La no aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont, al dejar el Tribunal Supremo fuera de ella el delito de malversación de caudales públicos, ha supuesto un antes y un después entre las relaciones del Gobierno y Junts. Lo recalcaban recientemente fuentes muy autorizadas de los neoconvergentes, quienes desde julio, al calor de esa decisión, han incrementado su negativa a distintas cuestiones sometidas a votación en el Congreso de los Diputados. La última, y ya van más de una docena: el inicio del debate parlamentario para regular los alquileres temporales propuesto por Sumar. A raíz de ello, y lo que llevó nuevamente a una delegación del PSOE capitaneada por su secretario de Organización, Santos Cerdán, a Ginebra (Suiza) a hablar con él, Puigdemont alertó: "Perder el respeto al que tiene los votos que necesitas y no sudar la camiseta intentando ganártelos en cada votación es el camino más directo al fracaso. Estas eran las reglas del juego (...), no se pueden hacer los sorprendidos".

El intento de calmar las aguas por parte de los socialistas con el que es el socio más díscolo en estos momentos llega, además, a las puertas de votarse el techo de gasto esta semana, y después de la presentación de uno de los grandes proyectos de la legislatura para el Ejecutivo: su Plan de Acción Democrática, de regeneración. Un propósito al que se avista muy difícil recorrido con un balance de legislaciones hasta el momento en un año de mandato de dos leyes, otras tres orgánicas y cuatro decretos ley. Lo más destacado: la amnistía, la ley de Paridad, el escudo anticrisis [que pronto debe renovarse] o el desbloqueo del Consejo del Poder Judicial con el PP. Asimismo, la propia inestabilidad con Junts deja dudas de la posibilidad de seguir prolongándose en el Gobierno si los independentistas se distancian definitivamente. Todo pese al compromiso de querer agotar los tres años restantes que promociona el Consejo de Ministros y Pedro Sánchez.

La mínima estabilidad de los socialistas y Sumar depende de que Junts se posicione en la abstención regularmente. Ahora, aparenta aproximamiento a la derecha nacional de PP y Vox, con quien sí suma mayoría. Y aunque dejan la puerta abierta a cuestiones como la moción de censura, desde Vox, por ejemplo, afirman que es un espejismo. Porque Alberto Núñez Feijóo no quiere presentarla. Especialmente porque de ganarla, al día siguiente la situación sería la misma que con Sánchez de inestabilidad. Se recalca la incompatibilidad entre los ultraconservadores y los neoconvergentes, a quienes quieren ilegalizar. Y eso en Junts, se sabe. Asimismo, en el hipotético caso de que prosperase esa moción y no existiera esas diferencias entre Vox y Junts, "la dinámica sería similar, con demanda de concesiones permanentes", afirman los de Santiago Abascal. Puigdemont niega en todo caso ese acercamiento a la derecha, y desde el partido se rechazan bloques, solo intereses en cada momento. De ahí las coincidencias.

Sobre el plan propuesto por el Ejecutivo para la regeneración democrática, como respuesta al periodo de reflexión del presidente ante "el fango" y una atmósfera de "desinformación" en relación a la trama Koldo y la investigación judicial en proceso a su mujer, Begoña Gómez, por presunta corrupción en los negocios privados y tráfico de influencias, quedan dudas de materialización en los próximos tres años. Cualquier coyuntura que fraccione puede hacer caer al Ejecutivo, no solo por el flanco de Junts. También por ERC. Ambos pueden salir de sus respectivos congresos promocionando más tensión para competir dentro del independentismo. Al mismo tiempo, habrá que ver si en 2025 se llega a aplicar el llamado cupo catalán para la financiación singular de Cataluña, condición sine qua non para que Sánchez continúe.

El PSOE solo se puede permitir la abstención de Junts para las leyes o reformas ordinarias

Si el Gobierno se pone manos a la obra tras aprobar o no los ansiados Presupuestos Generales del Estado, a partir de febrero, requerirá de mayoría simple para reformar la principal medida que hay sobre la mesa sobre medios de comunicación; la modificación de la Ley de Publicidad Institucional para que haya transparencia y limitación sobre los ingresos públicos en este sentido de cada medio o la audiencia con la que cuenta. Todo bajo la previsión de que ello se haga mediante una proposición de ley desde el Congreso o con un proyecto de ley desde el Consejo de Ministros. La combinación necesaria es que no falle ninguno de los siete socios fieles o José Luis Ábalos, ahora en el Grupo Mixto. O al menos que uno de ellos pase a la abstención como viene haciendo Junts y no al 'no'. Todos suman 178 [uno más si Coalición Canaria se suscribe, como en la investidura, aunque las grietas por la crisis migratoria son patentes]. Mientras tanto, PP, Vox y UPN, 171. Siempre que se supere esa cifra, se podrán sacar ese tipo de leyes ordinarias.

También para la creación del listado de medios a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o la capacitación de esta en "materia de servicios digitales y medios" a imagen del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación". O una comisión permanente en el Congreso para combatir la "desinformación", como plantea el Gobierno en el escrito. Según el artículo 50 del Reglamento del Congreso, lo deberá someter "el pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa y oída la Junta de Portavoces". Asimismo, requerirán el mismo equilibrio de fuerzas simple los reales decretos para "combatir la corrupción", "la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante" o la "ampliación de la plantilla" judicial para "avanzar en la lucha" contra "la corrupción pública y privada". Igualmente, tendrá que haber mayoría simple para uno de los principales guiños del PSOE con el PNV en este plan. El prolongado compromiso para reformar la ley de Secretos Oficiales.

