Si hay una Sala a la que los políticos miran de reojo en el Tribunal Supremo, esa es la Sala de lo Penal. Los 15 magistrados que la componen son los únicos en toda España que pueden enjuiciar a los diputados del Congreso, a los miembros del Gobierno o al Rey, que están aforados allí. Es la que revisa los casos de corrupción más importantes (Gürtel, los ERE...), los asuntos de terrorismo (ETA, los Gal...) o la que cambia la jurisprudencia y corrige a los órganos inferiores, como ocurrió con el caso de 'La Manada'. Presidir la Sala Segunda es un caramelo muy atractivo para cualquier jurista, pero también una responsabilidad inmensa que no todos están dispuestos a asumir. El actual presidente, Manuel Marchena, cumple su mandato el próximo 3 de noviembre y se abre la sucesión con el magistrado Andrés Martínez Arrieta como el posible candidato con más votos.

El nombramiento corresponde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ahora debe poner de acuerdo a tres quintos de sus miembros (13 de 21), y la presidencia de la Sala de lo Penal nunca ha sido una negociación fácil. Aunque conservadores y progresistas suelen buscar al mejor de entre los suyos para esta tarea, distintas fuentes consultadas señalan que esta vez si Martínez Arrieta da un paso al frente será difícil que cualquiera de los demás togados tenga posibilidades de prosperar.

A sus 69 años no es sólo el más antiguo de la Sala, sino que es, además, el número uno del escalafón judicial de toda España. Le sigue Francisco Marín Castán, el hasta ahora presidente interino del Supremo, y Julián Sánchez Melgar, otro de los magistrados de la misma Sala con papeletas para el puesto. Sánchez Melgar, exfiscal general del Estado con el Gobierno del PP, es otro de los pesos pesados en la lista de penalistas y un hombre que podría suscitar consensos dentro del Tribunal, pero si Martínez Arrieta se decide las voces consultadas creen que ninguno de sus compañeros querrá enfrentarse a él en la presidencia.

Ana Ferrer vuelve a sonar como postulante del lado progresista. La magistrada de Juezas y Jueces para la Democracia (JyJpD) rompería su segundo techo de cristal al ser la primera mujer en presidir esta Sala, pues ya fue la primera en entrar en ella en 2014. Pero sobre Ferrer pesa ahora la ardua carrera para presidir el CGPJ en la que los conservadores de este órgano se han negado a aceptarla al considerar que venía impuesta por el Gobierno. Fuentes del tribunal defienden su amplia trayectoria, pero las voces jurídicas consultadas aseguran que el bloque elegido por el PP no va a avalar su candidatura después de la exposición mediática a la que ha sido sometido su nombre.

Marchena, que tomó posesión de su cargo el 3 de noviembre de hace diez años, podría seguir en la presidencia de forma interina hasta que el CGPJ se pusiera de acuerdo, aunque no volver a presentarse porque la ley limita este mandato en dos elecciones (de cinco años cada una). Fuentes de su entorno, sin embargo, explican que su intención es dar un paso a un lado y dejar espacio para la renovación. Martínez Arrieta, al ser el más antiguo de la Sala, le sucedería de forma natural durante ese periodo de interinidad hasta que el Consejo lo nombrara a él formalmente o, en su caso, eligiera a otra persona.

Algunas togas temen que el fin del mando de Marchena dé paso a una etapa de mayor fragmentación en la Sala de lo Penal. Hasta ahora, el presidente había logrado un amplio entendimiento en el Tribunal que, en muy pocas ocasiones, se fracturaba en sus decisiones. Así, por ejemplo, la sentencia del procés se firmó por unanimidad tras un profundo debate para concretar si los líderes independentistas habían cometido un delito de rebelión, como sostenía la Fiscalía, o de sedición, como finalmente rubricaron; o se llegó a un acuerdo sobre cómo interpretar la bajada de penas en la Ley del 'Solo sí es sí' que había generado contradicciones entre distintos tribunales.

El clima de consenso se ha roto en los últimos meses con la valoración de la amnistía, sentencia en la que la magistrada Ferrer hizo un voto particular por entender que la malversación cometida por los políticos catalanes sí debería entrar en el perdón. Las deliberaciones a las que debe enfrentarse la Sala en los próximos meses no son poca cosa. Para empezar deben decidir si a la luz de la petición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) hay motivos para imputar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. Sobre la mesa hay, además, una querella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por utilizar la Abogacía del Estado para querellarse contra el juez Juan Carlos Peinado, que dirige la causa de su mujer; u otra contra los siete magistrados progresistas del Tribunal Constitucional que votaron a favor de borrar el delito de prevaricación en el asunto de 'los ERE'.

Martínez Arrieta, un presidente temporal

Martínez Arrieta ingresó en el Tribunal Supremo en 1998, con 43 años, siendo entonces el más joven de la cúpula judicial del alto tribunal. Era conocido por su labor como instructor del sumario por la desaparición de Santiago Corella 'El Nani', que reveló la existencia de una mafia policial y batió récord también en el CGPJ, al que accedió con sólo 25 años.

No tiene una tendencia muy marcada y sus compañeros le definen como un jurista bastante independiente y moderado. Fue miembro fundador de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y durante una época fue designado el magistrado de enlace para conocer las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cuando Sánchez Melgar abandonó la Sala para dirigir la Fiscalía en 2017.

El azar quiso que no presidiera antes la Sala de lo Penal, cuando en 2018 Marchena iba a marcharse a la presidencia del CGPJ. Él era el sustituto orgánico para quedarse al frente del tribunal y, por extensión, dirigir el juicio del procés que estaba a punto de comenzar. Pero nada de esto ocurrió porque el actual presidente renunció al cargo al verse salpicado por refriegas políticas por el control de la Justicia.

De ser elegido Martínez Arrieta podrá estar en el despacho presidencial algo más de dos años, hasta que cumpla los 72. Será entonces, de acuerdo a mentadas fuentes, cuando empiece la verdadera guerra de sucesión en la Sala de lo Penal.