El presidente de Vox, Santiago Abascal, se citará este miércoles con el candidato de la oposición venezolana en las elecciones presidenciales del 28 de julio, Edmundo González. Así lo adelantó este lunes el vicepresidente y secretario general del partido, Ignacio Garriga, en una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política (CAP), con la que se organiza la agenda de la semana. El encuentro con el diplomático y político latinoamericano llega después de una semana en la que fuentes del partido venían advirtiendo de que se emplazaban "pronto" a un contacto. Se reitera que las conversaciones con la oposición venezolana, en especial con su líder, María Corina Machado, es "permanente".

El viernes el propio Abascal cerró la reunión con González Urrutia tras una conversación telefónica. Ésta acontecerá en el Congreso de los Diputados, en una jornada marcada por el control parlamentario al Ejecutivo nacional a primera hora de la mañana. Aún sin hora, se prevé que sea pasadas las diez de la mañana como mínimo. Abascal, así, sigue la línea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa, y de Alberto Núñez Feijóo y el PP también en la Cámara Baja. El popular tuvo un encuentro con el opositor el martes pasado, 17 de septiembre. Una semana después del reconocimiento parlamentario impulsado en el Congreso por su partido del político como presidente electo de Venezuela. Un paso que se ha replicado con el mismo éxito en la Eurocámara este jueves pasado. Ambas las presentaron los populares y obtuvieron el respaldo de Vox [y el PNV, Coalición Canaria, así como la abstención de José Luis Ábalos] y sus socios en el caso europeo.

El encuentro llega dos semanas después desde el exilio de González Urrutia en España y su llegada a Madrid. Una salida sobre la que la oposición pone la lupa y mira al ministerio de Exteriores que dirige José Manuel Albares. Se pide la dimisión del ministro por considerar que hubo colaboración por parte del embajador español en Venezuela para que González Urrutia firmase un escrito puesto sobre la mesa por Delcy Rodríguez, en esa parte del territorio español, para reconocer a Nicolás Maduro como legítimo ganador de las elecciones.

El opositor denunció "coacciones", aunque insiste en que el Gobierno español no tiene nada que ver. El propio Albares, ante el señalamiento, recalcó que el embajador se limitó a compartir "espacio vital" en la embajada con González Urrutia e intervino exclusivamente en el trayecto y los medios para llegar a Madrid. El clima se tensó a finales de la semana pasada, cuando el vicesecretario de Institucional y eurodiputado del PP, Esteban González Pons, calificó al Gobierno de "colaborador" en esas presiones. Lo que ha hecho, por su parte, que el Gobierno pida su destitución. El Gobierno ha querido evitar el reconocimiento de González Urrutia a la espera de la publicación de actas electorales por parte del régimen y para seguir la línea de actuación europea. Sobre todo por los intereses estratégicos y económicos de España en Venezuela. Desde el PP se les animó a romper ese criterio como se hizo ante el reconocimiento de Palestina como Estado.

En la rueda de prensa Garriga quiso reivindicarse como mayor defensor y respaldo de la oposición venezolana, por trayectoria, relaciones y ante la postura del PP. Unos populares que, incluso, respaldan ya las medidas de Giorgia Meloni en cuanto a reducción de la inmigración ilegal. Aunque desde Génova se buscó un golpe de efecto el jueves con el encuentro en Roma del dirigente y la primera ministra italiana [sumado al anterior con su homólogo griego], desde Vox creen que a Feijóo "se le han olvidado" las políticas de la italiana "al bajar del avión". Advierten de que el PP sigue dispuesto a sentarse con el Gobierno en una reunión con Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres. El PP está "en la estafa permanente", denunció Garriga. "Quieren acercarse al PSOE, asumir su agenda y tener un posible socio para aprobar presupuestos" regionales, consideró.

Precisamente esa es la labor más relevante de las próximas semanas a nivel autonómico. El PP necesita apoyos para sacar sus cuentas territoriales adelante en Castilla y León, Murcia, Extremadura, la Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón. Y Vox solo lo dará si el PP vuelve a una postura crítica con las acogidas y adopta su marco de políticas económicas. Movimientos como la negativa castellano y leonesa a legislar la Ley de Concordia pactada previamente a las salida de Vox del Consejo del Gobierno, dificulta allí un acercamiento.