Leyes orgánicas y reformas del Código Penal

Si la dinámica entre socialistas y Junts no mejora y el acercamiento al sí se antoja difícil, incluso estando de acuerdo en muchas de las reformas propuestas, será imposible aprobar lo más sustancial del plan. Toda las modificaciones de leyes orgánicas o las que toquen el Código Penal, que demandan una mayoría absoluta. Dependerá de si todo va ligado a compromisos con los independentistas, algo que ya empieza a generar recelo entre sectores del PSOE en el Congreso. Porque "todo no puede estar sujeto a concesiones, si de por sí ya mejoran la convivencia o el ambiente entre la ciudadanía". Para esos sectores, los presupuestos y la negativa, es un ejemplo. Ahora bien, estas reformas orgánicas, aparentemente, serían en algunos términos menos profundas de lo que demandan los socios. Por ejemplo, queda por ver si se incluirán la supresión del delito de injurias a la Corona, que piden Sumar, ERC o EH Bildu. El PSOE no usa esos términos aunque los magentas lo acreditan. Se alude a las ofensas a las instituciones del Estado. Hay mucho por aclarar aún, con todo.

Si alguno de los socios no está conforme, tanto por oposición misma para torpedear o por exigir más profundidad, será imposible que salga la ley del secreto profesional de los periodistas para la protección de fuentes, que tendría carácter orgánico [se quiere, asimismo, trasponer una directiva europea ante acosos externos]. Ya hubo un proyecto de ley por esta vía en 2022. Respecto a las leyes mordaza, coloquialmente como se conocen a las legislaciones "restrictivas" como la denunciada por la izquierda Ley de Seguridad Ciudadana, únicamente se alude con especificidad al artículo 36, apartado 23. Sobre las sanciones por el "uso de imágenes no autorizado" de miembros de la policía o la exposición de sus datos personales que perjudiquen su seguridad e intimidad. No se mencionan elementos nucleares que enfrentaron a PSOE y Unidas Podemos, como la desobediencia o la resistencia a la autoridad [artículo 36.6 de la ley], la ausencia de respeto a la policía [37.4] o el uso de las pelotas de goma como elemento de disuasión. No se especifica ese término, pero si se da autoridad para actuación de acuerdo a las decisiones de los agentes en el artículo 23.

Sumar y el resto de socios de izquierda confían en que la reforma toque las injurias a la Corona

El Gobierno propone una reforma clara del Código Penal en lo que afecta a la libertad de expresión y la creación artística. En todo lo que vaya contra las instituciones del Estado o las creencias religiosas. Siempre, en lo homologable a la jurisprudencia europea y de acuerdo "al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de difamaciones", recalca el texto. Cabe recordar casos como el de Willy Toledo y su procesamiento judicial por ofensas a Dios y la Virgen, de la que finalmente fue absuelto. Quieren evitarse situaciones similares bajo esos términos. No se detalla si se querrán aumentar las penas vigentes en el futuro por este procedimiento en lo que respecta al derecho al honor.

Actualmente, ya se recoge protección al ciudadano ante las calumnias [imputación falsa de delitos] abarca de penas de cárcel desde los seis meses a los dos años. O multas de doce a 24 meses. Se eleva a cuatro años de prisión si es una calumnia muy grave. En el caso de las injurias, hay dos categorías. Las graves, van de seis a dos años de prisión, y de seis a 14 meses de multa. Las leves se penan con una multa de uno a tres meses. La difamación se pena con la misma cárcel que las injurias. Si es grave, de uno a cuatro años. Y una multa de doce a 24 meses.

La pretensión del Ejecutivo, en este momento, es reformar la ley orgánica que regula el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. También el derecho de rectificación ante "noticias falsas o tendenciosas". Pero solo en sentido de agilizar la atención judicial de estos casos para su resolución lo antes posible. Hay que recordar que socios como ERC pidieron en pleno con anterioridad a Sánchez que se endurezcan mucho más las penas por difamación: "de 14.000 a 150.000 euros". Para evitarla. Y que se castiguen a las empresas que inviertan en pseudomedios. No se aprecia nada al respeto en la propuesta de Moncloa.

Las otras dos últimas grandes reformas profundas que requieren absoluta y recoge el documento son la del reglamento del Congreso de los Diputados y la ley electoral. La primera, para dar obligatoriedad al debate del estado de la nación anual, pero también para que los diputados no eludan la declaración de todos sus bienes. La segunda es sobre la ley electoral, también de carácter orgánico, para que los candidatos electorales se sometan a debates previos y que todas las encuestas vayan acompañadas de todos sus datos. Este último debate se ha prolongado durante años en el Congreso, sin que prospere. El riesgo de detención hizo a Puigdemont no personarse en el debate de europeas y declinar en el número tres. Por lo que en este caso, estaría por ver el voto de Junts.

Ante la difícil coyuntura, socios fieles del Gobierno como el PNV instan a descargar de contenido ideológico la labor y a priorizar medidas más técnicas. Así lo pidió este domingo el portavoz parlamentario de los jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, en una entrevista en El País. "La agenda legislativa tiene que ser muy concisa, muy breve y la que podamos sacar, lo que nos pongamos de acuerdo, porque si no va a ser imposible". "El Gobierno tiende a sacar temas ideológicos, a confrontar con la derecha, pero con estas mayorías, yo sería eminentemente práctico y me dedicaría a gobernar".