de unos 2 metros.
Otro testigo señala a la canciller
El Independiente se ha puesto en contacto con otro antiguo trabajador de la embajada que ha corroborado los datos presentados en la denuncia. Este segundo trabajador conocía al constructor de la piscina, un empresario español que contrató a obreros locales. Al explicarle la situación, este le dijo que seguramente necesitaría "un rejunto" para solucionarlo, pero nunca se hizo.
"Esta piscina era un punto de reunión para los trabajadores. Los fines de semana casi siempre nos reuníamos ahí, incluida la embajadora", resume este funcionario, que prefiere guardar el anonimato.
Explica que las personas al frente de la embajada eran totalmente conocedoras de lo que estaba ocurriendo. De hecho, la piscina de la embajadora también perdió agua en un momento dado, aunque sí se arregló. "Estaba más que informada". Exteriores, en su comunicación, hace alusión a que la una piscina tiene mantenimiento seis días a la semana y que se arreglan los "daños menores" de las tuberías "tan pronto como se detectan".
La canciller, María Jesús Del Pozo Gavilan, es una de las denunciadas junto a la embajadora. Según este segundo funcionario con el que ha podido hablar este periódico, ella era la persona que en muchas ocasiones abría el grifo para rellenar la piscina, malgastando así miles de litros de agua en un país con graves problemas de sequía. "El agua a la embajada le sale gratis, es uno de los acuerdos con el país".
El denunciante ha pedido que se tome declaración a varias personas. Entre ellas, al agregado del Ministerio del Interior en Mauritania, al responsable de la Guardia Civil en la capital del país y a las dos denunciadas, la embajadora y la canciller. De admitirse a trámite, la competente para investigarlo sería la Audiencia Nacional.
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